Cuarenta diputados chilenos expresaron "preocupación por el grave deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela", pero estos legisladores nunca manifiestan inquietud ante la constante violación en Chile de los derechos humanos del pueblo mapuche, o la creciente violencia policial contra manifestantes populares o las perpetuas agresiones de Carabineros a periodistas cuando cubren protestas de diferentes sectores del pueblo. Las encuestas reflejan un creciente rechazo de la ciudadanía ante las conductas de los parlamentarios y, en particular, la ostentosa corrupción de ciertos legisladores. El Congreso es el poder del Estado peor evaluado por la opinión pública de Chile.
Apenas el viernes Carabineros desalojó con violencia a cientos de deudores hipotecarios que permanecían en un campamento en el río Mapocho desde hacía 44 días para llamar la atención a su lucha por el saneamiento financiero de sus viviendas, cuya deuda hipotecaria aumenta una y otra vez, obligados por los bancos a pagar hasta dos veces el valor arbitrario asignado a su cada, mientras su vecino, por la misma vivienda, a veces pagó la mitad. El gobierno se lava las manos, argumenta que “es un conflicto entre privados”, pero reprime con brutalidad. 93 personas detenidas y maltratadas en el Mapocho fueron sometidas a juicio por “desórdenes públicos”, entre ellas dos estudiantes de periodismo que realizaban un trabajo académico ordenado por sus profesores de la universidad, quienes debieron permanecer en una comisaría por más de 24 horas con su ropa mojada bajo un intenso frío.
Con hipocresía y carencia de ética, el gobierno justifico la brutal acción contra los derechos humanos alegando razones “humanitarias”, para salvar la vida de los manifestantes ante un eventual desborde del río por las lluvias. Las imágenes de violencia policial en este desalojo han dado la vuelta al mundo, pero los medios ocultaron que en el campamento a orillas del río había una decena de personas en huelga de hambre desde 12 días atrás. (1) El gobierno ha satisfecho las peticiones de diversos sectores acomodados de la sociedad, por ejemplo le dio 400 millones de dólares a los dueños de la industria salmonera, hoy en crisis terminal, y subsidió el precio del diesel en beneficio de los camioneros. Pero se niega a acoger las demandas de los deudores habitacionales.
No se ve la viga en el ojo propio…
Los legisladores nunca condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí mismo por la Policía de Investigaciones acusada de proteger la prostitución de menores y narco tráfico. Y es que los diputados no tienen su vista puesta en Chile, sino en Venezuela. Por iniciativa de 10 legisladores de la extrema derecha y de la neo derecha en que se ha transformado la Concertación gobernante, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el 16 de junio, por 40 votos, 6 en contra y 1 abstención un Proyecto de Acuerdo que llama a la Organización de Estados Americanos, OEA, "a adoptar medidas conducentes a restablecer los derechos hoy conculcados en Venezuela". También pidieron al gobierno de Michelle Bachelet "que represente a su similar venezolano la preocupación de la Cámara por el deterioro de los derechos humanos y la democracia en ese país". Obviamente, los medios de derecha venezolanos e internacionales hicieron resonar este acuerdo como si reflejara la postura del país entero.
Los autores del "acuerdo 792" fueron los diputados Felipe Harboe (Partido por la Democracia, PPD), Patricio Walker (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Osvaldo Palma (Renovación Nacional, RN), Sergio Ojeda (PDC), Patricio Vallespín (PDC), Samuel Venegas (Partido Radical Social Demócrata, PRSD), Mario Bertolino (RN), Claudio Alvarado (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Silber (PDC) y Jorge Insunza (PPD). Ninguno de estos legisladores se ha pronunciado jamás sobre la violación de derechos humanos que Estados Unidos realiza en Guatánamo, ni las cárceles secretas flotantes y en tierra firme europea del país del norte, así como ignoraron los horrorosos maltratos a los prisioneros en la famosa cárcel de Abu Gharib, Iraq.
Defensa de empresas chilenas
Los mismos diputados aprobaron el 4 de junio el "Acuerdo 780", por 52 votos, demandando que la Presidenta Michelle Bachelet realice gestiones de cobranza en favor de los capitalistas chilenos que tienen intereses en Venezuela porque existe atraso en la repatriación de sus ganancias por una momentánea escasez de dólares en el mercado cambiario. Estos 52 diputados abogan por "las empresas chilenas a quienes el estado de Venezuela les mantiene retenidos los retornos por las inversiones realizadas en dicho país". Afirman que los grupos económicos chilenos tienen inversiones por 570 millones de dólares, que representan el 1,3 % de todas las inversiones del capitalismo chileno en el mundo, que incluyen también los fondos privados de pensiones de los trabajadores (quienes no comparten las ganancias sino sólo las pérdidas).
Los diputados se quejan de que el gobierno de Venezuela aplica "una restrictiva política cambiaria para controlar el mercado de las divisas extranjeras, reteniendo la repatriación de unos 15 mil millones de dólares de empresas extranjeras", o sea que también abogan por todas las corporaciones del mundo, según el informe oficial de la Cámara. Existirían 52 empresas chilenas que reclaman 80 millones de dólares, curiosamente una compañía por cada diputado que votó.
Este proyecto de acuerdo fue introducido por Felipe Harboe (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Patricio Vallespín (PDC), Juan Lobos (UDI), Gabriel Ascensio (PDC), Adriana Muñoz (PPD), Antonio Leal (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Gonzalo Duarte (PDC) y Cristian Monckeberg (RN). No sería extraño que estos mismos legisladores estén pergeñando futuros "acuerdos" contra los gobiernos de Irán, por los recientes resultados electorales; Corea del Norte, por sus pruebas de cohetería; Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros países con gobiernos progresistas, por cualquier otro pretexto "democrático" y en defensa de la economía de libre mercado, o sea, el neoliberalismo.
La cobranza es por Vencerámica
La inquietud parlamentaria debería llamarse "Vencerámica". Entre las empresas que reclaman dólares para repatriar sus ganancias en Venezuela se encuentra esta empresa del holding chileno Cisa, ligado al grupo Briones (Cementos Bio Bio), fundado por Hernán Briones G., mega empresario fallecido en 2005, ex presidente de la Fundación Pinochet.
La escasez momentánea de divisas afecta a muchas empresas extranjeras que operan en Venezuela, pero el Estado está cumpliendo sus obligaciones, como ocurre con las líneas aéreas que venden allí sus servicios. Pero la empresa chilena Vencerámica tiene otro tipo de problemas con las autoridades, y es porque no ha cumplido las normas de seguridad e higiene industrial, al tener en su planta 6.000 metros cuadrados de techo de asbesto, material cancerígeno prohibido mundialmente por normas sanitarias promovidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos mundiales de salud.
Hace un año que los trabajadores solicitaron a los empresarios chilenos de Vencerámica, en Maracay, que sustituyeran ese techo porque afecta su salud. Como no lo hicieron, acudieron a la autoridad, en este caso al Instituto de Seguridad e Higiene Industrial, que emitió un informe con 13 observaciones sobre insalubridad, violación a las normas de higiene industrial y malas condiciones de trabajo. Así comenzó entonces un proceso de paralización de la empresa, no porque el gobierno la fuera a intervenir, sino porque la autoridad suspendió las labores hasta tanto los empresarios no cumplan con el instructivo de 13 puntos exigidos por la autoridad, para reiniciar faenas e impedir que los trabajadores hagan sus tareas en condiciones insalubres. Hasta ahora, hay conversaciones para resolver el problema.
Pero la gran prensa chilena, como La Tercera y El Mercurio, aseguran que el gobierno de Hugo Chávez “hostiliza” a empresas como Vencerámica, y apelan al chauvinismo típico de muchos chilenos, cuando en realidad sólo les exige que cumplan con las disposiciones de seguridad industrial e higiene que toda empresa debe cumplir en cualquier parte del mundo. Resulta relevante que los parlamentarios no se informen sobre la situación de las empresas antes de adoptar decisiones y pedir votos de condena. Quizás sea una muestra más de su ignorancia, desidia y falta de responsabilidad ante la ciudadanía. Al fin de cuentas, sólo tienen el propósito de crear una matriz de opinión falsa.
Harboe, diputado designado a dedo
Entre los promotores de ambos acuerdos aparece en lugar destacado Felipe Harboe, un diputado a quien nadie eligió, que se convirtió en legislador apenas el 12 de marzo de 2009 porque el ordenamiento jurídico de la sui generis democracia chilena permite que si abandona el Congreso un diputado o senador surgido de una elección, por defunción, por desafuero, renuncia o por tareas de gobierno, su reemplazo se designe “a dedo” por el partido al que pertenece. Así Harboe se convirtió en diputado del PPD sin haber competido en ninguna elección.
La partidocracia chilena ha designado a varios “legisladores”. El PPD nombró a Harboe como sustituto de la diputada Carolina Tohá, quien abandonó la Cámara para convertirse en portavoz gubernamental, como ministra Secretaria General de Gobierno. Harboe fue anteriormente subsecretario, o vice ministro, del Interior, donde desempeñó un rol relevante en la represión a las organizaciones sociales.
La designación de diputados a dedo contribuye a desprestigiar aún más a los legisladores chilenos, que tienen bajísima credibilidad entre la ciudadanía según las encuestas de opinión pública. La modalidad que permitió la investidura de Harboe comenzó después que el 7 de agosto de 2008 falleciera el presidente de la Cámara, Juan Bustos Ramírez (PS), quien fue reemplazado “a dedo” por el secretario general del PS, Marcelo Schilling. Desde entonces los partidos “dueños” de la vacante designan al reemplazante. En cierto modo, el secretario general socialista se designó a sí mismo.
En septiembre de 2008, el mismo mecanismo benefició a la ex diputada Lily Pérez, de RN, después del sorpresivo fallecimiento del diputado Pedro Álvarez Salamanca, también RN. Para estos efectos no importa en que región haya sido elegido el legislador original. La norma es absolutamente legal en virtud de la interpretación de los interesados, o sea los propios legisladores, de la constitución vigente, que es la misma que creó la dictadura en 1980, carta fundamental ilegítima que ha sido legitimada por sucesivas reformas del Congreso dominado por la derecha y la neo derecha, donde no existe participación de la izquierda real, apellidada por eso como “extraparlamentaria”, con una connotación claramente peyorativa. Por este motivo, muchos sectores de la sociedad chilena, incluso de pensamiento de derecha republicana, aspiran a una Asamblea Constituyente que elabore una carta magna democrática, como se hizo en 1925 con la Constitución destruida por los militares en 1973.
En estos días se producirá una nueva vacante para RN, por la renuncia del diputado Maximiano Errázuriz, quien fue descubierto haciendo negocios con cargo a los fondos del Congreso, que financian los impuestos de “todos los chilenos”. Con el dinero asignado para oficinas de los diputados, Errázuriz administraba propiedades que alquilaba a terceros, negocio que constituye delito. Su partido, que es el mismo del candidato presidencial Sebastián Piñera, esta vez no pudo tenderle la mano por la campaña electoral. Pero la tienda RN conservará el cargo porque el mismo partido deberá decidir quien lo reemplazará. También está en riesgo el diputado UDI Julio Dittborn, cuestionado igualmente por el uso de los fondos asignados para sus oficinas, pero será la misma UDI quien designe al eventual reemplazante. Estos no son más que matices de la “democracia chilena”.
