Juan Carlos Monedero. ABN - No merece la pena dedicarle mucho tiempo: en España, una declaración similar a la de Luis Herrero le hubiera supuesto una acusación por parte de la fiscalía del Estado con el cargo de, cuando menos, "expresiones vejatorias, humillantes y atentatorias contra la dignidad y el honor" del jefe de Estado (Artículo 208, 490.3, 504 y 505 del Código Penal español). Enfrentaría, además, una petición de pena de cárcel que hubiera estado por encima de los tres años.

Que un periodista caracterizado por su tono faltón, chulesco y reaccionario haga en Venezuela lo que no podría hacer en España, es una señal más de cómo la derecha española sigue considerando la independencia de América Latina como una afrenta personal. La rabia profunda que muestran ante la recuperación de su soberanía y la defensa de su dignidad no son sino el reverso de esa arrogancia que pretende dictar desde el Norte los caminos del Sur.

Respóndanse a una simple pregunta: ¿Qué hubiera pasado en España si un diputado de, pongamos el /Sinn Fein/, hubiera venido a España invitado por algún grupo político abertzale y hubiera afirmado que:

“Es intolerable desde todos los puntos de vista democráticos y de defensa de los derechos humanos, que se puedan provocar situaciones de amedrentamiento, situaciones de violencia, de amenaza, como las que yo personalmente he escuchado".

¿Qué hubiera ocurrido si un Diputado europeo, pongamos que belga, francés o italiano, hubiera venido a España, invitado como acompañante electoral –con lo que implica de reserva y no implicación- y hubiera vertido opiniones parciales sobre asuntos directamente ligados a la consulta electoral –por ejemplo, la reforma constitucional que tiene España en su agenda-, además de poner en cuestión el compromiso del Gobierno o del Rey con los derechos humanos? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido que escuchar a ese diputado afirmar:

“Y por lo tanto, quiero que sepan que la delegación del Partido Popular Europeo, que se encuentra aquí como invitado internacional para asistir a este proceso electoral, de un referéndum que (el Gobierno) ya perdió hace un año, no dejará en ningún momento de denunciar públicamente en todas las instituciones europeas un comportamiento que considera profundamente lesivo para la dignidad del ser humano”.

¿Cómo hubiera reaccionado la tridentina radio de la Conferencia Episcopal de donde procede el eurodiputado Herrero si un político invitado por cualquier partido hubiera declarado a los medios durante el Gobierno de Aznar que: “Permítanme decirle a todos los (españoles) que nos estén escuchando, que no pierdan de vista que son ciudadanos libres y que tienen que votar en libertad, que tienen que votar lo que quieran. Yo no estoy diciendo que voten ni que sí ni que no. Estoy diciendo que voten en libertad, y que jamás voten dejándose llevar por el miedo que premeditadamente un dictador (el Rey de España o el Presidente del Gobierno) está tratando de trasladar a su ánimo”.

Para terminar afirmando que la ampliación del cierre de los colegios electorales (en un país donde el pueblo no tiene tan sencillo acudir a los centros de votación), lejos de ser un apoyo a la soberanía popular y motivo de orgullo democrático se convierte en “temor a que pueda ser utilizada esa nocturnidad, digámoslo así, para tratar de hacer algún tipo de maniobra que no sea transparente y que no sea democrática”.

Evidentemente, ni el Gobierno ni el Parlamento ni los medios de comunicación hubieran tolerado a un extranjero lo que tampoco le toleran las reglas de juego democrático a un nacional.

Pero sabemos que de lo que se trataba era de hacer ruido. Como siempre antes de unas elecciones. Quisieron culpar a Chávez del asalto a la sinagoga de Caracas por parte de presuntos delincuentes –entre los que estaba el escolta personal del rabino-; quisieron culpar a Chávez de la represión a estudiantes universitarios publicando en los medios fotos de cargas policiales nada menos que en Alemania; quisieron culpar a Chávez de pretensiones dictatoriales presentando la ampliación de un derecho que tenemos en 16 países europeos –que cualquier cargo público pueda volver a postularse- como un paso más en la supuesta pérdida de derechos democráticos en la República Bolivariana de Venezuela.

La estrategia descalificadora contra Venezuela hiede. Y no caben medias tintas ni justificaciones para valorar comportamientos como los de Herrero. Las empresas españolas de medios de comunicación ya han empezado un nuevo /pin-pan-pun /contra Venezuela defendiendo una conducta, la del eurodiputado, que es directamente desestabilizadora y que las democracias europeas no tolerarían. Comportamientos ensayados que buscan, como ya hicieron durante el golpe de Estado de abril de 2002, tumbar la posibilidad en marcha para reinventar la democracia en nombre de los siempre excluidos.