El Examen Periodico Universal EPU, cuyas siglas en ingles son UPR, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos CDH de la Organización de las Naciones Unidas ONU, acordando que cada estado Miembro (los 193 Estados) de las Naciones Unidas, se someta cada cuatro años y medio, a un análisis de la ejecución en materia de Derechos Humanos.

El EPU ofrece periódicamente a cada Estado la oportunidad de: Presentar informes sobre las medidas que ha adoptado, para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos; y, Recibir recomendaciones (basadas en los aportes de numerosos interesados y los informes previos) elaboradas por los demás Estados Miembros, con miras a seguir mejorando.

Creado en marzo de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 60/251, el EPU se concibió para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los Derechos Humanos en todos los países.

Desde que en 2008 se realizó el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022, durante el 41er periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU.

Las revisiones son realizadas por el Grupo de Trabajo del EPU, que está formado por los 47 miembros del Consejo; sin embargo, cualquier Estado miembro de la ONU puede participar en la discusión-diálogo con los Estados revisados.

Cada examen estatal cuenta con la asistencia de grupos de tres Estados, conocidos como "troikas", que actúan como relatores. La selección de las troikas de cada Estado se realiza mediante sorteo tras las elecciones de los miembros del Consejo en la Asamblea General.

Los documentos en los que se basan las revisiones son: 1. Información proporcionada por el Estado analizado, que puede tomar la forma de un "informe nacional"; 2. Información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de Derechos Humanos, conocidos como Procedimientos Especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; 3. Información de otras partes interesadas, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

El EPU evalúa en qué medida los Estados respetan sus obligaciones de Derechos Humanos establecidas en: 1. La Carta de las Naciones Unidas; 2. La Declaración Universal de Derechos Humanos; 3. Instrumentos de Derechos Humanos de los que el Estado es parte (tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado en cuestión); 4. Promesas y compromisos voluntarios asumidos por el Estado (por ejemplo, políticas y/o programas nacionales de Derechos Humanos implementados); y 5. El derecho internacional humanitario aplicable.

¿Pueden las organizaciones no gubernamentales (ONG) participar en el proceso del EPU? Sí. Las ONG pueden presentar información que se puede agregar al informe de "otros interesados" que se considera durante la revisión. Cualquiera de los Estados que participen en el debate interactivo durante la revisión en la reunión del Grupo de Trabajo puede consultar la información que proporcionan. Las ONG pueden asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo del EPU y pueden hacer declaraciones en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos cuando se consideran los resultados de los exámenes estatales.

La situación de los Derechos Humanos en Cuba será revisada por cuarta vez, éste miércoles 15 de noviembre 2023. La reunión tendrá lugar en Ginebra-Suiza. A su vez, Cuba es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de noviembre de 2023. Las anteriores revisiones de Cuba, tuvieron lugar en febrero de 2009, mayo de 2013, y mayo de 2018, respectivamente.

La delegación de Cuba estará encabezada por el Sr. Bruno Rodríguez Parilla, Ministro de Relaciones Exteriores, y los tres países miembros que actuarán como relatores, la denominada "troika", para la revisión de Cuba son Argentina, Benin y Nepal.

Gestiones tarifadas de la contrarrevolución cubana de cara a este EPU

El 16 de marzo del presente año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, financió la gira de los contrarrevolucionarios Alain Espinosa, abogado de Cubalex, Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba, y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, a Europa, donde intercambiaron con líderes europeos sobre las supuestas violaciones a los Derechos Humanos que se registran en Cuba, especialmente luego de las protestas de julio de 2021, así como para recabar "recomendaciones" de cara al Examen Periodico Universal a Cuba.

Frisia Batista y Alain Espinosa

Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.

Raza, Igualdad y DDHH, es una entidad norteamericana que recibe financiamiento del Departamento de Estado de EEUU, y tiene estrecha conexión con Elena Larrinaga de Luis, Alan y Frisia Batista, con quienes desarrollan en la actualidad varios programas subversivos contra Cuba, tales como sesiones de formación y entrenamiento en giras de incidencia en Europa. Desde dicha entidad, también han priorizado los viajes de contrarrevolucionarios internos a Europa, a quienes consideran activistas de Derechos Humanos y actores de cambio en la sociedad cubana.

Elena Larrinaga de Luis

Entre sus más recientes actividades anticubanas, figuran el evento organizado en junio de 2023 en el 53 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, donde realizaron tres eventos paralelos y uno de ellos estuvo dedicado a Cuba con la exposición "a punta de lápiz", con el propósito de denunciar presuntas violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.

Hoy y desde hace tiempo atrás, dia del Examen Periodico Universal a Cuba, Raza, Igualdad y DDHH, en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH), han comenzado a agitar las redes sociales, preparando las condiciones para garantizar la presencia de dichos elementos anticubanos en Ginebra, buscando que puedan participar en el debate como ONG que integran la sociedad civil cubana, sin revelar los cómplices y funcionarios norteamericanos que están detrás de esta maniobra.

Elena Larrinaga de Luis y Frisia Batista Mokarzel, son conocidas por manejar cuantiosos fondos de La Fundación Nacional para la Democracia NED, El Instituto Republicano Internacional IRI y El Instituto Nacional Demócrata NDI, para poner en práctica sus programas subversivos contra Cuba, destacándose sus frustradas intenciones de impulsar talleres e iniciativas a favor de los contrarrevolucionarios detenidos en los sucesos del 11-J en Cuba y apoyo financiero a sus familiares.

Actualmente ambas cabecillas, están vinculadas a las citadas entidades de EEUU, para trasladar su accionar en Ginebra, con apoyo de las funcionarias norteamericanas Christina M. Fetterhoff, directora de programas y Gaia Hefti, oficial de incidencia en Ginebra de Raza, Igualdad y DDHH. Las mismas se encuentran presentes en Ginebra para asesorarlas y apoyarlas económicamente, asignándoles dinero, dietas y otros viáticos enfocados a cubrir su estancia y hospedaje en Suiza.

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas de Raza, Igualdad y DDHH.

Gaia Hefti, oficial de incidencia en Ginebra de Raza, Igualdad y DDHH.

El pasado 28 de abril 2023, la misma Chistina M. Fetterhoff viajo a Madrid para participar en un programa organizado por la embajada de Estados Unidos en España y la Fundación Alternativas, un tanque de pensamiento, vinculado al Partido Socialista Obrero Español PSOE, para promover la democracia y los Derechos Humanos en España, EEUU y América Latina. En esta ocasión centro su intervención contra Cuba nuevamente, mientras en el publico era escuchada por las cabecillas Larrinaga y Batista, quienes previamente compartieron un almuerzo de trabajo con la misma.

El Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, es una entidad subcontratada por la National Endowment Democracy (NED), que es un monstruo de la Agencia Central de Inteligencia CIA, creado en 1983, para implosionar los gobiernos de América Latina que no tienen una política entreguista a EEUU, en el caso de Cuba la NED financia un grupo de organizaciones como es el caso de La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la RFC para buscar un cambio de gobierno.

Los proyectos anticubanos de La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), son financiados directamente por el buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, perteneciente al Departamento de Estado de Estados Unidos y esos fondos son canalizados a través de entidades estadounidenses como la USAID, la NED, el IRI y el NDI.

Sus proyectos están dirigidos a abastecer y adiestrar a elementos contrarrevolucionarios en Cuba, para un eventual cambio de régimen, utilizando para ello a diversas ONGs y así darle un ropaje de sociedad civil a lo que en realidad es una conspiración contra el gobierno cubano.

De forma general el trabajo del IREDH, se ha dedicado a potenciar elementos anticubanos, brindándoles los espacios para que incidan como supuestos representantes de la sociedad civil cubana, ante diversos organismos regionales e internacionales, como es el caso de la ONU, y denuncian al gobierno cubano como parte de la campaña de descredito contra la revolución cubana.

Para esto el IREDH prepara los documentos, informes e investigaciones, que posteriormente son presentados en la voz de los supuestos activistas de los DDHH cubanos, ante organismos internacionales y regionales.

La intención es desacreditar a Cuba frente a estos organismos internacionales, donde las autoridades cubanas presentan informes de su gestion, utilizando estas supuestas investigaciones financiadas en el marco de programas del gobierno del EEUU contra Cuba.