4 de diciembre de 2023.- Las objeciones a las políticas progresistas suelen basarse en el costo. Sería fantástico tener un mundo más justo y más sostenible, se argumenta, pero ¿de dónde vendrá el dinero para pagarlo?

Estas objeciones, que curiosamente no parecen aplicarse a cuestiones como las subvenciones públicas a los combustibles fósiles o las exenciones fiscales a las empresas, son en su mayor parte falsas porque no tienen en cuenta el coste de una serie de lo que los economistas llaman «externalidades», el impacto negativo que la forma actual de hacer las cosas tiene sobre el clima, el ambiente, la calidad de vida, la salud humana, etc.

Pero lo que tal vez sea incluso peor es que estos argumentos frecuentemente no tienen sentido incluso si uno se centra exclusivamente en el “resultado final”.

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación la Agricultura (FAO) sobre “La situación de la mujer en los sistemas agroalimentarios” muestra que el negocio alimentario es un buen ejemplo de ello.

El informe va más allá de la agricultura y ofrece una imagen integral de la situación de las mujeres que trabajan en todos los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta la distribución y el consumo de alimentos.

Demuestra cómo abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios y empoderar a las mujeres no solo reduciría el hambre y reforzaría la resiliencia a los efectos del cambio climático y crisis como la pandemia de Covid-19, sino que también impulsaría la economía global.

El estudio explica que cerrar la brecha de género en la productividad agrícola y la brecha salarial en el empleo agrícola aumentaría el producto interno bruto mundial en casi 1 billón de dólares.

También reduciría en 45 millones el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en todo el mundo.

Además, si la mitad de los pequeños productores se beneficiaran de intervenciones de desarrollo centradas en el empoderamiento de las mujeres, se aumentarían significativamente los ingresos de 58 millones de personas más y aumentaría la resiliencia de otros 235 millones, afirma.

«Abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios y empoderar a las mujeres es fundamental para lograr los objetivos globales de reducción de la pobreza y acabar con el hambre», afirmó Lauren Phillips, directora adjunta de la División de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género (ESP) de la FAO y una de las autoras del informe.

“Como se destaca en nuestro informe, los beneficios de crear oportunidades para las mujeres en los sistemas agroalimentarios son enormes y pueden mejorar la seguridad alimentaria, el bienestar, el crecimiento económico y la resiliencia de comunidades enteras, particularmente en las zonas rurales.

“Al adoptar políticas, programas e inversiones diseñadas intencionalmente para empoderar a las mujeres y abordar las brechas que enfrentan en el acceso a recursos y activos, estaríamos un paso más hacia sistemas agroalimentarios más justos, resilientes y sostenibles”.

El informe detalla las muchas formas en que las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios frecuentemente reciben malos tratos.

Las desigualdades en los sistemas agroalimentarios frenan a las mujeres en todos los niveles, afirma.

El informe dice que los roles de las mujeres tienden a estar marginados y sus condiciones laborales suelen ser peores que las de los hombres, ya que a menudo son irregulares, informales, a tiempo parcial, poco calificadas o requieren mucha mano de obra.

Dice que las mujeres que tienen empleos asalariados en la agricultura ganan 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres.

Las mujeres también tienen menos seguridad en la tenencia de la tierra, menos acceso al crédito y la capacitación, y tienen que trabajar con tecnología diseñada para hombres.

Junto con la discriminación, estas desigualdades crean una brecha de género de 24 % en la productividad entre mujeres y hombres agricultores en explotaciones de igual tamaño.

El informe también indica que, cuando las economías se contraen, los empleos de las mujeres van primero. Dice que el 22% de las mujeres en los segmentos «no agrícolas» de los sistemas agroalimentarios perdieron sus empleos en el primer año de la pandemia de covid, en comparación con 2 % de los hombres.

El estudio confirma que las mujeres son más vulnerables a las crisis climáticas y los desastres naturales, ya que las limitaciones de recursos y las normas de género discriminatorias pueden dificultarles la adaptación.

Por ejemplo, la carga de trabajo de las mujeres, incluidas las horas trabajadas en la agricultura, tiende a disminuir menos que la de los hombres durante crisis climáticas como el estrés por calor.

El informe dice que el progreso en la reducción de la mayoría de las brechas de género se ha estancado o revertido desde que se publicó el último estudio similar de la FAO en 2010.

Añade que la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios persiste en parte porque las políticas, las instituciones y las normas sociales discriminatorias siguen limitando la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos a los recursos.

El estudio muestra que las intervenciones para mejorar la productividad de las mujeres tienen éxito cuando abordan la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brindan educación y capacitación y fortalecen la seguridad de la tenencia de la tierra.

El acceso a servicios de guardería también tiene un gran efecto positivo en el empleo de las madres.

Phillips dice que hay muchos ejemplos de cómo los proyectos dirigidos a las mujeres trabajadoras, 36 % de las cuales están empleadas en sistemas agroalimentarios en todo el mundo, en comparación con 38 % de los hombres trabajadores, generan mayores beneficios que aquellos que simplemente incorporan una perspectiva de género.

Uno de ellos es el Programa Conjunto “Acelerar el progreso hacia el empoderamiento económico de las mujeres rurales” (JP RWEE), ejecutado en asociación con las agencias alimentarias de las Naciones Unidas con sede en Roma, hermanas de la FAO, el PMA y el Fida.

El programa movilizó más de 1,9 millones de dólares a través de planes de ahorro y préstamo y llegó a casi 80.000 beneficiarios directos y más de 400 000 beneficiarios indirectos durante la primera fase de implementación entre 2014 y 2021 en Etiopía, Guatemala, Liberia, Kirguistán, Nepal, Níger y Ruanda.

Entre ellos, 40 000 personas se beneficiaron de actividades de fortalecimiento de capacidades en técnicas de producción agrícola y 20 000 personas fueron capacitadas a través de enfoques transformadores de género.

Entre otros resultados, el programa generó un aumento promedio de 82 % en la producción de las mujeres rurales involucradas.

“Aunque mucha gente me decía que no podía hacerlo, porque la tecnología es para hombres, no para mujeres, yo sabía que podía”, dijo Marta Benavente, ingeniera solar guatemalteca formada por JP RWEE.

“El JP RWEE me enseñó que las mujeres pueden hacer mucho más que las tareas domésticas. Y ahora mi comunidad lo sabe y mis hijas también”.