Para variar, hablemos de otros crímenes del gobierno colombiano.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se conoce en ese mundo informado del narcotráfico como JIFE, dice, según la información divulgada por El tiempo 04-03-08, que Colombia redujo a 78.000 hectáreas las tierras destinadas en el 2006 al cultivo de coca que, por comparación, resultan ser apenas la mitad del área que se registraba en el año 2000.
Pero en la misma información, las cuentas no cuadran, pues, dice la JIFE que “en 2006 se erradicaron cultivos ilícitos de coca en una extensión sin precedentes de 213.555 has. discriminadas así: 41.530 por erradicación manual y 172.025 por fumigación aérea”. Hasta ahí la cosa va bien. Pero más adelante, el informe del JIFE indica que “el principal enemigo de la erradicación es la resiembra. En Colombia, alrededor del 50 por ciento de la superficie total en que se erradicaron cultivos se ha vuelto a sembrar”.
Ahí es donde la cosa ya no cuadra, porque si nos regresamos y vemos en el informe que el número total de has. erradicadas ascendió a 213.555, eso indica que si se resembró el 50 por ciento, debía entonces haber, por ese sólo hecho, 106.777 hectáreas, bien bastante más que las 78.000 que en total dice el mismo informe que hay en la actualidad.
Parece que en el afán de avalar la política de fumigaciones, y de paso la obsecuencia del gobierno colombiano con el envenenamiento del medio ambiente, obsecuencia que casa bien con su filosofía de que el fin justifica los medios, filosofía con la que acribilló a Reyes en territorio ecuatoriano, y con la que acribilla los cultivos, los animales domésticos de los campesinos y salvajes del trópico, y por supuesto, también a los mismos humanos residentes en las zonas cocaleras: productores, comerciantes, raspachines o no, eso a él que le importa, las agencias de USA cometen descuidos imperdonables en sus informes estadísticos que se muestran también en el incremento de la oferta, y por ende la caída de precio, que se presenta entre los irredentos consumidores estadounidenses.
Proseguir la guerra contra el narcotráfico en la forma que impone el Imperio, es un error económico, político y social, claro, si lo vemos desde la perspectiva del alto costo que en esos mismos campos le cuesta a Colombia: económico, porque toda su economía se está narcotizando, aunque usted no lo crea, lo que de paso quiere decir que no solamente las Farc derivan su principal ingreso, y por ende su independencia económica de las drogas, sino muchas empresas y empresarios colombianos y, por supuesto, todo el sistema financiero con sus abultadas utilidades de más de 10 billones de pesos el año pasado; político, porque aparte del arrastre que los paras han hecho de ya casi la mitad de los congresistas a su borrascosa, repugnante, despiadada y horrorosa causa, sino porque el país entero ha sido doblegado por el Imperio a la condición de Estado-esclavo mediante el chantaje a sus gobernantes, pues, bien sabe de las andanzas de cada quien en los intríngulis del narcotráfico con toda su carga de crímenes; y social, pues, la sociedad entera es la gran víctima de esta infame política en cuestiones tan simples como que más de la mitad del presupuesto nacional se destina a la guerra del narcotráfico y, en términos que apenas pergeñamos a priori, estamos asesinando impunemente la vida vegetal, animal y humana con venenos que no se admiten en ninguna otra parte del mundo.
Perdónalos Señor porque SÍ saben lo que hacen…
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