En 1965 el sociólogo Pablo González Casanova publicó un pequeño volumen que llegaría a ser un clásico entre los estudios políticos mexicanos. En La democracia en México, el académico realizó una disección del sistema político de nuestro país que, a pesar de todo lo ocurrido en los últimos 53 años, mantiene una gran vigencia. En una parte de su análisis, González Casanova, aplicando la teoría del poder de Ferdinand Lassalle, parte de desmontar los llamados factores reales de poder que, más allá de los postulados constitucionales y las estructuras formales, tienen capacidad para imponer sus intereses particulares e "influyen directamente en la decisión gubernamental, y cuya acción como instituciones políticas no sólo era ajena a la teoría euroamericana [...] sino que incluso la mayoría eran el blanco de toda la ideología liberal".
Para el autor, en un México más rural que el de la actualidad, esos factores de poder eran: a) los caudillos y caciques regionales y locales: b) el ejército; c) el clero; y d) los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. Si algo habría que modificar en ese esquema de exposición es la casi desaparición de los latifundistas como grupo de interés y el debilitamiento de los cacicazgos rurales como consecuencia de la creciente urbanización y de la pérdida de importancia económica del sector rural frente a la terciarización de la economía. También que los empresarios nacionales más poderosos se han fusionado con el capital extranjero, conformando una sola madeja de intereses sin que sea fácil diferenciarlos. Sin embargo, en buena medida el diagnóstico de esa obra pionera sería aplicable a nuestra realidad del siglo XXI.
El punto es que los primeros y titubeantes pasos de la autodenominada Cuarta Transformación o del Cambio Verdadero simplemente están mostrando lo poco que se ha modificado esa relación entre poderes formales y poderes reales, también llamados fácticos, en más de medio siglo de aguas corriendo bajo los puentes. Particularmente el ejército y los grandes capitales siguen siendo, como antaño, fuerzas imperantes e ineluctables para los poderes de la Unión. Las recientes medidas anunciadas por el aún no gobernante pero ya con capacidad de decisión Andrés Manuel López Obrador no han hecho sino confirmarlo.
El tema del militarismo en México es histórico. De un siglo de caudillos que México vivió después de su independencia y tras la Revolución, se logró pasar a una reducción efectiva del peso del ejército en la vida política y social, sobre todo tras la institucionalización del poder en 1929 y en los años subsiguientes. Pero la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón a finales de 2006 ha conducido a un relanzamiento castrense que se continuó con Peña Nieto y, según parece, se acentuará con la iniciativa de López Obrador de hacer gravitar la seguridad pública en una nueva Guardia Nacional militarizada, conformada mayoritariamente por milicias y miembros de la Armada, adiestrada por el Ejército y bajo el mando operativo de la secretaría de la Defensa Nacional.
La propuesta de López Obrador desnaturaliza el espíritu y la letra de la fracción III del artículo de la Constitución general de la República, que asigna a la Guardia Nacional un carácter eminentemente civil (es obligación de todos los mexicanos, se establece ahí, "Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior"), y la transforma en una extensión más de las fuerzas armadas, integrada por las actuales Policía Militar y Policía Naval, por la Policía Federal y por 50 mil nuevos reclutas que se captarán en los próximos años. La militarización de la seguridad pública será aún más radical que en los gobiernos de Calderón y Peña, en los que al Ejército y Armada se les asignó un papel complementario al de las policías, en tanto que para el gobierno de la Cuarta Transformación será esta Guardia Nacional militarizada y renovada la base de la seguridad interior y la seguridad pública. Si la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto fue declarada inconstitucional por la suprema Corte de Justicia, no habrá problema, pues López Obrador y las bancadas de Morena en ambas cámaras modificarán 13 artículos constitucionales para darle viabilidad y legalidad al nuevo cuerpo de la milicia encargado de la seguridad pública.
Igualmente, la conformación en los días recientes de un "equipo asesor" de la próxima presidencia conformado por siete grandes empresarios entre los que destacan Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Elektra, Bernardo Gómez de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen, hospitales Ángeles y Grupo Financiero Multiva, Carlos Hank González, dueño de los grupos Banorte y Maseca, y Miguel Alemán Magnani, propietario de Interjet. Nadie, entonces, que se dedique realmente a la asesoría (¿se integrarán al equipo comandado por el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel?) sino a preservar y acrecentar sus fortunas y defender sus intereses. Es claro que no se trata de una relación de apoyo a la futura Presidencia sino de un pacto de ésta con un sector del capital financiero, temeroso de no ser tomado en cuenta por la política oficial tras la consulta que definió —o justificó— la suspensión de las obras en el aeropuerto de Texcoco, y del anuncio en el Senado de una iniciativa para la regulación de las comisiones bancarias.
Ante la iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, el capital reaccionó con una drástica baja del capital accionario de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores, y con una acrecentada demanda de dólares que acentuó la tendencia a la depreciación de nuestra moneda. López Obrador salió al paso afirmando que su gobierno no planea ninguna reforma al sistema financiero durante los tres primeros años de su periodo, intentando frenar la iniciativa monrealista y calmar a los apanicados mercados de dinero. Los factores reales de poder son, pues, más reales que nunca, pues como afirmó Juan Carlos Monedero, López Obrador ganó el gobierno, mas no el poder. Con ese pacto, por lo demás, no se sabe cómo desembocará la anunciada separación del poder político y el poder económico, que el mismo López Obrador ha equiparado con la realizada por Juárez al separar el Estado de los intereses eclesiásticos.
Pero si en algo el inminente mandatario está decidido a instaurar un "estilo personal de gobernar" (según la célebre expresión de Daniel Cosío Villegas en relación con Luis Echeverría) es en recurrir constantemente a las consultas populares y plebiscitos, incluso para refrendar o validar los que fueron sus compromisos u ofertas de campaña y por los cuales votamos más de 30 millones de mexicanos. En vez de simplemente cumplir con su promesa de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, sometió a consulta popular la opción de proseguirla o construir la nueva terminal aérea en el aeropuerto militar de Santa Lucía. ¿Por qué? Quizá para derrotar políticamente a los inversionistas, especuladores y políticos vinculados con el megaproyecto de Peña Nieto, o para resolver las discrepancias al interior de su propio equipo de trabajo.
Ahora, una segunda consulta "resolverá" este fin de semana el polémico proyecto del Tren Maya para el sureste del país y otros nueve temas que son de amplio consenso, como elevar los apoyos a adultos mayores, apoyos económicos a jóvenes para que se capaciten para el trabajo, la reforestación de las selvas de Chiapas y Tabasco, apoyos a discapacitados, etcétera.
Desde luego que es positivo y deseable fortalecer los mecanismos de democracia directa como la consulta y el plebiscito, a los que los anteriores gobiernos nunca recurrieron, aun en cuestiones sumamente polémicas. Pero no son necesarios cuando se trata de temas que no involucran directamente a la sociedad o que no levantan debates en ésta. En este caso, varios de los puntos a consultar son, desde antes del 1 de julio, compromisos asumidos por López Obrador, que están incluidos muchas veces en su plataforma de campaña, ampliamente difundida como libro con el título 2018 La salida.
El someter a consultas y plebiscitos cada aspecto de su política económica, social, de inversiones, etcétera, sólo puede tener un sentido: derrotar políticamente a sus opositores y detractores dentro y fuera del Congreso.
La expresión popular directa es un recurso válido cuando la sociedad se encuentra polarizada en torno a un tema que requiere ser resuelto en definitiva, como el de la despenalización o no del aborto, por ejemplo. Se utiliza después de amplios debates en que la sociedad misma se ve involucrada y que se dan en todos los niveles: parlamento, medios de comunicación, academia, etcétera. El referéndum normalmente viene a resolver temas de carácter constitucional o de normas (como en la Unión Europea el de la constitución común hace poco más de una década, o el más reciente sobre el Brexit en la Gran Bretaña) que previamente han sido debatidos en el parlamento pero que por su trascendencia para la sociedad reclaman la expresión directa de los ciudadanos. Las consultas de la llamada Cuarta Transformación, en cambio, parecen más bien orientarse a inhibir prematuramente el debate en el Congreso y en todas las instancias, limitar y determinar la acción de los legisladores y zanjar los temas de debate en favor del Ejecutivo y de su partido, aprovechando la fuerza inusitada que le dio el electorado el pasado 1 de julio.
Hace un siglo teorizaba Max Weber que "La ‘democracia plebiscitaria’ —el tipo más importante de la democracia de jefes— es, en su sentido genuino, una especie de dominación carismática oculta bajo la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados y sólo por ella perdurable. El jefe (demagogo) domina de hecho en virtud de la devoción y confianza personal de su séquito político. En primer lugar, sobre los adeptos ganados a su persona, cuando éstos, dentro de la asociación, le procuran la dominación".
No hay duda de que la apuesta por el plebiscito implica de antemano un respaldo popular que sanciona y legitima la acción del gobernante con trazas carismáticas. En este caso, imprimirá al envejecido y desgastado presidencialismo mexicano, sin dejar de ser presidencialismo, una nueva modalidad que vas más allá de la mera racionalidad de la Ley (nuevamente Max Weber) que caracteriza al Estado moderno. El gobernante carismático ejerce su poder de manera directa apoyándose en la expresión popular y dejando en segundo plano las instancias deliberativas como el Congreso, e incluso al Poder Judicial cuando la Constitución puede modificarse con relativa facilidad a conveniencia del Ejecutivo.
Y sí: la fortaleza del Ejecutivo —cualquiera que sea su modalidad— ha sido en los procesos revolucionarios una condición para operar los grandes cambios que la nación reclama. Pero puede derivar también en formas de renovado autoritarismo que impliquen retrocesos en la formalidad de la estructura del poder constitucional. Ahora, el presidente electo ha aceptado en entrevista con Carmen Aristegui, poner a consulta su equipo de asesores-empresarios (debería hacerlo poniéndoles nombre y apellido) y el tema de la Guardia Nacional Militarizada, aun cuando ya están en curso en el Legislativo las reformas constitucionales relativas a ésta.
La consulta plebiscitaria puede servir para dar una decisión última en un debate de trascendencia social o para legitimar decisiones ya previamente tomadas desde las esferas del poder. ¿A quién o a qué servirá en este caso? Hoy es una moneda lanzada al aire, pero no tardará en caer revelando su sentido.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH