23-10-24.-Durante casi cuatro días la isla estuvo sin luz y generó protestas callejeras en La Habana, Santiago de Cuba y otras ciudades. El gobierno respondió con amenazas represivas mientras sigue ajustando al pueblo y aplicando medidas pro capitalistas.

El viernes 18 de octubre se produjo un apagón general que prácticamente dejó a oscuras a todo el país. Al día siguiente, el hartazgo de la población (que viene soportando un durísimo ajuste desde hace años) generó protestas en distintos barrios fundamentalmente mediante cacerolazos. Hay que tener en cuenta que el corte de luz afecta de manera directa el abastecimiento de agua potable y gas, agravando seriamente la situación.



El servicio recién comenzó a reestablecerse paulatinamente este lunes por la mañana, pero no está asegurado que no haya nuevas caídas del sistema en medio de los efectos del huracán Oscar que viene golpeando a la isla.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel del Partido Comunista de Cuba (PCC) respondió a las protestas con amenazas represivas, siguiendo la orientación que aplican desde el estallido popular de julio de 2021 de criminalizar la protesta social.



El domingo, vistiendo uniforme militar, el presidente amenazó a quienes se manifestaban señalando que “particularmente en la noche de ayer, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente. Han tratado de provocar alteraciones de orden público (…) No vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”.

Díaz-Canel atribuyó el colapso del sistema eléctrico a “la guerra económica” que hace Estados Unidos y a los daños provocados por el huracán Oscar que está azotando la región. Todo el simbolismo, discursos y fuerzas represivas que despliega la burocracia gobernante no hacen más que mostrar la gravedad de la situación en su espectro más amplio, es decir, económico, político y social. En primer lugar, afloran una vez más las consecuencias de una crisis económica estructural que el gobierno agrava aplicando medidas pro capitalistas que solo benefician a un reducido sector. En segundo lugar, se evidencia que los discursos que apelan a la “disciplina” o el “esfuerzo” por “la patria” ya hace tiempo que perdieron efectividad y el control social pasó a depender mayormente de la represión estatal y paraestatal. En tercer lugar, y pese al salto represivo que ha dado el régimen de partido único desde 2021, el riesgo creciente de un nuevo estallido social que cuestiona directamente a la burocracia restauracionista como cara visible de las penurias cotidianas.

Efectivamente, el bloqueo imperialista que pesa sobre la isla desde 1961 ha generado siempre graves problemas, especialmente cuando Cuba no tiene un socio comercial como fueron la URSS en el siglo pasado o Venezuela en la primera década de los años 2000. Sin embargo, la burocracia del PCC ya no puede ocultar su responsabilidad cuando desvía los escasos recursos existentes a las áreas “rentables” de la economía como el turismo y mantiene intactos sus privilegios, mientras son desfinanciadas las áreas de servicios de consumo popular, como el sistema eléctrico, la salud o el abastecimiento de alimentos y otros elementos básicos. Estas áreas esenciales para la vida cotidiana de millones son puestas cada vez más bajo la lógica del mercado, es decir, que se deben autofinanciar.

Una excusa recurrente que presentan los funcionarios es que con los recursos que generan las actividades rentables, se financian los subsidios, servicios gratuitos, etc. Pero lo cierto es que el agua escasea para la población, mientras en las decenas de campos de golf a lo largo y ancho de la isla riegan todos los días sus extensos parques de césped. Mientras la histórica crisis habitacional se agrava día tras día y huracán tras huracán, se siguen construyendo hoteles y complejos turísticos que, además, en gran parte están vacíos ya que la industria turística cubana nunca recuperó los niveles pre pandemia. Lo cierto es que los almacenes estatales están prácticamente desabastecidos y lo poco que se consigue está en los que venden en moneda libremente convertible a precios casi prohibitivos para la mayoría de la población. O aquellos que tienen un móvil deben hacer malabares para comprar un poco de combustible, mientras los patrulleros y camiones policiales anduvieron sin parar todo el fin de semana para desalentar cualquier intento de protesta callejera. Y así podríamos seguir.

La burocracia del Partido Comunista está avanzando en la restauración capitalista, especialmente desde la implementación de la Tarea Ordenamiento lanzada el 1ro de enero (aniversario de la Revolución) de 2021 que provocó meses después el estallido social del 11 y 12 de julio. Las consecuencias, las paga el pueblo trabajador. Un lamentable ejemplo de las cínicas falsedades que pregonan la utilidad del capitalismo para resolver los problemas sociales.