Colombia es un país de regiones propiciadas por su agreste geografía cruzada de sur a norte por tres potentes cordilleras con la presencia de una abundante estrella hidrográfica que riega sus espacios geográficos de valles, sabanas y mesas en los altiplanos.

Aun así, la casta oligárquica dominante tejió, a lo largo de los siglos, un aparato político centralizado y autoritario con una red de instituciones nacionales que subordinó a municipios y departamentos, que es el modelo de organización administrativa territorial vigente. El Estado nacional es una poderosa máquina de violencia y de gestión de procesos estratégicos como la justicia, las vías, las relaciones internacionales, los tributos, la cultura y la política monetaria.

Un elemento vital en el actual régimen político colombiano es su preponderancia en el control de los tributos, el manejo presupuestal y el gasto público, lo que, por supuesto, acentúa la hegemonía de la casta plutocrática bogotana que es el curubito mismo del poder.

Desde los años 60, con la organización del Situado fiscal, se intentó un proceso muy limitado de ampliación de las transferencias de recursos hacia las regiones para atender la creciente protesta de los educadores que acudieron a grandes huelgas, marchas y movilizaciones, demandano el pago oportuno de sus salarios y primas afectados por la insolvencia de los departamentos que estaban encargados del nombramiento de los docentes y de la construcción de escuelas y colegios.

Con la Constitución de 1991 se proyectó un modelo de descentralización y autonomía regional para impulsar la configuración de entidades regionales autónomas. Antes, mediante los acuerdos de Paz de la Uribe, del señor Belisario Betancur con la guerrilla de las Farc se autorizó la elección popular de los alcaldes, sin duda un hito democrático devenido de la resistencia agraria y la movilización popular. Después, la Constituyente del 91 dio via libre a la elección popular de los gobernadores departamentales.

El modelo acogido por los constituyentes determinó un proceso de descentralización y autonomía acompañado de un Sistema General de Participación en las Rentas de la Nación (SGP). Ese SGP proyecto un crecimiento gradual de tales recursos en beneficio de las entidades territoriales. Sin embargo, tal esquema fue frenado al iniciar el siglo XXI hasta ubicarse en el 23% de los ingresos del gobierno central.

El actual gobierno, en cabeza del presidente Petro, está dando un paso muy importante para modificar ese cuadro y profundizar la descentralización en favor de la autonomía de municipios y departamentos.

En ese sentido, ha presentado un Acto Legislativo para reformar la Constitución política y ampliar la cesión de recursos hasta el 39,5% de los ingresos netos de la administración central desde el año 2026. Caudal financiero que se destinara a la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable por parte de los municipios y gobernaciones.

La oposición y sabotaje a este trascendental cambio lo está ejerciendo un conglomerado en el cual coinciden los sectores de la ultraderecha –que sienten pasos de animal grande con esta reforma en la perspectiva de la elección presidencial del 2026-, los grandes banqueros, ex ministros de Hacienda neoclásicos, los gremios y centros de pensamiento asociados al neoliberalismo, como Fedesarrollo y Analdex.

Este sindicato arguye que ampliar el monto de las transferencias desquiciaría al estado, agravaría la corrupción y desataría la anarquía por la baja capacidad institucional de alcaldías y gobernaciones.

Tesis a todas luces deleznables, pues la corrupción y la debilidad institucional son fenómenos que acompañan la maraña burocrática del estado central.

Con la reforma en firme debe sobrevenir una profunda reorganización del Estado para entregar nuevas competencias a los municipios y eliminar entes centrales redundantes e innecesarios.

Son enormes las implicaciones de esta reforma liderada por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo quien ha puesto todo el empeño a su aprobación por el Congreso de la Republica. Empezando porque este cambio será incidental en el juego político para la elección presidencial del 2026. La ultraderecha hace cuentas alegres para su regreso al poder con el manejo de temas como el de la seguridad y el retorno de Trump a la presidencia en los Estados Unidos. La ampliación de los recursos para las regiones provocara un reacomodo de los actores políticos locales y regionales que favorecerá el bloque popular transformador.