Regresar al 17 de junio de 2017 es como mirar atrás en el tiempo, un período en el que los desastres provocados por eventos meteorológicos extremos se suceden sin descanso. El cambio climático ha convertido estas catástrofes en fenómenos más destructivos y frecuentes. Sin embargo, lo ocurrido hace seis años en una carretera portuguesa es fundamental para entender lo que acontecerá el próximo 27 de septiembre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Ese día, los gobiernos de 32 países, incluyendo a España, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder a una demanda presentada por seis jóvenes, quienes alegan que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para abordar un cambio climático que ya les perjudica y que empeorará en el futuro.
Martim Duarte Agostinho, uno de los demandantes, expresó esta semana: "Han sido seis años largos, un camino arduo y finalmente estamos viendo los resultados de nuestro esfuerzo". Los otros demandantes son sus dos hermanas y tres primos. Martim, con 20 años en la actualidad, recuerda vívidamente el trágico 2017 en Portugal, marcado por incendios devastadores. El 17 de junio de ese año, un feroz incendio estalló en un bosque de Pedrógão Grande, una localidad del centro de Portugal a una hora de su hogar. Murieron 64 personas, incluyendo 30 que quedaron atrapadas en sus vehículos mientras intentaban huir por la carretera, y nadie fue condenado por ese desastre. En octubre del mismo año, otra ola de incendios golpeó el norte del país. Estos eventos llevaron a los jóvenes a comprender la gravedad del cambio climático, que consideran una amenaza inmediata.
El caso se presentó ante el TEDH en septiembre de 2020 con el argumento de que la crisis climática viola varios de los preceptos protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la privacidad familiar, el trato inhumano y la no discriminación. El tribunal aceptó el caso y optó por un proceso acelerado.
La vista de este histórico juicio climático se llevará a cabo el 27 de septiembre en la Gran Sala, compuesta por 17 magistrados, y busca presionar a las naciones para que refuercen sus compromisos climáticos.
ACELERAR LOS ESFUERZOS DE MITIGACIÓN CLIMÁTICA
Gerry Liston, uno de los abogados de Global Legal Action Network, que ha estado liderando el caso desde el principio, sostiene que una sentencia favorable a los demandantes "actuaría como un tratado vinculante impuesto por el tribunal a los demandados, exigiéndoles que aceleren rápidamente sus esfuerzos de mitigación climática". Esta batalla legal fue posible gracias a una campaña de crowdfunding que recaudó más de 100.000 euros.
Los jóvenes demandantes han experimentado personalmente el impacto del cambio climático en sus vidas. Sofia dos Santos Oliveira, de 18 años y prima de Martim, señaló: "El cambio climático ha limitado severamente nuestra capacidad para participar en actividades cotidianas. Tengo lo que llaman ansiedad por el cambio climático". Su hermano André añadió que la crisis climática también afecta su salud mental debido a la preocupación por su futuro.
Los 32 países demandados son todos los miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Rusia, Suiza, el Reino Unido y Turquía, todos parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque inicialmente Ucrania estaba incluida en la demanda, el conflicto en curso con Rusia llevó al equipo legal de los jóvenes a retirarla del caso. Gearóid Ó Cuinn, director y fundador de Global Legal Action Network, describe este caso como una "batalla épica" y que hace historia legal, ya que nunca antes tantos países se han enfrentado a una demanda de esta magnitud.
NO SON VÍCTIMAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Los equipos legales de los 32 países demandados han respondido a los requerimientos del tribunal y han argumentado que los demandantes no han demostrado ser víctimas únicas de la crisis climática ni han sufrido daños graves y específicos como resultado de los incendios o el cambio climático en general.
En caso de que el tribunal emita una sentencia condenatoria, podría abrir la puerta a futuros litigios que vinculen el cambio climático y los derechos humanos, lo que podría llevar a activistas climáticos a acudir a los tribunales nacionales para presionar a sus gobiernos a tomar medidas más drásticas contra las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este caso histórico ante el TEDH se produce después de que Greenpeace intentara, sin éxito, presentar una demanda similar contra el Gobierno de España en un esfuerzo por exigir compromisos más sólidos en la reducción de emisiones. Los abogados de los seis jóvenes portugueses explican que las sentencias del TEDH suelen tardar entre nueve y 18 meses. Actualmente, el tribunal está considerando otras dos demandas relacionadas con la falta de acción contra el cambio climático, una contra Suiza presentada por una asociación de personas mayores y otra de un exalcalde francés contra su propio gobierno. Todas estas demandas están siendo analizadas por la misma sala del TEDH, aunque aún no está claro si habrá una sentencia conjunta o separada para estos casos.
@mundiario
