El 28 de noviembre de 2019, la noticia fue ampliamente distribuida en Bolivia: el juez Rafael Alcón había otorgado prisión domiciliaria a Richard Choque Flores, un feminicida múltiple condenado a 30 años de prisión.

Choque Flores había sido condenado en 2013 por el asesinato de una joven. Seis años después, gracias a la decisión del juez Alcón, estaba en casa. No pasaron ni dos años para que operara de nuevo: Choque Flores secuestró y asesinó a Lucy Ramírez, de 17 años, en mayo del 2021 y unos meses después, en agosto, hizo lo mismo con Iris Villca, de 15 años.

El caso se convirtió en la bandera de la oposición boliviana para señalar la corrupción del poder judicial de Bolivia; también llamó la atención internacional. Las investigaciones posteriores revelaron que la decisión de liberar a Choque Flores fue parte de las operaciones de una red de corrupción, en la que jueces intercambiaban favores y dinero a cambio de decisiones judiciales. La destitución de Alcón y otros jueces fue insuficiente para restaurar la confianza en un sistema judicial, que, paradójicamente, se había reformado pocos años antes con la llegada de Evo Morales a la presidencia… supuestamente para para evitar la corrupción.

La Reforma Judicial para elegir jueces en Bolivia

En 2011, Bolivia implementó una reforma judicial que buscaba transformar su sistema de justicia. Impulsada por el gobierno del entonces presidente Evo Morales, la reforma aspiraba a democratizar el acceso a la justicia, mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el poder judicial.

Uno de sus principales objetivos era permitir que la población tuviera un papel activo en la selección de sus jueces. La metodología no era otra que la elección popular. Los jueces para los tribunales superiores, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura debían representar los intereses del pueblo. La corrupción se abatiría, de acuerdo con el supuesto inicial.

Otro objetivo clave era fortalecer la independencia del poder judicial. Aunque la intención era reducir la influencia política en la selección de jueces, ahí comenzaron los problemas. Surgieron preocupaciones sobre la politización del proceso electoral y la posible injerencia del gobierno boliviano en la selección de candidatos.

Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), desde que estaban en campaña, habían sostenido que el sistema judicial boliviano favorecía a los poderosos. "El sistema judicial en Bolivia está controlado por las élites que siempre han gobernado el país, favoreciendo a los poderosos y marginando a los pobres. Necesitamos un cambio radical para que la justicia sea accesible para todos los bolivianos", declaró mientras promovía su reforma.

La implementación de la reforma judicial en Bolivia de 2011 marcó un hito. No existían antecedentes de una elección popular para jueces de los tribunales superiores. En algunos estados de Estados Unidos y en Suiza hay procesos para tribunales estatales y locales, pero en general los sistemas judiciales en el mundo prefieren la designación de jueces federales para mantener la independencia judicial y evitar la politización.

La primera fase del proceso en Bolivia fue la convocatoria pública para que los aspirantes presentaran sus candidaturas. La convocatoria fue abierta a todos los bolivianos que cumplieran con los requisitos de formación y experiencia profesional en el ámbito de las leyes.

Las candidaturas fueron evaluadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tenía la tarea de preseleccionar a los más idóneos. Aquí comenzaron las primeras críticas. La Asamblea era dominada por el MAS. Los críticos señalaron que el partido de gobierno influía y era una forma de mantener el poder del MAS sobre el sistema judicial, al filtrar sólo a los perfiles afines.

Uno de los problemas adicionales fue la falta de información pública sobre los candidatos, lo que dificultó que los votantes tomaran decisiones informadas. De hecho, en la elección, que se hizo junto con las elecciones generales, la participación fue baja, pero lo que destacó fue la cantidad de votos nulos y en blanco hacia los jueces. Esto fue interpretado como muestra del descontento y la desconfianza del público en el proceso. Aproximadamente el 53.75% de los votos fueron nulos y el 12.9% se fueron en blanco.

Cómo le fue a Bolivia luego de que eligió jueces con voto popular

El caso del feminicida beneficiado con prisión domiciliaria en Bolivia fue el más notorio, pero formaba parte de un conjunto de casos donde se reveló una red compleja de casos de corrupción de jueces elegidos por el pueblo. En 2022, el Consejo de la Magistratura de Bolivia destituyó a 11 jueces y abrió procesos disciplinarios contra otros siete con acusaciones de corrupción y mal desempeño. La investigación reveló que al menos 135 personas condenadas fueron favorecidas ilegalmente con detención domiciliaria, incluyendo feminicidas y violadores.

Las destituciones no disminuyeron las críticas por la falta de independencia del sistema judicial boliviano. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido informes detallados que documentan cómo los jueces y fiscales en Bolivia enfrentan presiones políticas y amenazas de destitución si sus decisiones no alinean con los intereses del gobierno. Human Rights Watch señaló que casi el 50% de los jueces en Bolivia eran "temporales", lo que los hacía vulnerables a represalias y despidos arbitrarios.

De hecho, lo que más ha preocupado a Human Rights Watch es el uso indiscriminado del término "terrorista" con la finalidad de perseguir a los rivales políticos del Gobierno. Con un sistema judicial sometido, los gobernantes pueden usar el cargo indiscriminadamente:

"En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido acusado de terrorismo, una definición que en Bolivia tiene un espectro demasiado amplio. Camacho fue acusado de hacer un complot para asegurar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de la acusación y no encontró pruebas que respalden el cargo de terrorismo. Camacho permanece en prisión preventiva en octubre de 2023"

La configuración de un poder judicial boliviano carente de independencia también ha tenido consecuencias económicas y hasta medioambientales. En la minería, por ejemplo, el proyecto en Tipuani, dejó varios cuestionamientos. Una empresa minera con conexiones políticas recibió permisos para operar sin cumplir adecuadamente con las regulaciones ambientales vigentes. Las autoridades judiciales, bajo presión política, fallaron a favor de la empresa, permitiendo que continuara sus operaciones a pesar de las evidencias de daño ambiental.

Este tipo de casos han afectado la reputación de Bolivia como destino de inversión. Esto se debe a que las empresas extranjeras se resisten a invertir en entornos donde las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por intereses políticos. La percepción de corrupción y falta de transparencia judicial genera un clima de inseguridad jurídica, desincentivando la inversión a largo plazo.

El MAS y los simpatizantes de Evo Morales han defendido su reforma. Han argumentado que los numerosos casos de corrupción revelados son una prueba de que el sistema está funcionando y que se están tomando medidas para limpiar la corrupción. También han dicho que las críticas por la falta de independencia son parte de una campaña internacional para desacreditar y desestabilizar al gobierno, para que grupos internacionales tomen el control de los recursos naturales de Bolivia.

Un informe del World Justice Project de 2022 revela que solo el 29% de los bolivianos creen que los funcionarios de alto rango serían responsabilizados por romper la ley. Es decir, la gran mayoría de las personas creen que con los jueces a modo, los tomadores de decisiones políticas gozan de impunidad.