8 de septiembre de 2015.- Como si se tratara de un simple ajuste semántico, mediante la ley 975 de 2005, Colombia "eliminó" el paramilitarismo. En ese instrumento jurídico, promulgado durante del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se suprime el término y se sustituye por el de "organizaciones criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico". Las recientes declaraciones de la canciller neogranadina, María Ángela Holguín, así lo confirman.

En una conferencia ofrecida el pasado jueves, la jefa de la diplomacia colombiana aseguró que con esa ley, Colombia había erradicado el paramilitarismo porque ya "no utilizábamos esa terminación".

De esta forma Holguín respondía la petición de Venezuela de buscar una solución conjunta en la frontera para combatir ese flagelo, luego que tres funcionarios de su Fuerza Armada fuesen atacados por grupos paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción.

Frente a ese ataque a la soberanía y a la seguridad de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida de manera indefinida el pasado viernes 21 de agosto.

Sin embargo, el paramilitarismo colombiano es más que un asunto de nomenclatura. Datos de la Fiscalía General colombiana detallan que desde la década de los noventa hasta 2010, fueron perpetrados más de 21.000 homicidios por parte de esos grupos al margen de la ley. Las evidencias de ese horror están en las 3.200 fosas comunes descubiertas y los numerosos folios en el que están contenidas las confesiones de desapariciones, secuestros, violaciones, torturas, utilización de hornos crematorios y otras prácticas en contra del pueblo colombiano.

El proyecto de Uribe

El escritor y columnista colombiano León Valencia, en un artículo de su autoría publicado en el libro Las perlas uribistas (2010), da cuenta de la estrategia del ex mandatario colombiano para desmovilizar las estructuras visibles de esas organizaciones "y buscar el ingreso a la vida civil de sus jefes, lo que dejaba intacto su enorme fondo de riquezas y poder político".

El mecanismo, cuenta Valencia, fue mediante la creación precisamente de la ley 975. El instrumento jurídico, promovido por Uribe ante el Congreso, les permitía a los paramilitares quedar bajo el amparo de la figura de "sedición", eximirse de confesar sus crímenes para obtener beneficios procesales y la considerable rebaja de las penas.

Sin embargo, la Corte Constitucional emitió luego una sentencia en contra de esas exenciones. Al mismo tiempo, el máximo tribunal de ese país emprendió las investigaciones de los nexos entre los paramilitares y los políticos. Esa acción dejó al descubierto las negociaciones que había hecho el gobierno de Uribe con los jefes del paramilitarismo.

Las decisiones de ambas Cortes fueron consideradas por los jefes paramilitares como una "traición" a la promesa de Uribe de una reinserción tranquila. La consecuencia fue previsible: las organizaciones retomaron su actividad criminal.

Como ejemplo del error, Varela cita el caso de Medellín, donde Uribe y el alto comisionado de paz pactaron con Diego Murillo, alias don Berna, la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, "pero dejaron intacta la llamada 'Oficina de Envigado', es decir, la estructura madre de todo el paramilitarismo en la ciudad".

Después del retiro de los paramilitares de las negociaciones, se desató nuevamente la criminalidad en la zona y retomaron el control de los barrios "en una escalada de violencia que disparó los homicidios a los niveles que estaban en el año 2003".

Sin embargo, la solución que encontró Uribe en ese momento para "minimizar el fenómeno y esconder el fracaso de la negociación con los paramilitares", es la misma aplicada por la actual administración de la Casa de Nariño: darle otro nombre a esos grupos violentos al margen de la ley.

"Les ha dado el nombre de Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, Bacrim, a los nuevos grupos y ha insistido una y otra vez que son una realidad totalmente distinta a las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero lo cierto es que estas organizaciones hacen cosas muy parecidas a los anteriores paramilitares".

En ese mismo artículo, el columnista agrega que esa situación de desborde criminal por parte de los paramilitares se repite "en ciudades como Cali, Barranquilla, Montería, Cartagena y en zonas del sur del país, Llanos Orientales, Magdalena Medio y en la frontera con Venezuela".

Construcción de una nueva frontera

La creciente violencia fronteriza, producto de la actuación de los paramilitares, ha sido denunciada por Venezuela no sólo en el ámbito bilateral. La semana pasada, en China, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para exponer los desafíos que enfrenta el país en la zona limítrofe con el vecino país.

Maduro explicó a Ban Ki-moon que en la costura de 2.219 kilómetros que une a ambos países "gobiernan los paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes, porque ellos (el gobierno neogranadino) abandonaron la frontera".

Días previos a que se agudizara la tensión diplomática entre Caracas y Bogotá, la canciller venezolana había solicitado a Colombia -entre otras peticiones- la entrega de la lista de paramilitares desmovilizados, con el objetivo de plantear una estrategia de seguridad conjunta que permitiera minimizar la violencia de esos grupos en contra de la población que vive en la zona limítrofe.

Según los datos del gobierno colombiano, en ese país fueron desmovilizados más de 31.600 paramilitares. Sin embargo, en la carta enviada en 2006 por Iván Roberto Duque, paramilitar colombiano de las Autodefensas Unidos de Colombia (AUC), al alto comisionado Luis Carlos Restrepo, informa que los jefes de esas organizaciones eran más de 40 y en las cárceles sólo habían 19.

Los mandos medios, al quedar excluidos en los listados de "Justicia y Paz", retornaron a sus actividades armadas: "El auge de la violencia en 2009 muestra igualmente que la disminución de los actos criminales fue temporal en muchas regiones, lo que convalida las aseveraciones de Báez", destaca Varela en su referido artículo.

Un informe del Comité de la ONU contra la Tortura, divulgado en mayo de este año, alertó sobre las "deficiencias" que hubo en el proceso de desmovilización de paramilitares.

El organismo manifestó además su preocupación porque el proceso "habría dejado impunes numerosos crímenes cometidos por miembros de los grupos paramilitares, negando así a las víctimas el derecho a una reparación plena", reseñó el diario El Colombiano en esa entonces.

Según datos oficiales, frente a 266.552 denuncias recibidas entre 2010 y 2013, sólo se habrían dictado 10.671 sentencias condenatorias.

Próximo diálogo

Ante este panorama, la postura de Venezuela ha sido la de retomar el diálogo para consensuar una solución conjunta al problema de la violencia en la frontera común.

"Al presidente Santos nuevamente le hago un llamado. No tenga miedo al diálogo Presidente (Santos). Solo a través del diálogo, usted y yo podemos canalizar la solución. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted dónde usted diga, cuándo usted diga y cómo usted diga", agregó Maduro.

Este lunes, tras los reiterados llamados de Maduro a sostener una reunión cara a cara, Santos aceptó sentarse a resolver el diferendo con la mediación de Uruguay.

"La semana pasada recibí una llamada del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que ofreció sus buenos oficios para facilitar un diálogo con Venezuela, acepté su ofrecimiento y le comuniqué que la reunión fuera inclusive en Montevideo si él lo considera necesario", declaró Santos, quien agradeció a los demás países y organismos que también promovieron la propuesta de un encuentro bilateral.