Los procesos de cambio y transformación impulsados por los gobiernos más progresistas de Latinoamérica y El Caribe han sido amenazados una vez más con el golpe de estado perpetrado al presidente Manuel Zelaya por las elites hondureñas y las cúpulas de las fuerzas armadas.

Este quiebre constitucional con apariencia de legalidad, no puede analizarse de forma aislada sino en el marco de los movimientos golpistas llevados a cabo con similares características en Venezuela en el 2002, o con las desestabilizaciones más recientes de Bolivia y Argentina.

El repetido guión de conspirar contra el gobierno de un presidente democráticamente electo y reemplazarlo por otro, subordinado a intereses transnacionales, no es nuevo en la historia reciente de nuestra América.

El caso hondureño confirma la metodología de golpear al poder ejecutivo, por la vía de conspiraciones realizadas desde los congresos nacionales bajo formas de aparente legalidad y legitimidad. La puesta en escena es acompañada de manipulación mediática de la realidad, con una fuerte campaña de desinformación y propaganda hacia el pueblo hondureño.

El nombramiento por parte del Parlamento de Honduras del empresario y dueño de medios de comunicación Roberto Micheletti, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, es una burla a todas las democracias y pueblos del mundo.

Los sectores más concentrados de la economía global y sus socios locales, no les perdonan a los mandatarios de estos países que nuevos espacios de cooperación y complementación con desarrollo económico y social, avancen en la región, afectando sus poderosos intereses.

El brutal y desfasado golpe al gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya representa, un intento más, en detener la construcción del ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR, o el Grupo RIO y, cualquier otro intento colectivo de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que surjan como respuesta al perverso sistema neoliberal que en las últimas décadas, sólo ha generado miseria y exclusión para millones de compatriotas latinoamericanos.

Una respuesta contundente de los gobiernos y pueblos de Centro y Sudamérica, deberá ser planteada para impedir cualquier otra intentona golpista que se presente a futuro, en la construcción de nuevos procesos democráticos de unión e integración regional.

Como primeras medidas para ejercer presión internacional, los países miembros y aliados de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) han decidido ya, retirar a sus embajadores y dejar las representaciones diplomáticas mínimas en Honduras, como muestra de desconocimiento de las autoridades inconstitucionales que actualmente se encuentran en el poder.

De igual manera, advirtieron que no reconocerán ni acreditarán a ningún funcionario designado como representante de Honduras que no provenga del equipo de Gobierno del Presidente Manuel Zelaya, a quién reconocen como legítimo y único Presidente.

Entre tanto, la ONU, la OEA, la Unión Europea y otros pueblos libres del continente, manifestaron su completa solidaridad con el depuesto mandatario, exigiendo su pronta restitución al poder, pues en caso contrario, estaríamos frente a un brutal desacato a los principios fundamentales que consagra la Carta Democrática del sistema interamericano.

La valiente actitud de la Presidenta Cristina Kirchner, al acompañar junto a otros presidentes a Manuel Zelaya en su regreso a Honduras, representa una fuerte acción directa de los gobiernos latinoamericanos ante el zarpazo golpista que atenta contra la integración regional.

La historia trágica de América Latina nos enseña, que solamente con la férrea unidad de los gobiernos populares de la región y el protagonismo de los pueblos, se podrán detener las arremetidas de las derechas golpistas que intentan destituir gobiernos elegidos democráticamente.

* Representante Especial para la Integración y la Participación Social (Cancillería Argentina).