Obligatorio expresar en esta hora de dolor y duelo para los pobres y trabajadores del Perú que no existen dudas que la clase dominante y la oligarquía peruana representada por Dina Boluarte y su gobierno golpista han sido los autores intelectuales y materiales, a través del aparato represivo del Estado: Militares y Policía Nacional, de la matanza que se produjo el 10 de enero en la ciudad de Juliaca, departamento de PUNO-Perú, la cual dejó como resultado 17 jóvenes muertos.
Cierto es, que después que se produjo el golpe de Estado, a los pocos días, el pueblo y los trabajadores peruanos comenzaron una protesta en todo el país, que se presume no tiene retorno hasta tanto se produzca la libertad de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones o la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente libre y soberana. En todo ese periodo las bajas del pueblo han sido elevadas. De acuerdo a las informaciones hasta los momentos los muertos superan los 50 y cuatro jóvenes están en estado crítico y un millar de heridos desde el 11 de diciembre del año que concluyó hasta hoy.
Mientras tanto, la OEA, Antonio Gutérrez y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la clase hegemónica, las grandes corporaciones que controlan los medios de comunicación a lo interno del Perú y en los EEUU y la Comunidad Europea, hacen silencio a pesar de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público y los testimonios de los Directores de algunos hospitales de ese departamento que han informado a la prensa que "todos los heridos y fallecidos han sido por balas disparadas directo al cuerpo."
Por otra parte, los voceros de la Presidenta Boluarte, los empresarios, la iglesia, los gobernadores regionales adherentes al gobierno golpista y la central de trabajadores, se reúnen en LIMA y afinan estrategias para ganar tiempo y poner en marcha una política gatopardeana de cambiar todo, para que no cambie nada.
No obstante, hasta los momento el intento de acordarse se produjo un una inflexión, un giro, y en consecuencia, la maniobra de una acuerdo nacional no ha sido posible como resultado del aumento de las protestas y de los cacerolazos en todo el territorio peruano después de la matanza de PUNO, fundamentalmente en la Capital, solicitando la disolución del congreso, la renuncia de la Presidenta Boluarte, la libertad de Castillo y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para discutir y aprobar una nueva Constitución que le dé la estocada de muerte a la Constitución fujimorista de 1993, como la solicitan los partidos de izquierda y la mayoría del pueblo peruano.
Por su parte, la derecha sigue maniobrando y se reúne para frenar por cualquier medio la protesta popular y mantenerse en el poder, bajo otra figura o acuerdo con los sectores empresariales, agroindustrial, comunicacionales y de la sociedad civil mediatizada y apéndice de los intereses de la clase dominante. Aunque la experiencia y la teoría indican que la burguesía y la reacción no abandonarán el poder y, no caerá tan fácilmente si las fuerzas organizadas del pueblo no actúan para hacerla caer y sustituirlas por un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Por lo demás, lo que se percibe y está en el ambiente es que la matanza de Juliaca ha fortalecido y aumentado la protesta política y social en todos los departamentos del Perú y ha acelerado en correspondencia con la realidad peruana la posible derrota y salida de los golpistas del gobierno.
