20 de marzo de 2024.- Colectivos de mujeres llegaron a la Corte Constitucional, en Quito, el 19 de marzo de 2024, para ingresar una nueva demanda para despenalizar el aborto.
Los colectivos buscan que la Corte Constitucional declare inconstitucional el artículo 149 del COIP, que sanciona con cárcel a quienes practican el aborto y a las mujeres que lo permiten.
Un grupo de ocho organizaciones feministas y de derechos humanos presentaron este martes 19 de marzo ante la Corte Constitucional de Ecuador una nueva demanda para despenalizar el aborto.
En el país, el aborto está permitido únicamente en los casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre.
La demanda presentada esta vez por el movimiento nacional ‘Justa Libertad’ busca que la Corte declare inconstitucional el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que castiga de uno a tres años de cárcel a quien practique el aborto y de seis meses a dos años a la mujer que permita que se lo practiquen.
«Esperamos que la Corte Constitucional reconozca que el aborto no es un delito, que no debe haber mujeres privadas de la libertad por haber abortado», expresó María Isabel Cordero, vocera del movimiento.
Las ocho organizaciones que forman Justa Libertad son Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas.
En 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ya despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes.
En ese momento, el entonces presidente Guillermo Lasso introdujo cambios que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La directora ejecutiva de Surkuna, Ana Vera, aseguró en declaraciones a EFE que la Corte Constitucional «es un órgano que tiene que estar a la altura del momento histórico que le va a tocar vivir justamente al conocer esta demanda».
«Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto, y además este es un mínimo en el marco de los derechos humanos», dijo Vera, para quien «el aborto no debe ser regulado por el código penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud, y en ese sentido debe ser garantizado a todo el mundo».
