Los últimos hechos ocurridos en Colombia ofrecen una serie de pistas sobre lo que será el remate del gobierno progresista y de izquierda, y el escenario político electoral de frente a las elecciones para congreso (marzo) y presidenciales (mayo y junio) de 2026. Esos hechos ratifican una serie de ideas y propuestas que hemos hecho desde esta columna desde el inicio del gobierno del presidente Petro, y que aspiramos precisar en este escrito. No se trata de hacer juicios ni de cobrar nada, pero si es importante reiterar esos planteamientos.

Hechos

Luego de que el presidente Petro ‒contra viento y marea‒ rehabilitó a Armando Benedetti como “su mano derecha” al nombrarlo ministro del Interior, pareciera que la oligarquía financiera y la cúpula de los partidos tradicionales entraron en pánico frente a la posibilidad de que las “reformas sociales” lograran pasar en el Congreso con base en acuerdos y consensos.

Así, nerviosos frente a esa posibilidad que le daría “aire de cola” al gobierno de cara a las elecciones de 2026, les ordenaron a los senadores de la comisión 7ª que mediante la figura de “ponencia de archivo”, bloquearan y hundieran el trámite legislativo de la reforma laboral. De esa manera oficializaron de manera burda el “bloqueo institucional” que antes negaban.

El primer mandatario y el gobierno reaccionaron rápidamente y plantearon la propuesta de impulsar una Consulta Popular para tratar de superar ese bloqueo, sacando el debate sobre el tema laboral del Congreso para hacerlo de frente a toda la sociedad, y tratar de ampliar la base social tanto para hacer realidad esa reforma como para ganar las próximas elecciones.

El otro hecho importante tiene que ver con la salud. Se desató la guerra entre los dueños de las EPS y el gobierno. Las EPS acostumbradas a manejar los recursos públicos a su amaño, ante la negativa del gobierno de ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al tamaño de sus apetitos, han intentado generar una crisis artificial en la prestación de los servicios para crear animadversión contra el gobierno entre la población en general.  

En el último Consejo de ministros, el presidente Petro planteó con toda claridad que no van a pagar con recursos públicos lo que las EPS (privadas) les adeudan a las instituciones prestadoras de servicios IPS (hospitales, clínicas, dispensarios, etc.), y denunció las acciones de acaparamiento de algunos “gestores de medicamentos” que hacen parte de esa estrategia “golpista”. Y precisó que, si esas EPS no cumplen con sus obligaciones serán liquidadas.

De esta manera se oficializó la confrontación abierta, no tanto entre el ejecutivo y el Congreso, sino entre el gobierno y las clases dominantes que no están dispuestas a aceptar las más mínimas reformas sociales en favor del pueblo y de los trabajadores. En medio de esa “guerra” quedaron los parlamentarios que han jugado a amagar que están con el gobierno pero que, a lo largo de estos 31 meses, han demostrado a que responden a los intereses de la oligarquía financiera.

¿Qué se ratifica?

Qué efectivamente ha existido un bloqueo institucional y mediático contra el gobierno progresista. El más evidente, desde la procuraduría y fiscalía cuando estaban manejados por Cabello y Barbosa, y el que se hace subrepticiamente desde las Cortes Judiciales, Consejo de Estado y Consejo Electoral, acudiendo a la supuesta doctrina jurídica y tradición “democrática”.  

Se ratifica, también, que el presidente Petro se ilusionó demasiado con los amagues que le hacían los políticos de los partidos tradicionales y se demoró mucho tiempo en romper con ellos y buscar con decisión y esfuerzos sostenidos al pueblo y a los trabajadores, tanto para ayudar a organizarlos como para impulsar “desde abajo” las reformas y cambios que requiere este país.

Es indudable que durante estos largos dos (2) años y medio, el bloqueo institucional y el cerco mediático lograron desgastar, debilitar y, a veces, desesperar, al presidente Petro. No obstante, se produce ahora una rectificación sustancial, algo forzada, que muestra la potencialidad de un proceso socio-político que viene de décadas atrás, y que a pesar del error de privilegiar los acuerdos “por arriba” frente a las acciones “desde abajo”, ofrece una oportunidad al progresismo e izquierdas de ampliar su base social y llegarles a nuevos sectores sociales que no participan tradicionalmente en política.

Las perspectivas

El momento político que vive Colombia es muy interesante. Con la iniciativa de la Consulta Popular y de enfrentar decididamente a quienes durante décadas han impedido los más mínimos cambios en favor del pueblo, el gobierno que encabeza el presidente Petro ha retomado la iniciativa política y puede rematar su ejercicio de gobierno con relativos e importantes logros.

Todo depende de la estrategia que se impulse en la Consulta Popular. Si todo se reduce a una acción del ministro del interior y de trabajo y algunos otros funcionarios, y no se hace un esfuerzo sistemático por desarrollar y organizar un movimiento que vincule a esa campaña a mucha gente, no sólo a las cúpulas del movimiento sindical sino a cientos de miles de personas que se comprometan con esa causa, la tarea puede terminar como el referendo de Santos, o sea, en un relativo fracaso.

Por ello, el momento es para las izquierdas y del movimiento popular. Si se hace bien esa tarea, con espíritu amplio, sin sectarismos, pero con coherencia y claridad, demostrando que hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas, ese ejercicio va a ser determinante para posicionar dirigentes “propios” para competir en lo electoral tanto dentro del Pacto Histórico como dentro del “frente amplio” que necesariamente debe conformarse para darle continuidad al gobierno Petro.

Si no lo sabemos hacer bien, se impondrán candidatos para 2026 que le hacen la venia a Petro, le llevan la idea sólo para “trepar”, pero que no son garantía de verdadera continuidad progresista y menos revolucionaria. Se trata de demostrar que el movimiento social y las izquierdas, en esta coyuntura especial que estamos viviendo, es capaz de dar un salto cualitativo y construir nuevos caminos de transformación.    

De lo contrario estaremos condenados a elegir a los Lenin Morenos o a los Luis Arces, que traicionaron a Correa en el Ecuador y a Evo en Bolivia, entregando el proceso a sectores de las burguesías burocráticas y/o emergentes, que no están interesados en verdaderos cambios y ‒como lo muestra la experiencia‒ conducen a la derrota a los pueblos y a los trabajadores.