De quién fue la culpa, no quiero saberlo. La cosa es que los poderes ejecutivo y legislativo están en trámite de divorcio; por lo pronto cada quien jala por su lado. El fraudulento titular del ejecutivo juega a tratar de salvar su enlodada imagen, enlodando la del legislativo que, un poco más juicioso, le revira con cierta elegancia y respeto institucional. No creo estar muy lejos de la realidad al suponer que la estrategia del tal Calderón, seguramente aconsejada por la inteligencia mediática aznarista, pretende que el público identifique al congreso como el causante de todos los males que aquejan al país y de la catástrofe que se avecina. Por ejemplo: en materia fiscal, envía un proyecto que publicita por todos los medios como de “combate a la pobreza”, a todas luces improcedente y en extremo empobrecedor y, por consiguiente, se le rechaza; el mensaje mediático subliminal es: yo me empeño en combatir la pobreza, pero los diputados se negaron a apoyarme; ellos son los culpables de la pobreza del país.
El que se dice defensor del estado de derecho resulta ser su más conspicuo agresor. Enmienda la plana de aquel Fox que decía que el presidente propone y el congreso dispone, para agregar que, luego, el presidente interpreta y lo hace a su antojo. Es el caso de la industria petrolera: Calderón invirtió una carretonada de pesos en propaganda de su nefasta iniciativa de reformas legales propiciatoria de la privatización y extranjerización de PEMEX; también apostó su escaso capital político; hubo movilización en las calles en contra de la iniciativa, convocada por AMLO; existió debate abierto en el senado; se enmendó la iniciativa eliminando las disposiciones privatizadoras; todos entendimos que el proyecto Calderón había sido frustrado, pero él absorbió el golpe y la presentó como un gran avance, incluso anunció la construcción de una refinería y puso a los gobernadores a competir para ganar la ubicación de la instalación en su respectiva entidad; a los pocos meses se quejó de que los legisladores le hubiesen rechazado su propuesta; en todo el año transcurrido, por negligencia intencional, no se han instrumentado las disposiciones de la ley aprobada. En Davos y en Tokio se reúne con los dueños de las mayores empresas transnacionales del petróleo para insistirles en la invitación para que inviertan en la industria petrolera, como si la Constitución y la ley no existieran. Se pasó por las tumbas etruscas todo el trabajo legislativo e intenta hacer lo que le viene en gana.
De Fox, ignorante y estúpido, podía esperarse cualquier cosa, menos coherencia gubernamental. De Calderón, que ni es ignorante ni estúpido, pero que también es incoherente, no queda más que calificarlo como un traidor al que no le importa el destino del país ni el sufrimiento de sus habitantes. Entre que ya decepcionó a sus patrones y que nunca entusiasmó a la población, el espurio ocupante de los Pinos se desentiende de la realidad y navega a la deriva. Convencido de su incapacidad para gobernar, sólo se interesa en encontrar a quien culpar del fracaso. Los senadores y diputados de la oposición son sus villanos favoritos, después de AMLO, desde luego. Con dinero público hace propaganda mendaz a sus iniciativas, sabedor de su improcedencia, para que la gente identifique al congreso como el obstáculo para su implantación.
La tarea es relativamente fácil. El poder legislativo juega siempre con las de perder en eso de la imagen pública, parte por méritos propios, pero mucho por la dificultad popular para comprender su funcionamiento. Comenzando por el hecho de tratarse de un cuerpo formado por los representantes de las diferentes fuerzas políticas que existen en una sociedad que, por lo mismo, no actúa como un bloque unificado. Por su definición es el poder que debe acotar al ejecutivo; que aprueba o rechaza las iniciativas de ley o las enmienda, entre ellas, la del presupuesto y la de los ingresos; supervisa el ejercicio presupuestal, entre otras funciones. En todo caso, el titular del ejecutivo se ve obligado a convencer al legislativo para que apruebe sus propuestas y eso implica conciliar intereses, más aún cuando el partido del presidente no cuenta con la mayoría. Viene aquí al caso recordar que, en los primeros tres años de su administración al frente del gobierno del Distrito Federal, López Obrador tuvo una Asamblea Legislativa dominada por la oposición, sin embargo, supo negociar y sacar adelante sus propuestas más significativas. La gobernabilidad no depende de contar con un legislativo obsecuente, sino de la capacidad de convencimiento del ejecutivo, cosa que hoy brilla por su ausencia.
Calderón presentó su iniciativa de reforma política sin el menor acuerdo previo; antes la publicitó en los medios presentándola como respuesta a lo que la gente quiere, como para forzar a senadores y diputados a aprobarla sin chistar. Independientemente de que la iniciativa es un verdadero fiasco, el procedimiento asegura su rechazo legislativo. No me queda duda; de lo que se trata es de salvar la imagen del presidente, con cargo al desprestigio del congreso. Es una tremenda irresponsabilidad.
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