El actual gobierno uruguayo, dirigido por el presidente Luis Lacalle Pou, asumió funciones el 1 de marzo de 2020, luego de haber obtenido el triunfo electoral a fines de 2019; en primera vuelta logró obtener mayoría parlamentarias y en la segunda vuelta o ballotage derrotó al candidato oficialista, Daniel Martínez).

La estrategia política de la derecha uruguaya para acceder al gobierno y romper con la hegemonía de tres gobiernos consecutivos de la coalición de centro izquierda, el Frente Amplio (FA), fue generar espacios de articulación política para lo que posteriormente se definió como "Coalición Multicolor", hoy "Gobierno Multicolor".

La Coalición Multicolor está compuesta por cinco partidos políticos de derecha. El Partido Nacional o Blanco, (PN) partido del presidente de la República además, el Partido Colorado (PC); que junto al Partido Nacional son los partidos más longevos de la nación suramericana, con más de ciento cincuenta años de historia, el Partido de la Gente (PG); grupo político emergente, surgido a partir de un empresario mega millonario, Edgardo Novick, el Partido Independiente (PI); partido político proveniente de la izquierda uruguaya que se fue edulcorando ideológicamente, pretendiendo ser una alternativa socialdemócrata pero finalmente pactando con lo más conservador del espectro político uruguayo, y Cabildo Abierto (CA); un nuevo partido político uruguayo, que tiene como principal referente a Guido Manini Ríos, general retirado, que llegó a ser Comandante en Jefe del Ejército Nacional entre 2015 al 2019, que fuera cesado por el entonces presidente de la República Tabaré Vázquez, por una secuencia de declaraciones públicas de Manini Ríos, en donde el mismo cuestionaba a los grupos defensores de los derechos humanos (DD.HH.) porque estos cuestionaban los hechos de violación a los DD.HH. en la última dictadura cívico-militar (1973 a 1985), y Manini consideraba que se debían cerrar las heridas del pasado. Lo que finalmente provocó la destitución de Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército Nacional fuel que el mismo criticó duramente al Poder Judicial, ya que según él, dicho poder no le daba las más mínimas garantías a Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo y Luis Alfredo Maurente (militares retirados estos y acusados de ser parte activa del desarrollo del Terrorismo de Estado bajó el último gobierno de facto que sufrió el país) en las instancias de sus respectivas instancias judiciales.

Cómo se puede observar, la Coalición Multicolor es la base política del actual gobierno uruguayo, gobierno que se puede caracterizar como derechista, neoliberal y con preocupantes vestigios de corte neo fascistas.

Dentro de los Partidos Nacional y Colorado respectivamente, las tendencias liberales en lo político han perdido influencia en detrimento de fuerzas en lo político conservadoras y en lo económico neoliberales.

En Cabildo Abierto aparecen declaraciones públicas que lindan con una apología al Terrorismo de Estado sufrido en Uruguay bajo la última dictadura perpetrada desde 1973 a 1985, dentro del Contexto del Plan Cóndor, Plan Macabro elaborado por diferentes grupos de poder estadounidense como la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono,etc, que provocó el ascenso de gobiernos dictatoriales en el Cono Sur de nuestra América, recordemos los golpes de Estado en Brasil en 1964, Uruguay junio de 1973, Chile septiembre de 1973, Argentina 1976, la dictadura de Paraguay ya existente desde 1954, entre otras. A través del Plan Cóndor hubo una coordinación permanente entre las dictaduras que se desarrollaban en los años sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo en el sur de nuestro continente; con intercambio de información, traslados y asesinatos de presos políticos de una nación a otra, bajo la "Doctrina de Seguridad Nacional", que tenía por objetivo frenar el avance de fuerzas populares, nacionales y democráticas, en aquel contexto socio-histórico de la "Guerra Fría", en donde el Imperialismo estadounidense se enfrentaba radicalmente al peligro comunista, al peligro "rojo".

Por otra parte algunos dirigentes de Cabildo Abierto han tenido declaraciones públicas antidemocráticas, yendo en contra de la separación de los poderes del Estado solo para poner un ejemplo.

En septiembre de 2020, el Partido Comunista de Uruguay (PCU); uno de los sectores políticos integrantes del Frente Amplio, cumplió cien años.

Todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria a excepción de uno; tanto los legisladores derechistas oficialistas como de la bancada de diputados y senadores de la izquierda opositora, rindieron tributo al Partido Comunista por sus cien años de compromiso con la democracia uruguaya y de resistencia a la última dictadura. Y el partido político que no le rindió un homenaje al PCU por sus cien años en el Parlamento fue Cabildo Abierto. Los argumentos esgrimidos por este partido, eran de una baja calaña anticomunista, anacrónica, propia de tiempos de la Guerra Fría, sesentista, totalmente desenfocada con la actualidad.

Los dos partidos políticos restantes de la Coalición Multicolor, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, tienen una escaza influencia política en el actual gobierno de Uruguay.

El sistema legislativo uruguayo es bicameral. De un total de noventa y nueve diputados, el gobierno de la Coalición tiene cincuenta y cuatro legisladores, treinta de ellos son nacionalistas, trece son colorados, once son cabildantes, uno es del Partido Independiente y el restante es del Partido de la Gente. La oposición frenteamplista tiene cuarenta y dos diputados y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) cuenta con un diputado.

Mientras que de un total de treinta senadores, el oficialismo posee diecisiete senadores, diez nacionalistas, cuatro colorados y tres cabildantes. La coalición opositora, el Frente Amplio, tiene trece senadores.

De las trece carteras ministeriales existentes y que conforman el Poder Ejecutivo, siete ministros son del Partido Nacional, tres pertenecen al Partido Colorado, dos son de Cabildo Abierto y uno es del Partido Independiente.

En este cuadro de análisis de la correlación de fuerzas del sistema político uruguayo, se puede visualizar como el actual gobierno de coalición posee mayorías parlamentarias, que si bien obtuvo a partir de una alianza de cinco partidos políticos, le permite materializar en la realidad la tan deseada gobernabilidad.

Desde el poder legislativo uruguayo, los parlamentarios oficialistas, presentaron un paquete de leyes, cuatrocientas setenta y seis para ser exacto, de lo que se denomina la Ley de Urgente Consideración (LUC). Este paquete de medidas que el gobierno pretende que se aprueben en el orbe legislativo, marca el eje central de la agenda política del presidente Lacalle Pou y de su gobierno. Sin embargo, el Frente Amplio y diversas organizaciones que conforman la sociedad civil uruguaya, se oponen categóricamente a la LUC.

En este sentido,el Frente Amplio, como el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores(PIT-CNT), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay (ONAJPU), movimientos feministas diversos, etc,que conformaron la Intersocial. Y la denominada Intersocial inició una campaña de recolección de firmas para posibilitar un referéndum que intente derogar ciento treinta y cinco de las cuatrocientas setenta y seis leyes que conforman la Ley de Urgente Consideración.

Paralelamente a este fenómeno socio-político que se viene produciendo en Uruguay, grupos minoritarios de la ultraizquierda no parlamentaria y movimientos sociales poco representativos cuantitativamente, están recolectando firmas para una instancia de referéndum par posibilitar la derogación de la totalidad de la LUC, es decir, de sus cuatrocientos setenta y seis artículos.

El Frente Amplio y las organizaciones sociales opositoras al gobierno, sostienen que la Ley de Urgente Consideración tienen una fuerte matriz neoliberal, por lo tanto hay una fuerte reducción del gasto público. Por otra parte, la misma pretende privatizar empresas estratégicas del Estado.

Otros elementos preocupantes del contenido de la LUC es la criminalización de la protesta social, apareciendo allí una estigmatización de la pobreza notoria. Para lograr estos cometidos, el gobierno va aumentar y concentrar el poder a las fuerzas coercitivas estatales.

Bajo la máxima de una supuesta garantía al cumplimiento del derecho a la propiedad privada, se le quiere quitar a los trabajadores su derecho a la huelga, derecho legítimo y consagrado en la Constitución de la República, como extensión del derecho del paro. Siguiendo con el ámbito de las relaciones laborales, el gobierno eliminó la negociación colectiva, instancia de diálogo y acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, con el garante del Estado, representado en el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (MTSS). Esto es un fuerte retroceso para el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el ámbito de interacción laboral tanto a nivel público como privado.

Pero ¿para quiénes gobierno el actual gobierno uruguayo? Ese uno por ciento de la población uruguaya multimillonario; Uruguay cuenta con aproximadamente tres millones quinientos mil habitantes, se benefició con políticas especuladores luego del aumento muy considerable del dólar a inicios del 2020.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural, los grupos agroexportadores, los sectores Industriales y Empresariales, conforman la base social del gobierno uruguayo. Es decir los grupos de alto poder económico y financiero del país son adherentes en líneas generales al gobierno multicolor.

Si se comparan cifras actuales en relación a un año atrás, cuando recién iniciaba su gestión el gobierno de Lacalle Pou observamos que hoy el país tiene cien mil pobres más, hay más ochenta mil trabajadores en el seguro de desempleo, se perdieron más de sesenta mil puestos de trabajo por la recesión económica,aumentó casi en un tres por ciento el desempleo, actualmente es del 10,5%, y cerraron más de diez mil empresas unipersonales, es decir con un solo propietario o con cinco o menos empleados. Esto refleja que las políticas neoliberales del actual gobierno, han afectado fundamentalmente a los trabajadores, y a los pequeños y medianos comerciantes.

Para graficar con un ejemplo esta compleja situación social que sufre el país, miles de ollas populares se reproducen a lo ancho y largo del territorio nacional. Más de treinta y siete mil platos de comida se reparten por día en las ollas populares.

La respuesta recurrente del gobierno uruguayo a las críticas que le hace la oposición y los movimientos sociales, es que la recesión económica tiene una sola variable, un solo responsable, que es la pandemia del Coronavirus.

Exactamente doce días después de la asunción como presidente de la República de Luis Lacalle Pou; hijo del ex presidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera y bisabuelo del ex presidente de la República Luis Alberto de Herrera (nacionalistas ellos al igual que Lacalle Pou), el 13 de marzo de 2020, se registraba el primer caso de Covid 19 en Uruguay.

El gobierno uruguayo, a diferencia de otros gobiernos de la región no declaró medidas ejemplarizantes para enfrentar la pandemia como el de la cuarentena absoluta. El gobierno uruguayo tuvo como basamentos fundamentales para enfrentar al Coronavirus el de la "libertad responsable" y el del "distanciamiento social". Lacalle Pou y sus principales cuadros políticos de gobierno apostaron a la capacidad de concientización y de disciplina persuasiva de la ciudadanía uruguaya.

Para ello el Poder Ejecutivo uruguayo invirtió casi cuarenta y dos millones de dólares en publicidad mediática para enfrentar al Covid 19. Más de once mil cuatrocientos dólares por día de gastos por publicidad gubernamental contra la Pandemia.

Los canales más beneficiados por el gobierno nacional fueron los tres canales de televisión privados de aires, los canales cuatro, cinco y doce. El otro canal de aire, el cinco, que es un canal público además, prácticamente no se benefició.

Esta envestida mediática del gobierno, en donde el mismo se vanaglorea de ser un ejemplo en la región y el mundo de enfrentamiento a la Pandemia, es una, no la única, pero es una de las variables que generan que Lacalle Pou tenga el 53% de respaldo de la ciudadanía. Si bien perdió un tres por ciento de popularidad en relación a enero pasado, desde la recuperación democrática uruguaya en 1985, Lacalle Pou junto a los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José "Pepe" Mujica, han sido los presidentes de la República que han tenido mayor aceptación popular en sus respectivos gobiernos.

Pero en las últimas semanas la situación del Coronavirus en Uruguay se ha hecho muy compleja. El Grupo Asesor Científico Honorario, grupo de científicos asesores del presidente de la República en materia de Coronavirus, ha manifestado que ya hay más de cien casos nuevos por día de Covid 19 en Uruguay, con casi setenta y un mil docientos casos y con setecientos doce muertos. Esta situación es muy alarmante según los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario.

La oposición frenteamplista plantea la negligencia del gobierno nacional en cuanto a las medidas que está tomando para enfrentar a la Pandemia del Coronavirus. Uruguay tiene el triste privilegio de ser el país que menos ha invertido para enfrentar el Covid 19.

Días recientes, la nación uruguaya se convirtió en el último país suramericano en iniciar el proceso de vacunación contra el Coronavirus. Fueron dosis provenientes del laboratorio chino Sinovac, y pretende vacunar a un universo de ciento cuarenta personas menores de sesenta años. Estos individuos son trabajadores de la educación, militares, policías, bomberos, entre otros.

Posteriormente, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado en la capital Montevideo, cincuenta mil dosis de vacunas Pfizer y Biontech. Los trabajadores de la salud recibirán estas dosis.

Ya llegando a la fase final de este artículo, considero que el balance de poco más de un año en ejercicio de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay del doctor Luis Lacalle Pou, marca la tendencia novedosa en la sociedad uruguaya a una polarización política, entre fuerzas sociales conservadoras, neoliberales y de derecha por un lado, y de sectores del progresismo, de centro izquierda y de izquierda por otro.

Otro factor a tener en cuenta es como posiciones extremistas de derecha, incluso en algunos casos con posiciones neofascistas están ganando terreno en los sectores populares y en las clases medias y no intelectualizadas de la sociedad uruguaya, a partir del advenimiento y del desarrollo de una expresión política de populismo de derecha como lo es el partido Cabildo Abierto. Este último fenómeno analizado se debe interrelacionar indudablemente con el ascenso político de diversas vertientes ultraderechistas y neofascistas.

Volviendo al contexto social uruguayo, la agenda de derechos, bastión fundamental de los quince años de gobierno progresista uruguayo, son cuestionados duramente por el populismo de derecha emergente, que se opone al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto, al consumo de cannabis, etc, vinculando estas lógicas conservadoras con las posiciones del movimiento religioso pentecostal que ya tiene su importante representación parlamentaria, y en lo social hace varios lustros que le va ganando márgenes de influencia subjetiva y espiritual a la Iglesia Católica Apostólica Romana, en un país tan singular como Uruguay en este sentido, ya que es de los pocos países latinoamericanos que son laicos.

En materia de las relaciones internacionales, el gobierno de Lacalle Pou se ha alineado con las posiciones mas retardatarias de la derecha internacional, acusando a Cuba, Venezuela y Nicaragua como "dictaduras", siguiendo los posicionamientos políticos ideológicos de la Casa Blanca, del Secretario General de la Organización de estados Americanos (OEA) Luis Almagro, y del Grupo de Lima.

Por otra parte, Lacalle Pou pretende darle un vuelco de ciento ochenta grados al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), acercándose por afinidades ideológicas a los presidentes de Brasil y Paraguay, Jair Bolsonaro y Mario Abdo respectivamente, y alejándose en sus relaciones diplomáticas del presidente de Argentina Alberto Fernández.

Según el presidente uruguayo, el MERCOSUR debe ser un acuerdo pura y exclusivamente macroeconómico, comercial y financiero, en donde se discutan y resuelvan aspectos de carácter arancelario.

Seguiremos observando, analizando y estudiando las acciones y decisiones del gobierno uruguayo para enfrentar a esta compleja y delicada situación internacional que está sufriendo la humanidad en su conjunto, la Pandemia del Coronavirus.