El pasado domingo 19 de enero el New York Times publicó en su versión electrónica, luego al día siguiente en su versión impresa, un artículo en vísperas de la reactivación de las movilizaciones en Colombia en un año que apunta a ser aún más convulso que el anterior con una recesión mundial en ciernes y el estancamiento de las economías latinoamericanas que no da señales de recuperación en un escenario de profundización de las desigualdades. El artículo titulado As Protests in South America Surget, So Did Russian Troll on Twitter, U.S. Finds, comienza afirmando que analistas del Departamento de Estado descubrieron que cuentas de Twitter vinculadas a Rusia buscaban sembrar confusión en las naciones sudamericanas y de esta manera facilitar la oposición a los gobiernos que están en contra de "the Moscow-backed government in Venezuela", es decir, sugiere de manera directa que el macabro eje Moscú de Putin-Venezuela de Maduro incita a las movilizaciones en países que han estado en contra del régimen venezolano. Este, que se convierte en el argumento estructurador del texto, a primera vista se presenta como una falacia de generalización tendenciosamente apresurada, que busca negar o invisibilizar las causas y motivaciones internas de las movilizaciones. Si la supuesta injerencia rusa fuera una causa, países cuyos gobiernos también activamente han militado en contra del régimen de Maduro, tales como Brasil, Paraguay, Perú y el mismo Estados Unidos, para no decir que aún continuarían las movilizaciones en Ecuador, estarían rebosantes con protestas en las calles de sus principales ciudades; además de que habría que preguntar también por qué la Bolivia ad portas de la salida de Evo se movilizó en las calles como trasfondo y apoyo a un golpe militar en contra de un gobierno que se suponía afín a Rusia.

En honor a la precisión, hay que anotar que el artículo afirma que se basa en preguntas realizadas por el diario al Departamento de Estado sobre lo que había visto "durante las manifestaciones de otoño en Suramérica y después de ellas", es decir, no funda sus opiniones en un "informe" o en una investigación, sería más bien una consulta del diario al Departamento de Estado con base en unas preguntas, no obstante, que los medios latinoamericanos se han dedicado a otorgar el carácter de investigación e informe, entre ellos la revista Semana en Colombia, tal vez con la finalidad de darle una imagen de autoridad a una fuente estructurada alrededor más de una posición editorial que como producto de un trabajo riguroso de indagación. El artículo no lanza conclusiones tajantes sobre nada, pero sí está lleno de enunciados que de manera reiterada concluyen o llevan a inferir que Rusia manipula la opinión en América Latina para hacerla favorable a la oposición a los gobiernos y a las movilizaciones en su contra. En ninguna parte se suministran datos que lleven a concluir de manera clara e incuestionable la influencia rusa. Como una carga de Sambenito se reitera que: Rusia es el principal motivador con la influencia de sus medios, "trolles" y bots para que la gente se manifieste en contra de las políticas de sus gobiernos en países como Chile, Colombia y Ecuador. Y la razón es simple para la autora del texto, Lara Jakes, quien para este tipo de afirmaciones se apoya en "expertos" y "analistas": "incitar disconformidad en estados que han exigido la renuncia del presidente Nicolás Maduro en Venezuela". A la hora de dejar aseveraciones contundentes sobre la participación de Rusia y el sentido de su influencia en las protestas el artículo las respaldada ad verecundiam en la opinión de una autoridad que el mismo texto hace explícita, sin profundizar ni en el origen ni en la tendencia de quienes son citados.

Por ejemplo. Citan a Bret Schafer como un experto en desinformación y medios que trabaja para la Alliance for Securing Democracy una iniciativa del German Marshall Fund of the United State. Ya otorgada la gracia de autoridad se consigna su afirmación de que algunas cuentas de Twitter difundieron información falsa sobre Venezuela y que eran rastreables a un grupo de trolles con sede en Rusia quienes, además, eran afines a las políticas de Putin. Debieron haberse agregado más datos de contexto, por ejemplo señalar, cosa que no hace el artículo, que el German Marshall Fund (GMF) es una organización financiada por el departamento de estado y por la OTAN y que en materia de comunicaciones ha llevado adelante con personajes como Jamie Fly una campaña macartista persiguiendo medios alternativos en la red y considerando cualquier opinión en contra de la hegemonía norteamericana y occidental como contrarias a la democracia y por tanto objeto de censura en las redes como Facebook o Twitter. Por su parte, la Alliance for Securing Democracy (ASD) surge como una iniciativa del GMF en agosto de 2017, en el marco del Russiagate, impulsada por un grupo de demócratas y neoconservadores republicanos anti-Trump, llamados "Never Trumper", como una propuesta de macartización de los medios y comunicadores que se consideran que dividen la opinión en contra del establecimiento y la democracia, por sus posturas políticas o porque se considera están a favor de Rusia. La motivación de su conformación ya viene claramente con un sesgo: rastrear y exponer cómo los bots rusos desde Twitter, Facebook y demás redes sociales infectaban el diálogo político con información y narrativas que dividían a la opinión y a las sociedades democráticas, todo en la lógica de un Russiagate que buscaba justificar la derrota ante Trump en las elecciones de 2016. De las conclusiones de una primera pesquisa realizada por esta organización alrededor del caso del Russiagate, donde en un primer momento acusó a un gran número de cuentas de Twitter de ser bots rusos, tuvo que retractarse y admitir que la mayoría de las cuentas señaladas no eran bots y que tampoco eran cuentas rusas. Sin embargo, tal como lo señalan periodistas investigadores como Max Blumenthal y Jeb Sprague, a pesar de las repetitivas demostraciones de las equivocados señalamientos a la influencia de bots, la ASD continúa estimulando con otras organizaciones, además de la GMF que la cobija, como la Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, la generación de noticias e informaciones que lleven a instalar en la ciudadanía un sentimiento de pánico a la interferencia rusa como una estrategia para obtener apoyo de la opinión pública hacia el establecimiento de una política más profunda y amplia de censura a los medios y comunicadores que no resulten afines a las matrices de opinión que buscan imponerse desde el poder de los Estados promotores del modelo neoliberal y de la hegemonía de occidente.

Otro de los consultados es Javier Lesaca Esquiroz, quien es señalado por el artículo como académico visitante en la Universidad de Columbia y del que se registran aseveraciones tan arriesgadas y temerarias como esta: "podemos decir que esta es la continuación de la Guerra Fría que jamás terminó". Lesaca es un periodista y consultor español, y se hizo muy popular con la elaboración de un informe que se presentaba como la demostración de la injerencia rusa en el ánimo separatista en Cataluña a través de las redes sociales y sus medios de comunicación. Si bien el informe de Lesaca nunca se publicó, de él hicieron eco en sus páginas medios como El País de España, y artículos provenientes del Real Instituto Elcano y el ya referido Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab hicieron público datos y conclusiones del citado informe. Por el impacto de opinión que generó, el director adjunto de El País, el director de la Oficina del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y una investigadora del Real Instituto Elcano comparecieron ante el Parlamento británico el 19 de diciembre de 2017 para rendir cuentas sobre los datos que se habían emitido a partir del informe de Lesaca. Tanto el Parlamento como la opinión pública especializada terminaron desestimando los datos y conclusiones que buscaban demostrar la participación rusa en los eventos de Cataluña por adolecer de un sustento probatorio, no obstante. Quedaba claro que el propósito del informe y de los medios que filtraron sus datos y conclusiones era más propaganda que demostrar algo, su intención era manipular la opinión pública para que aceptara como un hecho incuestionable la injerencia de los rusos desde las redes sociales y sus medios de comunicación en el ánimo independentista catalán. A partir de los datos y conclusiones dados a conocer del informe de Lesaca, un estudio publicado en la página web del parlamento británico, que se conoció como informe MacGrath, demostraba la inconsistencia, la absoluta falta de rigurosidad en los datos y la selección amañada de los mismos para llegar a conclusiones ya planteadas de antemano; su clara intencionalidad política de manipular a la opinión pública.

Por otro lado, las evidencias en datos que muestra el artículo son muy pobres y no llevan a las conclusiones que pretende afirmar. Por ejemplo: que las cuentas de Twitter vinculadas con Rusia en el periodo de las protestas contra el gobierno de Piñera en Chile fueran un 9% más alta que durante la campaña demócrata en las primarias de 2019; que el hashtag #Chile alcance el quinto lugar en popularidad entre 3300 cuentas de Twitter relacionadas con Rusia en el momento más álgido de las protestas entre el 23 y 29 de octubre, no obstante, a finales de diciembre ese hashtag no estaría ni siquiera entre los 100 primeros lugares; o que el 10% de todos los tuits que apoyaron las protestas a finales de octubre en Chile se originaran en cuentas vinculadas a Rusia. No llevan a concluir que dichos datos responden a "acciones" de desinformación e influencias rusas en América Latina. Habría que evaluar, por un lado, el nivel de información de la ciudadanía rusa en los eventos ocurridos en América Latina y su vinculación con eventos internacionales como las manifestaciones en Hong Kong y en París a las cuales se asocia en la opinión global; por otro lado, es apenas una obviedad que dicho interés aumente en los momentos más álgidos de los acontecimientos cuando adquieren primer plano como hecho noticioso. Además, suscita un interés extraordinario a nivel internacional el hecho de que un país que había sido promocionado como el modelo exitoso y ejemplar de la doctrina neoliberal del libre mercado y la financiarización de pronto parecía derrumbarse ahogado en protestas masivas y sostenidas durante un tiempo prolongado, precisamente cuestionando de manera radical ese modelo.

Aunque el artículo toma algunas afirmaciones que van en contravía de las conclusiones a las que lleva la estructura de sentido del texto, por ejemplo, la de la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, quien afirma que "No hay ninguna prueba de que haya existido alguna intervención del extranjero", o cuando en algún momento el artículo busca matizar en el apartado de un párrafo en el cual señala que la causa de las protestas a finales del 2019 no "puede atribuirse a un solo factor y no se sabe a ciencia cierta cuán efectiva fue la campaña de influencia en Twitter vinculada con Rusia". Son enunciados desarticulados de la trama que sustenta la conclusión fundamental de que hay injerencia de Rusia a través de la manipulación de las redes y en la que canales como RT y Sputnik actúan como los generadores de argumentos e ideas que explotan los supuestos bots y trolles para generar un clima de opinión opuesto a los gobiernos latinoamericanos y a Estados Unidos.

El propósito de artículos como este no es demostrar algo, su objeto es generar una matriz comunicacional: la de la influencia rusa en las movilizaciones sociales de América Latina para desestabilizar a los gobiernos; que sirva de base para la reproducción de una opinión que aunque simple busca deslegitimar las emisiones de información fuera de los medios de comunicación abalados por el poder. Aunque, por un lado, podría leerse este artículo como un intento más de un diario con un consejo editorial de clara adscripción y simpatía militante demócrata por consolidar la opinión, que hizo carrera con el Russiagate, de la influencia de Rusia en distintos procesos electorales y en variopintas manifestaciones de protesta en el mundo, y contribuir a justificar más ante la opinión pública el proceso de impeachment a Trump aprobado por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata; lo cierto es que su planteamiento y orientación se vincula a un proceso mucho más amplio. Sigue la dirección de un intento sistemático de los Estados Unidos por contener la influencia de otros medios alternativos de comunicación que representan una participación democrática en la elaboración y circulación de la información a través de las redes, así como de medios corporativos, pero fuera de la influencia de los Estados Unidos, como es el caso de los medios rusos como RT y Sputnik, que refuerzan informaciones que escapan al control que de facto han ejercido quienes dominan las sociedades nacionales en Latinoamérica y han estado tradicionalmente vinculados con los intereses de Estados Unidos.

No es sino echar un vistazo a algunas declaraciones en años recientes emitidas desde organismos de poder en Estados Unidos. El miércoles 2 de marzo de 2011, ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, la entonces Secretaria de Estado Hilary Clinton afirmaba que "las grandes cadenas de televisión estadounidenses están perdiendo espacios frente a la rusa RT, la china CCTV y la qatarí Al Jazeera". Consideraba en términos geopolíticos que Estados Unidos estaba perdiendo "la guerra de la información" con potencias emergentes y manifestaba especial preocupación por China y Rusia. Sólo unos meses antes de la declaración de Clinton, Walter Isaacson, nombrado por Obama presidente de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, entidad de los medios de comunicación que supervisa las emisiones internacionales de las informaciones estadounidenses no militares, justificaba que se le diera más dinero al organismo ante el incremento en la audiencia de medios como Rusia Today, Press TV y Telesur que consideraba "enemigos" de los intereses norteamericanos, por lo que llegaba a afirmar "No podemos [el gobierno de Estados Unidos] permitir la difusión de información por nuestros enemigos". Para Estados Unidos es una preocupación fundamental la pérdida de influencia ideológica que antaño hegemonizaba en amplias regiones del mundo, y el incremento de la recepción de medios como RT o la cadena china CCTV lo interpreta en términos geopolíticos militares como una guerra en la cual está perdiendo terreno. Lo que podría interpretarse como un escenario beneficioso en la búsqueda de una mayor objetividad en la información y una participación más democrática y activa de la sociedad en el proceso de elaboración y circulación de la comunicación mediática en un escenario diverso y de competencia de distintos actores con diversos intereses para informar, Estados Unidos lo ve como una amenaza para su predominio ideológico y económico en la región y que merece, por tanto, un tratamiento militar. Es así que, en esta lógica de guerra, en una declaración de intenciones oficial presentada el 10 de marzo de 2016 en el Comité de Servicios Armados del Senado por el comandante del Comando Sur, almirante Kurt W. Tipp, se afirmaba que Rusia estaba usando medios como RT para "crear dudas sobre las intenciones de EE.UU. y para criticar la política estadounidense", en el marco de la preocupación fundamental que manifestaba el documento de que potencias fuera del hemisferio como Rusia estaban desplazando a Estados Unidos como "socio preferido en la región". En el marco de la política de Trump contra el régimen venezolano este tipo de orientación ha continuado acusando a los medios de comunicación rusos de proliferar información a favor del régimen de Maduro y alimentar la opinión de la existencia de un eje de colaboración Venezuela-Rusia para desestabilizar a los gobiernos de la región, con elaboraciones aún más fantasiosas que involucran a una instancia de reunión y debate de múltiples organizaciones y movimientos de la sociedad a nivel mundial como lo es el Foro de Sao Paulo.

Con la ola de protestas en América Latina desde los gobiernos se ha utilizado de manera reiterada y reactualizada el argumento ante la opinión de la injerencia extranjera a través de las redes sociales y los medios de comunicación. El objetivo de este proceder es simple, por un lado, deslegitimar las demandas y las causas que originan las movilizaciones en oposición a las políticas neoliberales, y, por el otro, justificar la censura y represión a los medios de comunicación y a la información que está fuera del control de los Estados y los intereses dominantes en cada país y a nivel regional. Este mismo tipo de argumento lo esgrimió el propio Trump (paradójico cuando él mismo es afectado por el proceso del Russiagate) en conversación telefónica sostenida con Piñera el 31 de octubre ante la cancelación de la cumbre de la APEC. Trump le expresaba al mandatario del país latinoamericano que existen "esfuerzos extranjeros para minar las instituciones chilenas, la democracia y la sociedad". En la misma dirección, días antes, en el momento más álgido de las protestas en Chile, el 24 de octubre, el obediente Luis Almagro, secretario general de la OEA, refiriéndose a las protestas en Chile afirmaba: "las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales" (Aristegui noticias "En llamada con Piñera, Trump acusa ‘esfuerzos extranjeros’ para desestabilizar Chile"). O en el caso de Ecuador, las declaraciones el pasado 15 de octubre de la ministra de Interior, Maria Paula Romo, que manifestaba que consideraba sospechoso que RT transmitiera en directo las protestas más concurridas desde hace 15 años en las calles de Quito y otras ciudades de Ecuador. Por su parte, en Colombia la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no vaciló el pasado 12 de diciembre en señalar que existe "una red de apoyo internacional para estimular ese malestar social en la red" y que tiene la "certeza de que hay plataformas que desde Venezuela y desde Rusia han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales". Todas estas declaraciones se presentan sin ningún sustento o intento de fundamentación en algo más que la fe en la autoridad de quien la emite.

Por su parte, las declaraciones de Piñera si buscaron respaldo en un informe, el cual nunca fue publicado, a finales de diciembre que buscaba demostrar la "intervención" extranjera en las protestas a través de la Internet y las redes sociales. No obstante, todo lo que rodea a este informe incluyendo los datos y supuestas conclusiones extractadas de él son una muestra del nivel de delirio y atentado al buen entendimiento a que se ha llevado el asunto. Las conclusiones y algunos datos filtrados por la prensa y declaraciones del propio presidente y funcionarios gubernamentales fueron objeto de tantas burlas y críticas que ninguna instancia de gobierno quiso asumir su autoría. El informe estaba lleno de obviedades con las cuales se buscaba sustentar conclusiones que no se desprendían de las premisas iniciales. Por ejemplo, que el 31% de los tuits apoyando a la protesta provenían del extranjero, o que al día siguiente del domingo 20 de octubre cuando Piñera afirmó en alocución presidencial ante los medios que "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite", más de cuatro millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram comentaron acerca de las movilizaciones con mensajes de oposición a la presencia de militares en las calles y a la represión que conllevaba, no llevan a una conclusión como que "Mucho del incentivo de la protesta social violenta ha venido fuera de Chile" y "hay mucha influencia extranjera que incentiva la violencia" como afirmaba la ministra Karla Rubilar, o a llegar a inferir como expresó Piñera una "intervención de gobiernos extranjeros". Una regla lógica es que si la conclusión no sale de las premisas es porque es evidentemente falsa. La infracción sobre la lógica, la preponderancia de las falacias para la sustentación de argumentos que descansan sobre pilares falsos en la política se ha vuelto estructurante de la manera en la que esta se ejerce desde el Estado para justificar ante la opinión pública la aplicación de políticas que no serían aceptables de otra manera. Los medios de comunicación han asumido de forma abierta adscripciones políticas que claramente los hacen operar en esta lógica de la manipulación con un manejo del lenguaje igualmente ocultador y mentiroso.

Pero el paroxismo de este delirio, previo al artículo del New York Times, ha sido la declaración de Juan Guaidó tanto en video como a través de Twitter el pasado 12 de enero cuando afirmó que "Desde su creación, Telesur ha sido utilizado para promover la desestabilización de la región, respaldar grupos terroristas, atentar contra la democracia, mentir sobre Venezuela y defender a la dictadura de Maduro", por lo que tomaba "la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional". De la queja y la supuesta denuncia, con la declaración de Guaidó se ha pasado a tratar de tomar acciones en contra de un medio que se plantea como alternativa a los medios corporativos vinculados al establecimiento neoliberal defendido por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Telesur se le puede juzgar por su parcialidad con relación a la política seguida por el gobierno venezolano, pero también ha sido un medio con la capacidad para mostrar lo que otros medios corporativos no muestran y de introducirse en eventos y acontecimientos que, de otra manera, quedarían invisibilizados. A diferencia de medios como CNN que representa los intereses en defensa del establecimiento liberal y del orden mundial y hemisférico fundado en la hegemonía de Estados Unidos, Telesur es un medio respaldado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia (aunque haya sido expulsado de este último por el gobierno de facto después del golpe) y que ha mantenido una postura contrahegemónica y un interés continuo por hacer visible los procesos políticos y sociales que desde abajo surgen en América Latina. No es un medio imparcial, parte de una postura y responde a unos intereses, pero estos son distintos a los hegemónicos en el continente y alejados del poder del capital. Nunca en América Latina se había podido tener la opción de contar con distintos medios de comunicación con intereses diversos que permitieran, además, entender los acontecimientos desde una elaboración de la información y comunicación con distintos énfasis, posturas e interpretaciones. Esta nueva circunstancia beneficia la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener un acceso a la información más democrático y pueda ella misma crearse su propia opinión sobre los hechos.

Es claro que, para las elites latinoamericanas en el poder, en un escenario de movilizaciones sociales y de cuestionamiento en las calles a través de la protesta a las medidas neoliberales de los Estados, no ha resultado nada cómodo que no puedan controlar lo que se informa, y que medios como RT o Telesur hayan servido a sectores sociales movilizados como medio de expresión de sus demandas y canal de visibilización de la participación masiva en las protestas. Asimismo, ante la existencia de estos medios se ha hecho imposible ocultar la represión policial y militar a las manifestaciones y la promoción de voces en contra del accionar represivo del Estado, lo que ha rebelado y a la vez contenido la acción represiva como medio de los gobiernos para acallar las protestas y demandas de la población. Movimientos de censura en las redes sociales y sobre medios como RT y Telesur se manifiestan cada vez de manera más clara desde los sectores que manejan el poder y controlan el Estado en América Latina. En Ecuador en el mes de noviembre se cortó la señal por disposición oficial del canal 778 por el cual se transmitía la señal de RT; el mismo mes de noviembre el gobierno de facto en Bolivia sacó del aire a Telesur. Este viraje de mayor represión a los medios de comunicación alternativos ocurre en una de las regiones donde mayor censura hay y donde el ejercicio del periodismo es una profesión peligrosa. Según estimaciones de la UNESCO entre el 2014 y el 2018 se registraron 495 asesinatos de periodistas en el mundo, de los cuales una cuarta parte correspondiente a 127 asesinatos ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe, lo que la ubica como la segunda región después de los países árabes con mayor número de asesinatos.