Programa de Emergencia y Recuperación Nacional (15 de marzo de 2018)
Tribunal Andino a la Deuda Externa
Veredicto General
Quito Noviembre 2001
"Por la Soberanía, la Vida y Dignidad de América Latina"
Juicio Ético a la Deuda Corrupta
Reunidos en Audiencia Pública el día 30 de noviembre del 2001, en la ciudad de Quito, Ecuador, siendo las 9hs. 30 minutos se instala el Tribunal Andino a la Deuda Externa, constituido e integrado por las siguientes personas: Monseñor Alberto Luna Tobar, Presidente, Dra. Nina Pacari, Economista Mónica Espinoza, Padre Eduardo Delgado por Ecuador; Doctora Laura Vargas por el Perú; Padre Gregorio Iriarte, de Bolivia; Abogada Carmen Espinoza, Capítulo PIDHDD Chile; Señor Gonzalo Gómez de Venezuela; Señora Mildrey Corrales, de Colombia, Doctor Carlos Juliá, Red Jubileo Sur de Argentina y la Licenciada Diana Urioste en calidad de Coordinadora Regional de la PIDHDD[i]; ciudadanos y ciudadanas reconocidas en nuestros países por su destacada trayectoria en la defensa de la soberanía, la vida, dignidad y los Derechos Políticos, Civiles Económicos, Sociales, Culturales y ambientales de nuestros pueblos.
CONSIDERANDO
QUE los problemas derivados de la deuda externa, subsistentes en los albores del siglo XXI, no son nuevos en la historia de los pueblos andinos y latinoamericanos. Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a principios del siglo XIX para financiar las luchas por la Independencia de España, hasta la actual deuda, las economías de la región han atravesado por una serie de períodos recurrentes de auge y crisis, estrechamente vinculados a los ciclos de las economías capitalistas centrales. Este proceso, que fue cobrando fuerza en la medida que se consolidaba y difundía el sistema capitalista y la integración sumisa de la región al comercio mundial, afianzó la dependencia de las economías latinoamericanas.
QUE, sin embargo, esta relación con el mercado internacional no tuvo siempre las mismas repercusiones en todas las economías de la región. Su impacto varió en función de la significación de cada país en la división internacional del trabajo; esta apreciación es importante para comprender las diversas situaciones registradas en cada uno de los países. Diversidad que también se explica por el manejo puntual de los empréstitos contratados, muchos de los cuales estuvieron y están invadidos por prácticas corruptas.
QUE esto nos obliga a analizar el problema dentro de la lógica global, sin descuidar respuestas andinas y nacionales específicas. Desde esta perspectiva, vigilancia y exigencia, con la participación activa y democrática de la sociedad civil, serán pilares para la construcción de una nueva economía mundial, que es lo que definitivamente está en juego.
QUE en este contexto surge con fuerza la necesidad de desinflar la gran burbuja especulativa mundial, cuya lógica de acumulación ha subordinado sin piedad la racionalidad social, cultural y hasta ecológica. El mercado financiero internacional ha colonizado a la economía real y hasta la misma política. Y una de sus principales manifestaciones, no la única, es la deuda externa.
QUE el pago de la deuda externa no puede ser, en ningún momento, un freno para el desarrollo humano o una amenaza para el equilibrio ambiental. No sólo está en la mira la resolución de los problemas del endeudamiento, sino el establecimiento de un sistema económico más estable y equitativo que redunde en beneficio de toda la humanidad.
QUE no es aceptable, dentro del Derecho Internacional, que los arreglos de deuda externa sean instrumentados como herramientas de presión política para que un Estado acreedor o una instancia controlada por los Estados acreedores impongan condiciones a un Estado deudor, debiendo mantenerse la primacía de la vigencia de los derechos humanos ante el cumplimiento de las obligaciones del pago de la deuda.
QUE es necesario establecer normas internacionales que permitan regular las relaciones financieras internacionales. No se puede reeditar el manejo arbitrario caso por caso como hasta el momento, lo cual, en más de una ocasión, ha dado lugar a la imposición de condiciones insoportables para los países endeudados y hasta ha provocado una enconada competencia entre deudores que solo beneficia a los acreedores.
QUE todas las partes involucradas en el problema deben tener un trato equitativo que implica el derecho de ser escuchadas. Esto implica la necesidad de que la sociedad civil organizada intervenga directamente en los procesos de negociación de la deuda externa.
QUE, a más de la lógica del sistema financiero internacional, causante en definitiva de las graves crisis de sobre endeudamiento externo, hay que reconocer la existencia de deudas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas, sobre todo aquellas contratadas por gobiernos dictatoriales. Igualmente hay que identificar aquellas deudas impagables en tanto afectan los derechos humanos económicos, sociales y culturales, provocando actos genocidas y etnocidas, contra nuestros pueblos. Y aquellas deudas que son insoportables por las condiciones en que fueron impuestas, sea por las alzas usurarias de las tasas de interés o por la imposición de esquemas que condujeron a la socialización de las deudas privadas
QUE las diversas alternativas planteadas frente al sobreendeudamiento de los países subdesarrollados han fracasado constantemente y han agravado la crisis. Los diversos esquemas utilizados, como las continuas renegociaciones, el Plan Baker, los canjes de deuda, el Plan Brady o el Programa para Países Pobres Altamente Endeudados (Heavily Indebted Poor Countries: HIPC), no han resuelto el problema, a pesar de haber sido presentados pomposamente, cada uno a su tiempo, como "la respuesta definitiva".
QUE asegurar simplemente los flujos financieros de corto plazo conduce a un incremento sostenido de la deuda, postergando temporalmente el problema, que a la postre vuele a explotar con creciente fuerza. Esta situación es aún más marcada en el caso de países dependientes de uno o de muy pocos bienes primarios, como es el caso de los países andinos; pues estos países caen con frecuencia en un círculo infernal de crecimiento vertiginoso, recesión y endeudamiento, que ahonda aún más las tendencias recesivas en la medida que gran parte o aún la totalidad de las exportaciones hay que destinarlo al servicio de la deuda.
POR LO QUE RESUELVE
Que frente a la realidad expuesta en este Tribunal Andino, la anulación o cancelación total y sin condiciones de las deudas externas públicas es una posición contundente. Hay argumentos suficientes no solo para considerarla sino para exigirla en forma categórica. Sin embargo, a pesar de ser la salida más inmediata, no es de por sí la solución del problema de la deuda, si no se hace a la vez lo necesario frente a las causas que originan el proceso de endeudamiento.
Que las relaciones globales de la economía internacional requieren respuestas globales, que hagan del problema global una oportunidad para el cambio global. Si esto es así, pensando globalmente, es urgente incrementar la demanda internacional, especialmente aquella de los países subdesarrollados. Con esto, además, se contribuiría a superar las desigualdades que fomentan la violencia. Y para lograrlo nada mejor que la anulación o cancelación total sin condiciones de las deudas externas. Esta decisión, más allá de los múltiples argumentos jurídicos y éticos a su favor, hoy más que nunca es una respuesta económica contundente.
Que cada país debe estar en capacidad de desarrollar su propia política económica y no vivir atado a las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, muchas de ellas derivadas de los procesos de renegociación de la deuda externa.
Que siendo indispensable una cancelación de la deuda de los países subdesarrollados, ésta no modificaría las reglas de juego. Por lo tanto, sin minimizar el justo reclamo de la anulación de las deudas, que podría ser el punto de partida para el establecimiento de un nuevo sistema financiero internacional, hay que rescatar la necesidad de que una posible eliminación de las deudas se haga en el marco de condicionalidades positivas para impedir que las elites dominantes de los países endeudados sean beneficiarias de este tipo de soluciones temporales. Entre otros puntos que se podrían mencionar, urge poner límites a la posibilidad de que las personas provenientes de los países deudores que negocian la deuda o suscriben convenios con el FMI, por ejemplo, puedan trabajar a renglón seguido en organismos multilaterales de crédito o que luego de ser funcionarios de estos organismos puedan ejercer cargos públicos en sus países de origen, al menos durante un lapso de 10 años; esta condición es importante por la experiencia acumulada en los últimos años, en los cuales muchos funcionarios de los países empobrecidos han hecho méritos para asegurarse un puesto bien pagado en el exterior antes que atender los intereses de sus países.
Que para establecer los mecanismos de control adecuados, se incorpore activamente a los representantes de las organizaciones sociales y populares de los países endeudados en los procesos de negociación de las deudas externas, a través de veedurías ciudadanas y de acciones de exigibilidad, movilización y lucha popular, que permitan conseguir un seguimiento transparente y permanente. De allí la necesidad de poner condiciones a los gobiernos de los países deudores por parte de su propia sociedad civil, respaldada de ser preciso por la sociedad civil de los países del Norte, para impedir que la deuda siga siendo una fuente de financiamiento de privilegios o una herramienta imperial en manos de determinados gobiernos acreedores. Y más que eso, hay que diseñar estrategias que impidan la reedición de alegres procesos de sobreendeudamiento externo y que conduzcan a la reconstrucción de las viejas estructuras de dominación. Que entre las soluciones globales que se requieren asoma el establecimiento de una Tribunal Internacional sobre Deuda, que no deberá ser utilizado como una nueva herramienta de presión política por parte de los acreedores. Este Tribunal deberá darse sobre bases de transparencia, justicia y equidad.
Que el punto de partida de cualquier juzgamiento radica en una auditoría independiente de las deudas, que identifique aquellas adquiridas legalmente y que pueden ser pagadas, distinguiéndolas de aquellas que deben ser abiertamente impugnadas a partir de la doctrina de las deudas odiosas y corruptas.
Que el servicio de la deuda contratada y renegociada con acuerdos definitivos y en condiciones de legitimidad, habrá de establecerse en parámetros claros en términos fiscales. Dicho servicio dentro del Presupuesto del Estado no podrá afectar las inversiones sociales y tampoco minimizar el potencial de desarrollo, así dicho servicio no podrá superar los montos destinados a las inversiones sociales en salud, educación y vivienda popular.
Que en términos comerciales debe existir un superávit mínimo para servir la deuda. Como complemento se requiere de un esquema que estimule la compra de productos de los países endeudados por parte de los acreedores, en relación directamente proporcional a las restricciones comerciales de los acreedores, a más barreras arancelarias más desendeudamiento.
Que es urgente incorporar cláusulas de contingencia para el comercio exterior y para las finanzas internacionales que conduzcan inexorablemente a la suspensión de pagos si se produce una caída sustantiva de los precios de las materias primas, por ejemplo, se suspenderían los pagos hasta que se restablezca el equilibrio. Igualmente, si la tasa variable de interés supera una banda razonable con relación al momento de la firma del crédito, se pospondría el servicio hasta que se fije una nueva tasa.
Que para desinflar la burbuja financiera internacional requerimos reforzar e integrar propuestas como la del Impuesto Tobin para gravar a los flujos de capitales externos. Con los recursos obtenidos por esta vía se podría establecer un fondo para enfrentar los desequilibrios en el mercado financiero internacional a favor de los países empobrecidos.
Que se desarmen los paraísos fiscales, en donde se refugian por igual los capitales especulativos que mantienen en vilo las economías subdesarrolladas, así como los capitales que financian el terrorismo internacional.
Que se suspenda la entrega de créditos internacionales a los gobiernos dictatoriales, con el fin de fortalecer los procesos democráticos en la región y prevenir aventuras dictatoriales.
Que los países andinos lideren la constitución de un club de acreedores para plantear en todos los foros mundiales el reclamo de la deuda ecológica, en la cual los países subdesarrollados son los acreedores. Esta deuda, que no tiene necesariamente que expresarse y pagarse en términos convencionales, coloca en el centro de la discusión el tema ambiental a nivel global y anticipa, desde ya, un gran reajuste económico y geopolítico.
Que la deuda externa financiera ya ha sido pagada, considerando la existencia de las deudas sociales e históricas que establecen que los acreedores son los deudores de nuestros pueblos y en virtud de la histórica sobrexplotación de los recursos naturales y el abuso y explotación de los pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina.
Que estas son algunas de las propuestas urgentes para la construcción de sociedades sustentables, que reclaman la modificación profunda de las reglas del juego. Son apuestas en construcción por un futuro diferente - ¡otro mundo es posible!-, que no se logrará simplemente con discursos y posiciones radicales carentes de propuesta. En paralelo a las demandas expuestas anteriormente es necesario que se establezca un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional, lo cual no se resuelve con una simple reforma interna de las instituciones de Bretton Woods. Se precisa un NUEVO ORDEN ECONOMICO MUNDIAL, que regule y ordene las relaciones internacionales sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. Que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los demás bancos regionales, como el BID y la CAF, anulen la deuda sin condiciones. Igualmente deben superar los actuales requisitos de política económica transformados en una trampa de imposiciones que generan y/o agudizan la pobreza en los países deudores, sin llegar, por cierto, a resolver el reto de la deuda.
- Que el Banco Mundial retorne a su papel de financista de proyectos de desarrollo, mientras que el FMI se limite a apoyar créditos de balanza de pagos dentro del marco de un tribunal internacional sobre deuda. Para resolver situaciones críticas los países deberían tener la posibilidad de acceder a asesorías especializadas que no sean ofrecidas exclusivamente por estas dos entidades cuyo trabajo es con razón cuestionado. Entre las alternativas de solución tampoco se puede descartar la disolución de estas instancias multilaterales, para poder diseñar y dar vida a nuevas estructuras financieras y monetarias que reorganicen y controlen el mercado monetario y financiero mundial sin arrastrar con una herencia tan pesada.
- Que se proceda a la inmediata disolución del Club de París, en vista de su fracaso histórico y de que en cuyo seno no hay ningún arreglo apegado a derecho. Este sería el primer paso para la constitución de un Tribunal Internacional sobre Deuda.
- La tarea es construir una situación global de derecho, que permita normar y de ser posible desarmar la mundialización del capitalismo desbocado. Dada la importancia intrínseca de los derechos humanos, es necesario defender su vigencia aun sin demostrar que el crecimiento económico es necesario para el desarrollo.
- El reto, entonces, no radica en obligar a los países subdesarrollados a seguir por un camino sin salida tratando de realizar mejor las mismas tareas asumidas hasta ahora, simplemente para imponer la razón coyuntural del más fuerte, que implica la sinrazón de un futuro cada vez más inhumano. El reto exige un redoblado esfuerzo político a nivel global, que sume fuerzas en el Sur y en el Norte, a partir del respeto de sus especificidades. Esto significa, a su vez, un sólido compromiso ético, que permita desnudar posibles trampas que aparecen con el mañoso manejo de la deuda, como el que se da con el tan promocionado canje de deuda para inversiones sociales. Sólo con respuestas políticas estructurales y sistémicas, desde una visión global y con acciones globales, dejará de ser eterna la deuda externa.
Monseñor Alberto Luna Tobar
Presidente Dra. Nina Pacari
Economista Mónica Espinoza
Padre Eduardo Delgado
Doctora Laura Vargas
Padre Gregorio Iriarte
Abogada Carmen Espinoza
Señor Gonzalo Gómez
Señora Mildrey Corrales
Doctor Carlos Juliá
Lcda. Diana Urioste
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[i] Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
