“Que el fraude electoral jamás se olvide”
El próximo domingo 27 de julio se realizará la Consulta Pública relacionada con las iniciativas de reformas legales al estatuto que rige a la actividad petrolera. Se presentan a la decisión de la población dos preguntas concretas que, en resumen, plantean: 1) Las actividades de exploración, extracción, refinación, transporte y almacenamiento de petróleo las lleva a cabo el gobierno ¿Está usted de acuerdo en que esto cambie? y 2) Las iniciativas de modificaciones que actualmente discute el Congreso ¿Considera usted que deben aprobarse? Las respuestas sólo pueden ser si o no. En la formulación de las preguntas intervino un equipo de expertos para garantizar la no inducción de la respuesta y para satisfacer el objetivo de obtener la mejor opinión de la gente común y corriente. En el Distrito Federal la consulta es organizada por el Instituto Electoral del DF y en los estados son grupos ciudadanos quienes la organizan. Independientemente de su validez legal para obligar a la observancia de sus resultados, el esfuerzo está plenamente justificado y es un contribuyente eficaz en la construcción de la democracia. Voy a anticipar que mi voto, en ambos casos, será el NO a los cambios propuestos, lo que significa un SI a México.
Los detractores de la consulta, que son también los defensores de los cambios propuestos por Calderón & Co. argumentan que la complejidad del tema descalifica a la opinión de la ciudadanía, que debiese resolverse exclusivamente por los técnicos y expertos en la materia; esto es algo tan absurdo como sería decir que las elecciones para Presidente sólo fuesen votadas por los que sean expertos en política, dada su enorme importancia y complejidad. Igual se argumenta que la consulta es una estratagema publicitaria de quienes se oponen a las modificaciones propuestas y, en efecto, sí es publicitaria, puesto que su objetivo es hacer público el intento de entregar el petróleo y su actividad económica a los particulares y busca la opinión del público sobre el asunto; es una respuesta mínima y más barata que la mendaz propaganda oficial que comenzó con el famoso tesoro de las aguas profundas y concluye con las importaciones de gasolina que generan empleos y riqueza en otros países, y que debemos sustituir por producción nacional, pidiendo el apoyo a las iniciativas de Calderón, sin hacer referencia a que serían empresas extranjeras las que la producirían, en perjuicio del interés nacional, y mucho menos que esa es la propuesta del Proyecto Alternativo de Nación formulada por la Alianza por el Bien de Todos, sólo que a realizarse por PEMEX. Descalifican, los detractores, al Gobierno del Distrito Federal por implicar un fuerte gasto de recursos del erario, sin parar en mientes del costo de más de 1000 millones de pesos que significa la campaña propagandística oficial. Estas, entre otras muchas, son razones suficientes para justificar el ejercicio de la consulta pública que, además de ser ciudadano es ciudadanizador (valga el neologismo).
Mi voto por el NO obedece a un ejercicio simple, independiente de razonamientos de mayor elaboración que confirman mi postura. Me pregunto qué es lo que debo esperar de la afortunada disposición de abundantes recursos petroleros en mi país; me respondo que ello debe asegurar que: 1) Los mexicanos tengamos la seguridad del suministro de energéticos para esta y otras generaciones; 2) La renta petrolera fortalezca las finanzas públicas, en beneficio de todos los mexicanos, y 3) Los insumos y servicios demandados por la actividad petrolera sean provistos por la industria nacional, de manera de generar empleos y riqueza localmente. Sucede que, con las iniciativas propuestas por Calderón, se procura exactamente lo contrario: 1) Se privilegia el aumento de la producción de crudo para exportar, en demérito de la seguridad del suministro doméstico a futuro; 2) La renta petrolera será compartida con empresas particulares, principalmente extranjeras y 3) Al entregar los contratos de producción, refinación, transporte y almacenamiento a las empresas extranjeras, los insumos y los servicios serán provistos desde sus países de origen, como ha venido sucediendo en los últimos años. Así de simple; por eso mi voto es NO.
Pero la mayor crítica que hacen los que defienden las iniciativas es que no se presenta otra iniciativa por parte de la izquierda. La razón es también muy simple: ni PEMEX ni la actividad petrolera requieren cambios legales, salvo en el aspecto fiscal, lo demás es cosa de decisión política y administrativa; de nada sirve hacer más leyes si los que administran lo hacen en contra de los intereses nacionales; basta con que, de los excedentes petroleros, que hoy se gastan a discreción del Ejecutivo, se disponga de recursos de inversión para PEMEX; basta con que deje de protegerse a los dirigentes del sindicato petrolero y se combata a fondo la corrupción de cuello blanco, para que la paraestatal logre mayor eficiencia y utilidad; basta con llamar a los técnicos mexicanos, hoy desplazados, para recuperar la capacidad tecnológica de la empresa. Nada de esto requiere de cambios legales. Por lo demás, la propuesta ha sido insistente y clara (páginas 31 a 42 del Proyecto Alternativo de Nación). Con México SI.
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