09 de febrero de 2020.- La transnacional Odebrecht interpuso una demanda en contra del Estado peruano, exigiendo el pago de US$ 1,200 millones, argumentando que el gobierno peruano incumplió con sus obligaciones respecto al proyecto del Gasoducto del Sur, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que esta demanda "no tiene ningún sustento".

"Una demanda en la que no encontramos absolutamente ningún sustento porque, en ese momento, el 2017, las causas eran imputables al contratista. No había cumplido con su compromiso en el cierre financiero, (había) vencido el plazo. Con todo derecho y justificación el Estado peruano caduca ese contrato", señaló Vizcarra sobre el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en declaraciones a periodistas en una visita de trabajo a la ciudad de Arequipa.

La solicitud, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, exige a Perú dicha indemnización porque, según la empresa, al caducar el contrato para la realización del proyecto del GSP, el Estado peruano "violó sus obligaciones" fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.

En ese orden de ideas, Vizcarra se mostró confiado en que el Ciadi desestimará dicha demanda porque el Estado peruano tiene "argumentos técnicos y morales", subrayó.

"No dudamos que adicionalmente a los argumentos técnicos va a haber incluso argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que ha habido irregularidades y corrupción en este proceso", añadió Vizcarra.

"[El] Ciadi, que es una instancia que depende del Banco Mundial, y el Banco Mundial, que también da todas las facilidades para luchar contra la corrupción, no dudamos que adicionalmente a los sustentos y argumentos técnicos, económicos y legales, también en este caso, va a haber incluso argumentos de carácter legal, porque los propios funcionarios de Odebrecht, ellos han aceptado que hubo irregularidades, ha habido corrupción en este proceso", aseguró.

No obstante, se debe precisar que en julio del 2019, fue el fiscal del equipo Lava jato, Rafael Vela, quien dijo que la empresa había reconocido actos ilícitos en el Gasoducto, y que incluso firmó un documento en donde reconocía su situación, pero no fue un pronunciamiento de la compañía.

"Dentro del proceso de colaboración eficaz, tenemos un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto de lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto. Cualquier otra especulación carece de veracidad", señaló en aquella oportunidad Vela, desde Brasil.

Al margen de esos antecedentes, ayer Rafael Vela aseguró -más que preocupado- haber planteado a Odebrecht que se desista de la demanda que presentó contra el Estado peruano ante Ciadi, en tanto ya han reconocido culpabilidad en actos ilícitos en el caso del Gasoducto.

"Lo que nosotros hacemos, porque tenemos que compatibilizar estrategias, es llamar a Odebrecht como lo hicimos en el caso de Graña y Montero cuando conocimos que demandaron al Estado. Los llamamos, nos reunimos y les hicimos saber nuestra postura al respecto", sostuvo en radio Exitosa.

Luego enfatizó en la necesidad de "ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda, en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso, porque si no tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor", añadió.

Recordando el caso Graña y Montero, Vela añadió que a esta empresa le plantearon que desista de la demanda que pensaban planear ante Ciadi contra el Perú porque habría "incompatibilidad" con el acta de culpabilidad firmada en el caso Gasoducto.

"Lo mismo hemos hecho con Odebrecht porque existe un acta de culpabilidad […] Lo procesal es que ellos determinen o ratifique el contenido del acta de culpabilidad que ya tienen con nosotros desde hace varios meses", subrayó.

"Es un contrasentido que demanden siendo culpables, pero eso es un asunto de ellos, nosotros no podemos intervenir en nada, pero podemos decirles que es un gesto inamistoso que genera turbulencia, enrarece y le da municiones a quienes nos atacan", insistió.

El punto de vista de Odebrecht, sin embargo, es otro. En una carta dirigida a Rafael Vela esta semana, Odebrecht señala que si bien cometió "actos ilícitos", se ha mostrado a favor de colaborar con el sistema de justicia peruano, brindando información, como se ha podido observar en el acuerdo de colaboración eficaz.

Sin embargo, han hecho saber por diferentes canales que esos "ilícitos" no tienen contenido penal, es decir no son delitos, o en todo caso se dieron "entre privados".

Además, en otro comunicado presentado en la víspera, la empresa aseguró que está dispuesta a "cancelar el proceso de arbitraje" en contra del Estado peruano, si el Gobierno acepta sostener reuniones con los representantes de la transnacional.

Y desde Sao Paulo, la constructora indicó –en una suerte de chantaje al Perú– que sigue dispuesta a retirar la demanda con tal de que el gasoducto del sur pueda ser realizado por otra u otras empresas que le compren los activos que tiene invertidos en ese proyecto.

"Odebrecht sigue con total disposición de buscar el mismo camino, permitiendo suspender y, hasta, en un futuro cancelar el proceso arbitral. Es importante aclarar que esta acción tiene el objetivo de preservar el derecho de acreedores y no busca ‘garantías indebidas’, sino el resarcimiento del capital 100% privado invertido y que permitió el avance físico de 33% de obra, que hoy en día se encuentra en manos del Estado peruano", se observa en el segundo comunicado.