Existe en EEUU una revista que ejerce una función esencial en un sistema democrático. Se llama Extra!, que es la revista del Media Watch Group, un grupo de analistas de los medios de información estadounidenses que muestra los errores, mentiras y manipulaciones que aparecen en dichos medios. Sería deseable que existiera una organización semejante que hiciera lo mismo en España, un país conocido también internacionalmente por la escasa calidad democrática de sus medios de información, altamente derechizados (con un número notable de excepciones).
En uno de sus últimos números, la revista Extra! muestra la manipulación que la prensa y los principales canales de televisión de EEUU llevan a cabo en su cobertura de los países de América Latina gobernados por las izquierdas. Esta manipulación, por cierto, se da incluso con mayor intensidad en la gran mayoría de los medios españoles. Hemos visto estos días la enorme movilización de El País en su intento de desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido, favoreciendo lo que, en caso de ser exitoso su intento, sería un golpe de Estado contra el gobierno de un partido que ganó las elecciones con un comportamiento escrupulosamente democrático, tal como atestiguó el centro de análisis de elecciones presidido por el ex presidente de EEUU, el Sr. Jimmy Carter, el cual, a pesar de indicar algunos elementos criticables de las elecciones, consideró que el resultado reflejaba la voluntad popular.
Ahora bien, los medios internacionales, dominados por intereses financieros hostiles a los gobiernos de izquierda, están estimulando ese golpe de Estado, con un comportamiento carente de escrúpulos y de la más mínima ética periodística. Por ejemplo, The New York Times, en su intento de mostrar que en Venezuela no hay democracia, escribió el pasado 24 de febrero que solo había en Venezuela un canal de televisión crítico con el gobierno presidido por Maduro, dato que inmediatamente se distribuyó a lo largo y ancho de los medios de comunicación del mundo. La falsedad de este escrito es evidente, pues la mayoría de televisiones en Venezuela son privadas (cuentan con casi el 75% de la audiencia) y su gran mayoría son contrarias al gobierno venezolano, tal como ya documentó el Carter Center en su informe sobre las elecciones presidenciales en abril de 2013. Este dato es sumamente fácil de documentar. Vea la televisión privada en Venezuela, que es la mayoritaria, y se dará cuenta. Es interesante indicar que El País, por cierto, también presentó la misma información manifiestamente errónea. Y como era predecible, Mario Vargas Llosa, en su artículo “La libertad en las calles” (El País, 09.03.2014), también escribió que “el único canal de televisión independiente que sobrevivía —Globovisión— fue sometido a un acoso tal…”. Vargas Llosa es bien conocido por su labor más propagandística que informativa, sin prestar mucha atención a los datos que utiliza. En realidad miente frecuentemente, pues es casi imposible que este Premio Nobel de Literatura no supiera que la mayoría de canales de televisión en Venezuela son privados y que casi todos son contrarios al gobierno.
Ahora bien, cabe resaltar que El País no hizo, sin embargo, lo que hizo The New York Times, el cual, ante la evidencia del error (recibió 13.000 notas de protesta), publicó una corrección escribiendo que “una versión anterior (24.02.14) de este artículo se refirió a Globovisión de una manera imprecisa… en realidad, tal canal no fue el único existente crítico con el gobierno” (26.02.14) (ver el interesante artículo de Mark Weisbrot sobre la cobertura de los medios sobre Venezuela, en CounterPunch, 05.03.14).
Contra el gobierno ecuatoriano
En el último número de Extra!, Peter Hart, uno de los periodistas más creíbles e interesantes de EEUU, escribe sobre otra manipulación parecida en la cobertura del gobierno Correa del Ecuador, otro de los presidentes demonizado por los medios de información españoles y de Estados Unidos. El origen de dicha hostilidad y virulencia es una ley propuesta por el gobierno Correa que tiene como objetivo prevenir directa o indirectamente el oligopolio o monopolio en la propiedad de los medios de comunicación. Como han informado Periodistas sin Fronteras (Reporters without Borders, RWB), la ley actual sustituye a la ley impuesta por el régimen dictatorial en los años setenta. Dicha ley fue revisada en los años noventa, pero según RWB, el impacto de tal ley fue precisamente consolidar la propiedad de los medios en un número muy reducido de propietarios. De ahí la intención de diversificar esos medios. La ley fuerza la diversidad dentro de los medios con pluralidad de opiniones, lo que, según Peter Hart, hoy apenas existen en tales medios. Dicha ley prohíbe también que un propietario de un medio (por ejemplo, un canal televisivo) pueda tener otro (por ejemplo, un rotativo), y señala que cada medio debe tener un defensor de la audiencia que publique y atienda a las quejas, una ley que estaría muy bien que se aplicara en España también. Yo no sé si hay comités que controlen la práctica periodística en los colegios de periodistas en España. Pero algo profundamente erróneo ocurre en nuestro país. Baste contrastar el silencio sobre la horrible falta de libertad existente en Colombia, Honduras, Dubái, Arabia Saudí, Jordania, y un largo etcétera, con la hostilidad hacia los países gobernados por las izquierdas en América Latina. Y a eso le llaman libertad de prensa.
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Público.es
