1. Antecedentes

Lejos de ser una decisión democrática y en los marcos constitucionales como se le ha querido presentar, el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que impide una nueva reelección de Álvaro Uribe como presidente de ese país, es la expresión cúlmine del hartazgo del establishment político de Estados Unidos para quien estaba resultando un amigo indeseable que necesitaba ser cambiado, con el objetivo de “lavar la cara” de su principal aliado en el continente a fin de ser accesible como “cabeza de puente” en la aplicación de las políticas imperiales en la región, en particular la de retrotraer los procesos de integración que acaban de llegar al punto más alto de su historia tras los acuerdos de la Cumbre de la Riviera Maya, llevada a cabo en México en febrero pasado.

La potencia del norte, sumida en la crisis económica y financiera más brutal de su historia, mientras sostiene dos gigantescos frentes de guerra en Irak y Afganistán en los que las noticias no le son muy satisfactorias, a la par del incremento de su acoso a Irán y la amenaza de iniciar una nueva contienda bélica en Yemen, lo han llevado a determinar que siendo Colombia su principal portaviones en América Latina y el Caribe, no le resulta aceptable la insolvencia de las fuerzas militares del vecino país para derrotar la guerrilla y frenar los suministros de droga que tienen a Estados Unidos como el mayor y más seguro consumidor.

El Presidente de Estados Unidos ha tenido que ceder en materia internacional para lograr lo que ha considerado prioritario para su gobierno. El esfuerzo que ha tenido que hacer para convencer a sus propios correligionarios demócratas de la necesidad de aprobar la reforma de la salud que ha vendido como la gran panacea de su gobierno ha cobrado varias víctimas, entre ellas Uribe y su ambición reeleccionista. Por otro lado, las obligaciones asumidas con el Complejo Militar Industrial para sostener las guerras en el Oriente Medio y Próximo lo hacen prevalecer en su solicitud de fondos para incrementar su presupuesto bélico hasta 636 mil millones de dólares este año, de los cuáles 128.300 millones son para Afganistán e Irak, 65 mil millones extras para la lucha contra los talibanes, 30 mil millones para incrementar en 30 mil los soldados en Afganistán y entre 26 y 56 mil millones para financiar el reclutamiento de mercenarios llamados eufemísticamente “contratistas privados”.

El Plan Colombia se ha visto afectado financieramente hablando. Estados Unidos ha tenido que pensar en la necesaria reforma de su política hacia Colombia y obligar a su Israel latinoamericano a ser más eficiente en el uso que le está dando al dinero de los contribuyentes estadounidenses en este país ocupado. Obama no puede seguir sosteniendo la presión del lobby de un sector del partido demócrata que se niega a firmar el TLC con Colombia y que ha obligado a reducir los recursos para el Plan Colombia en el año en curso. Adicional a esto, la creciente actividad de Organizaciones No Gubernamentales estadounidenses que claman por el respeto a los derechos humanos en el país sudamericano y piden el cese de la represión contra sindicalistas y líderes populares, exigen el esclarecimiento de los crímenes del gobierno, entre ellos el tristemente conocido como de los “falsos positivos” que ocasionó el asesinato de alrededor de dos mil jóvenes, y la paralización de los desplazamientos que ya involucran a más de cuatro millones de colombianos, han obligado a la potencia imperial a hacer un esfuerzo por “maquillar” la imagen de su aliado.

Estados Unidos ha comenzado a maniobrar en Colombia, al igual que en el Chile de 1988, cuando la presencia de Pinochet al frente de la dictadura de ese país había dejado de ser satisfactoria para sus intereses. Inició entonces la búsqueda de una salida negociada que impidiera que el fin de la dictadura produjera una salida proclive a los intereses populares. La respuesta y el “remedio” fue la Concertación de Partidos por la Democracia que negoció con el pinochetismo para mantener incólume el sistema neoliberal y el entramado de leyes que lo sustenta.

Hoy, Uribe, al igual que Pinochet no resulta favorable a la lógica geopolítica del sistema imperial y en esa medida Estados Unidos ha maniobrado para lograr su relevo.

2. El nuevo escenario



Toda esta situación genera un nuevo escenario político en Colombia y por ende en la región. Una eventual modificación de la orientación del gobierno colombiano crearía mejores condiciones de coexistencia en el subcontinente. Ese es el riesgo que ha asumido Estados Unidos y por eso el mismo día que se dio a conocer el fallo de la Corte Constitucional, el Director General de la CIA, León Panetta visitaba Bogotá para una “reunión privada” con el Presidente Uribe.

En estas condiciones, las elecciones legislativas del 14 de marzo servirían como termómetro para medir el pulso electoral de cara a las presidenciales de mayo. Los resultados, celebrados estruendosamente por el uribismo, no reflejan, sin embargo, una realidad electoral que sea determinante para definir desde hoy quien será el próximo presidente del país vecino.

Una abstención de casi 56% además de deslegitimar el resultado, dan cuenta de un agotamiento del sistema político, por lo menos en la fase electoral de su democracia representativa. Diversas organizaciones de observación electoral independientes señalaron que aunque fue exitoso el evitar ataques de la guerrilla a los comicios, no puede decirse lo mismo de la compra de votos, el proselitismo de grupos paramilitares armados, la ausencia de una pedagogía electoral que disminuyera el alto número de votos nulos y la evidencia de un creciente ingreso al parlamento de personas vinculados de manera directa o indirecta a personeros paramilitares, algunos de los cuales incluso se encuentran en prisión. Esto es particularmente visible en los nuevos parlamentarios del Partido de Integración Nacional (PIN), pero también en todos los partidos uribistas.

Muchas de estas anomalías fueron denunciadas con bastante antelación por estas organizaciones, sin embargo fueron obviadas por el gobierno, que más bien se hizo de la “vista gorda” ante las innumerables evidencias presentadas. La patente incapacidad de las instituciones electorales, llevaron al propio ministro del interior Fabio Valencia a decir “que no existen garantías para las elecciones presidenciales de mayo próximo”.

Por otro lado, si consideramos que sólo votó el 44,2% de los ciudadanos con edad electoral, estaríamos diciendo que hicieron uso de ese derecho alrededor de 13 de los 29 millones de personas habilitadas para hacerlo. Si a ello le restamos alrededor de 2.6 millones de votos nulos o en blanco y lo que en Colombia se llama “no marcado” y aproximadamente los 3.6 millones que no votaron por ninguno de los partidos uribistas, llegamos a la conclusión que sólo el 24,1% de los votantes apoyaron a los partidos que sustentan al actual mandatario, de ellos sólo 10% dio sus votos a los miembros de la tolda de Uribe, el Partido de la U, lo cual es un mentís rotundo al tan cacareado apoyo masivo a su gestión, señalado por las encuestas.

Es trascendente mencionar que tal vez el resultado más importante del proceso eleccionario no se produjo en la votación para el parlamento mismo sino en la interna del Partido Conservador en la cual el “delfín” de Uribe, el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias fue derrotado por Noemí Sanín. El llamado “Uribito” desarrolló una fogosa campaña encaminada a mostrarse ante el electorado como el heredero del Presidente, sin embargo y aunque entre él y Sanín no existen grandes diferencias ideológicas, su evidente y pública vinculación con el escándalo de corrupción del “Agro Ingreso Seguro” le pasó cuenta en sus aspiraciones presidenciales causándole a Uribe su primera derrota electoral importante, cuando los conservadores prefirieron a una candidata que insistía en la necesidad de un aspirante propio en contraposición a la propuesta de Arias de crear una alianza con el partido de la U. Vale mencionar que ambos pre-candidatos desataron una violenta verborrea anti-venezolana como se ha hecho habitual en cualquier candidato de derecha en nuestra región.

3. Santos, la continuidad de Uribe

Aunque todos los candidatos de los diferentes partidos de la derecha colombiana, han manifestado su lealtad a Uribe y su proyecto, la derrota de Arias en las internas del Partido Conservador deja a Juan Manuel Santos como el más seguro continuador de las políticas uribistas. Su eventual victoria electoral consumaría el proyecto estadounidense de mantener todo igual, lavando la cara del régimen.

Habría que estudiar, sin embargo, si esta posibilidad que todas las encuestas anuncian como cierta, está ya consumada. En un reciente artículo la revista “Semana” propiedad de familia Santos anuncia en portada su artículo central “Tocosán, (todos contra Santos)” y hace un análisis acerca del ”por qué a Juan Manuel Santos no le va a quedar tan fácil llegar a la presidencia como parece”.

Como informa el artículo – y todo colombiano sabe- Santos no genera los consensos en la clase política, ni en la clase empresarial, tampoco en la oligarquía, que Uribe si había logrado construir. El ex ministro de defensa - por razones obvias- tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación. Semana dice que Santos tiene fama de arrogante y enemigos muy poderosos, además de “más dinero, más maquinaria, más medios de comunicación y más asesores gringos que los otros candidatos”. Más adelante, y al compararlo con Uribe dice que es la antítesis de éste porque “tiene imagen de elitista, es bogotano, no se le ha medido nunca a una elección y se ha hecho acreedor al rótulo de no tener carisma”.

Por otro lado, la victoria de Noemí Sanín en las internas del partido “azul” generan la posibilidad – ya expresada en las encuestas- de que la segunda vuelta pueda ser entre ella y Santos y aquí podría entrar a jugar un papel decisivo el “Tocosán”, creándose la posibilidad incluso de que los liberales, archi enemigos históricos de los conservadores , le den su apoyo a Sanín para poner distancia del eventual continuador de la política de seguridad democrática, padre de la monstruosa creación de los “falsos positivos” y gestor de la instalación de las bases militares estadounidenses en territorio colombiano.

En una probable segunda vuelta entre estos dos candidatos, Sanín –contra su voluntad- se vería obligada a atacar a Santos y trataría -en la medida de los posible- de establecer difíciles distancias de contenido entre Uribe y Santos, transformando la forma en contenido, haciéndole – de esa manera- el juego a la maniobra imperial, que la vería con buenos ojos como una forma de “consolidación de la democracia colombiana y fortalecimiento de las instituciones” pudiendo además mostrar distancia respecto de algún candidato que pudiera ser interpretado como el “favorito de Washington”. Cualquier otro candidato que enfrente a Santos en segunda vuelta cambia el cuadro político, lo cual produciría nuevas y posibles inéditas alianzas.

Esto es lo único que parece evidente a estas alturas. Ningún candidato –ni siquiera Santos- va a triunfar en la primera vuelta, lo cual dispara las especulaciones de los analistas en torno a esas alianzas que se podrían construir para derrotar a Santos.

4. El ataque verbal y mediático a Venezuela como eje de la campaña

Como dijimos anteriormente, se ha ido transformando en una “tradición” de las derechas que en las campañas electorales en América Latina se involucre a Venezuela y al Comandante Chávez como una amenaza para el normal desenvolvimiento de las mismas. “El peligro Chávez” es una bandera que se ha ido enarbolando como pendón del pensamiento conservador, retrógrado y fascista de sectores anquilosados que se resisten al cambio.

Colombia no ha sido ni será la excepción. Los periodistas venezolanos Mauricio Rodríguez y Yaifred Ron han elaborado un excelente trabajo publicado en www.rebelion.org en el que denuncian las campañas contra Venezuela en diferentes contiendas electorales del continente.

En el caso de Colombia, los citados comunicadores sociales exponen que “nuestro país ya se ha visto envuelto de manera indirecta a través del juez español que ha buscado involucrar al gobierno venezolano con las FARC y con ETA. Sin duda, una de las lecturas prácticas de ese movimiento táctico de la derecha latinoamericana -organizada a través del Partido Popular español-, es la influencia en esa elección, pues seguramente ese tema se mantendrá en la palestra pública -con picos de escándalo- durante el periodo electoral colombiano.

Es de esperarse que Venezuela y, en particular Chávez, se convierta entonces en tema principal en la agenda electoral colombiana, puesto que por esta vía la derecha uribista podría nuclear a un importante sector de los votantes.

Ya hemos visto, aunque con intenciones diferentes, la presencia de Chávez en la campaña electoral colombiana. En primer lugar, el candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, en Bucaramanga, marcó distancia de Chávez, con lo cual pareciera anticiparse a la campaña de propaganda negra contra él: “Yo no voy a ser un Chávez, que va a recorrer las calles diciendo ¡exprópiese, exprópiese, exprópiese!, no nos vamos a poner una boina roja, no vamos a expropiar el fruto del trabajo a los colombianos. Nos pondremos esta guayabera colombiana blanca. Lo que vamos a hacer es solucionar de frente los problemas de Colombia”1.

Por otra parte, precisamente como parte de esta guerra de propaganda que hemos esbozado arriba, entrevemos en las palabras emitidas recientemente por el presidente colombiano Álvaro Uribe la clara intención de colocar a Chávez en el centro de la polémica electoral. En concreto, resaltan las siguientes palabras de Uribe: “Los colombianos no podemos dejar que los gobiernos extranjeros nos presionen para que los colombianos elijamos un candidato presidencial que quieran gobiernos extranjeros”2, sin precisar a qué gobiernos y qué candidatos se refería.

Estas expresiones de Uribe pueden ser leídas como una táctica para inducir una interpretación frente a palabras emitidas, primero por el presidente Chávez y luego por el canciller Nicolás Maduro, según las cuales nuestro gobierno restablecerá plenamente las relaciones con Colombia con el gobierno que surja en ese país luego de las elecciones. Al menos así lo recogen la mayoría de medios. Veamos la cita del canciller Maduro que hace el diario argentino Clarín:

"Todo pareciera indicar que hay que esperar el desenlace del proceso electoral colombiano y la llegada de un nuevo jefe de estado en Colombia para avanzar realmente a paso firme en las relaciones, y todo lo que se pueda hacer hoy debería crear condiciones para ese momento''.

El ministro de Relaciones Exteriores del presidente Hugo Chávez agregó que "aspiramos que con el nuevo mandatario de Colombia se puedan establecer en términos claros las relaciones, sobre la base del respeto".

Esa campaña se intensifica con nuevas declaraciones del presidente Uribe repitiendo lo que dijo el pasado 8 de marzo sobre gobiernos extranjeros inmiscuyéndose en la campaña. Dos días después, repite esa misma idea fuerza, sólo que ahora dice poseer un documento que lo certifica -es decir, ya creó la prueba- y señala, sin nombrarlo, a un candidato específico. Suponemos que se refiere a Gustavo Petro, pero en todo caso, al no nombrar a nadie genera el rumor, que como fenómeno comunicacional se caracteriza por la velocidad de circulación, la generación de expectativas y el alto grado de especulación que produce entre los opinadores mediáticos y la población. En fin, estas declaraciones de Uribe son un acto de campaña diseñado para mantener el tema de manera permanente en el proceso electoral colombiano.

Por otra parte, ese mismo día, nos encontramos con una “noticia” titulada “En Venezuela legalizan rutas de avionetas con droga”, que sostiene la intención perceptiva que se busca. En nuestro criterio, tal noticia también es un acto de la campaña para colocar a Venezuela como centro de la agenda pública y electoral en Colombia.

Luego, Uribe continúa su esfuerzo, esta vez desde Chile, en entrevista con el diario de derecha El Mercurio. Si bien, hasta ahora hablaba de gobiernos extranjeros inmiscuyéndose en las elecciones colombianas, ahora ya directamente es señalada Venezuela.

Y como parte de esta escalada, el 11 de marzo, una nota de EFE, señala que supuestamente fueron encontrados explosivos pertenecientes a las FARC destinados a atentar contra Uribe. Uno de los presuntos carros bomba tenía placa venezolana.
De esta forma, se sigue definiendo la agenda electoral, y se mantiene la idea de que la democracia colombiana está en riesgo, por lo cual es necesario mantener la política de guerra denominada “seguridad democrática”.
Así se evita también el debate sobre los graves problemas sociales que se han profundizado en Colombia en los últimos años, el fenómeno de la parapolítica, los falsos positivos, el desplazamiento de los campesinos, las fosas comunes con miles de desaparecidos, los escándalos por el otorgamiento de más tierras y de créditos blandos a los grandes terratenientes. Busca, además, presionar a la Corte Suprema de Justicia que está revisando los acuerdos firmados con EEUU para la instalación de las bases militares.
Como vemos, el “factor Chávez” ha comenzado a rodar en Colombia, tal cual lo ha hecho en otros países del continente, con la derecha y sus medios desinformando y desvirtuando. Y si bien esto es funcional para los procesos electorales, tampoco debe perderse de vista el objetivo general de seguir construyendo un expediente internacional contra nuestro país:

* Intervencionismo electoral, que deriva en la construcción de una imagen general de Chávez como factor de desestabilización de la democracia en los países de la región.

* Chávez terrorista, asociado con ETA, las FARC, Hamas, etc.

* El gobierno de Chávez como facilitador de las operaciones de narcotráfico internacional”



Hasta ahí la oportuna investigación de Mauricio Rodríguez y Yaifred Ron que nos pone el tema en la perspectiva del manejo comunicacional y mediático, estableciendo con claridad meridiana el infame papel que la derecha internacional le hace jugar a las grandes corporaciones comunicacionales de nuestra región y del mundo.

5. No cesa la ofensiva desestabilizadora de la derecha internacional

En un trabajo publicado en www.voltairenet.org en noviembre de 2007, -al estudiar la lógica de la agresión verbal del rey español en contra del Presidente Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile-, expuse que “el altercado originado ese día, no fue un incidente menor, es la culminación de un largo proceso de provocaciones, injerencias e intentos desestabilizadores y golpistas de la derecha internacional en la cual a Aznar le ha cabido un papel relevante, en particular en el golpe de estado de abril de 2002 en Venezuela”

Tres años después, esa lógica no sólo se mantiene, se ha profundizado. La idea de involucrar al Presidente Chávez y a Venezuela en toda contienda electoral de nuestra región es prueba de ello. Hoy, el Partido Popular (PP) y José María Aznar como “director de orquesta” pretenden también vincular al proceso bolivariano en la problemática interna de ese país en su búsqueda desesperada de regresar al control del gobierno.

No le bastó al ex presidente español su mala experiencia al mentir a su pueblo y a la opinión pública internacional en su afán de retener la presidencia de su país cuando falseó la información referida al atentado terrorista en Madrid el 11 de marzo de 2004. Ahora recurre a Eloy Velasco, un juez que ocupó un importante cargo en el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana de 1995 a 2003, para construir una nueva falacia contra Venezuela que en realidad persigue además de atacar al gobierno de nuestro país, elevar a su pupilo en el ámbito internacional en detrimento de Baltasar Garzón, un “juez estrella” más cercano al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quien osó iniciar una investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo en su país. Dicha investigación involucraría evidentemente a los fundadores del PP, padres y parientes de los actuales líderes de ese partido incluyendo al propio Aznar.

No tuvo empacho en implicar a Venezuela para enlodar la investigación de Garzón elevando a un mediocre juez de segunda y enrostrar al PSOE y al Presidente Rodríguez Zapatero responsabilidades que éste no tiene y que en Venezuela, más bien involucran a líderes políticos de la fenecida cuarta república.

6. Algunas conclusiones

Pareciera un juego de ciencia ficción incorporar en una sola lógica la dinámica internacional, la crisis de Estados Unidos, las elecciones en Colombia y la problemática interna que envuelve al estado español, pero la acción de la derecha fascista internacional gira en torno a un eje que se mueve en contra de la lucha por la democracia, la soberanía y la salvaguarda de nuestro planeta. Ese eje tiene su base en el PP español y orienta la actividad de los partidos políticos de la derecha más retrógrada y de su principal sustento: las grandes corporaciones mediáticas, que han transformado cual fascinadores goebbelianos, la mentira en verdad.

Nuestra América ha iniciado trascendentes cambios políticos en varias latitudes. A Venezuela le ha cabido la honra de iniciar un proceso revolucionario que ha dinamizado las transformaciones en otros países hermanos. Los pueblos de América han despertado y la derecha está al acecho.

El próximo escenario de la contienda es Colombia, país en que la distorsión mediática ha construido falsas cifras que han querido mostrar como positivas gestiones de un gobierno que no resiste un control de su situación de derechos humanos, con un presidente sindicado de narcotraficante por el propio FBI, que se mantiene entre los mayores del mundo en cantidad de desplazados por el conflicto, que atenta y viola la soberanía de los países vecinos y que para satisfacer la voracidad imperial es capaz de aceptar la violación de su propia constitución para aceptar la instalación de bases militares extranjeras que amenazan la voluntad soberana de otras naciones.

Nada de esto tiene que ver con los países vecinos y sus presidentes. La voluntad soberana del pueblo debe respetarse, pero un país que su presidente es elegido por poco más del 20% de los ciudadanos con posibilidad de votar, los comicios son legales, pero ilegítimos, incluso en las condiciones de la democracia representativa.

Habrá, entonces que investigar las razones por las que el pueblo ha dejado de creer en el modelo, las causas no se pueden buscar en el extranjero, las condiciones internas de exclusión, marginación y violación de los derechos humanos, hacen del sistema político colombiano un prototipo inviable a mediano plazo, sostenido hoy cada vez más por los vínculos del narcotráfico y los paramilitares con la clase política. Estados Unidos lo sabe y ha querido tomar medidas a tiempo. Su portavión sudamericano no debe hundirse. Uribe aunque amigo, es indeseable, mejor que se hunda solo para tratar de salvar la nave.