El debate sobre qué exactamente ocurrió en realidad el 11 de septiembre y aún más, quien pudo haber estado detrás, continúa preocupando a muchos observadores alrededor del mundo. Existe una gran y legítima preocupación porque la comisión que revisó el incidente se involucró en un encubrimiento diseñado ya sea para eximir al aparato de seguridad nacional de Estados Unidos de su estruendoso fracaso o incluso la connivencia de agencias federales en el mismo ataque. Además, existe el problema del posible involucramiento de un gobierno extranjero. Los roles desempeñados por los gobiernos árabe saudita, israelí y paquistaní y sus servicios de seguridad nunca han sido debidamente investigados a pesar del hecho que los tres países estuvieron claramente involucrados con individuos mayoritariamente saudíes que han sido identificados como los atacantes. Más allá de eso, Israel tenía agentes de inteligencia que parecieran haber celebrado la caída de las torres gemelas en tiempo real, involucramiento en algo que ocurrió y que nunca ha sido debidamente investigado de manera completa por parte de los servicios policiales debido a una indisposición de ofender a los israelíes.
Fue Arabia Saudita el país que tuvo más constante contacto personal con los supuestos secuestradores. Durante años los familiares de las víctimas han estado tratando de descubrir más acerca del posible papel saudita con el propósito de poder querellarse contra el reino saudita en tribunales norteamericanos apelando a la actual legislación anti terrorista vigente que data desde el año 2016 y que se le conoce bajo el título Acta de Patrocinio Contra los Promotores del Terrorismo. Esta acta permite querellas en Estados Unidos contra cualquier país cuyo gobierno apoye el terrorismo internacional.
Recientemente, los querellantes han obtenido algo así como una victoria con la decisión…
https://www.nbcnews.com/us-news/trump-admin-decision-expected-disclosing-key-name-9-11-suit-n1053201
de revelar el nombre clave de un funcionario saudí que ha sido largamente buscado por los familiares de las víctimas.
Según los términos de la liberación de la información, los abogados del gobierno como también de las víctimas que recibieron el nombre bajo una "cláusula de restrictiva" no se les ha permitido hacerlo público.
El nombre desclasificado que provino de un archivo de investigación del FBI es sin embargo una victoria parcial de la agrupación que lleva el nombre de Familiares & Sobrevivientes de Sept11 por Justicia Contra el Terrorismo. La liberación de otra documentación relacionada con el rol de los saudíes sigue pendiente, posiblemente debido a insistencia de la Casa Blanca de Trump en mantener buenas relaciones con el Príncipe de la Corona, Mohammed bin Salman, pero los querellantes se preguntan cómo es posible que tal información sobre el ataque debiera seguir clasificada más de dieciocho años después de los hechos.
No obstante, el nombre del funcionario es importante, incluso se trata de una "alta prioridad" porque se cree que es un alto agente de inteligencia que estuvo reuniéndose con dos hombres quienes pudieron haber asistido a los secuestradores. Incluso el FBI se refiere a este aspecto como "una fracción básica de la información que los querellantes del Sept11 han estado buscando".
La embajada saudita en Washington no ha hecho comentarios sobre el informe ni sobre las peticiones de la Casa Blanca al Departamento de Justicia que no comentó más allá de declarar que se trata de una decisión del más alto nivel para no invocar el denominado privilegio "secretos de estado" para mantener la información clasificada.
Una anterior denuncia sobre la posible participación saudita en el ataque del Sept11 se produjo con la publicación revisada de "28 páginas" del informe sobre Sept11 el día 15 de julio del 2016. Con toda certeza hubo abundantes borrones en el texto con el objeto de proteger nombres y fuentes, pero el documento producido por la Casa Blanca, se dijo en ese momento, que era bastante completo. El director de la CIA John Brennan, aportó algo de control de daños antes de la publicación sosteniendo que gran parte de la información contenida en la parte revisada consistía en informaciones "crudas" y no comprobadas, sugiriendo que podría ser no completamente confiable, mientras que algunos que había visto el documento completo revelaron vía filtraciones que no habría "armas humeantes" al revelar un involucramiento saudita directo en Sept11.
La publicación del documento produjo una breve agitación en los medios de prensa pero –quizás de manera intencionada—la historia desapareció en medio de una avalancha de reportajes sobre convenciones políticas durante ese verano. Hubo una gran cantidad de nuevas informaciones aunque la mayor parte sirvió para corroborar o ampliar datos ya conocidos y publicados. Un retazo que fue particularmente interesante relató cómo en el año 1999 dos sauditas durante un vuelo desde Phoenix a Washington DC en una supuesta visita a la embajada saudita para asistir a una fiesta, hicieron numerosas preguntas respecto de la seguridad del avión y trataron varias veces de ingresar a la cabina de los pilotos. Declararon que sus pasajes fueron cancelados por la embajada saudita.
Existe un vínculo directo entre algunos de los secuestradores de Sept11 y presuntos agentes del gobierno saudita pero las 28 páginas no aportan ninguna evidencia concluyente que demuestre tal complicidad. En realidad, los retazos informativos sugieren más bien que los sauditas estaban siguiendo a algunos ciudadanos que posiblemente ellos pudieran considerar con razón como sospechosos de amenazar su propia seguridad nacional. Existen varios indicios en el texto que los sauditas actuaron bastante agresivamente llevando a cabo su propia operación en contra de la diáspora de ciudadanos. Varias veces se notó que ellos no quisieron cooperar plenamente con los investigadores anti terroristas norteamericanos antes del Sept11, lo cual no sería sorprendente ya que ellos haber estado simultáneamente actuando de manera independiente.
El actor clave de la historia que directamente asistió a algunos de los secuestradores fue un tal Omar al-Bayoumi quien ha sido descrito como un oficial de inteligencia "encubierto no oficial" pero la manera en que su financiamiento desde la embajada y otras fuentes oficiales fluctuaban con su pago, a veces de manera irregular, más bien sugiere que él ha sido una suerte de informante y no un verdadero agente investigador de gobierno. Varios otros sauditas identificados en el documento de 28 páginas, también concuerdan con ese perfil. Bayoumi estuvo en contacto regular con Fahad al-Thumairy, empleado de un consulado saudita en Los Ángeles que bien pudo ser un oficial de inteligencia y su supervisor.
Hubo también importantes evidencias relacionadas con beneficencias financiadas por el gobierno saudita, algunas vinculadas con la Familia Real que financiaron a los supuestos secuestradores, pero el FBI no encontró evidencias que el gobierno o altos funcionarios sauditas estuvieran involucrados. El gobierno norteamericano concluyó que el documento no demostró ningún intento de parte del gobierno de Riyadh que permite a sus ciudadanos llevar a cabo actos de terrorismo en territorio norteamericano ni conocimiento de que nada parecido pudiera estar en desarrollo. También debería notarse por su importancia es que el gobierno de Bush de manera evidente consideró a Arabia Saudia como un amigo especial y ordenó al FBI y a la CIA "abstenerse" de investigar de forma agresiva sus operaciones de inteligencia en Estados Unidos y en el mundo. Si eso marcó alguna diferencia en términos de lo que trascendió no podría ser determinado, tal como la aparición de un nuevo nombre para los familiares de las víctimas no podría demostrar que eso materialmente afectaría la viabilidad de una querella dirigida contra Arabia Saudita.
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Traducción desde el inglés por
Strategic Culture Foundation Sergio R. Anacona
