1. Las autoridades venezolanas respetan la libertad de expresión
Venezuela es el país donde hay más libertad de expresión en el mundo. En ella el sector privado acumula 90 periódicos, 700 radioemisoras comerciales, 78% de las televisoras VHF y 82% de las VHF. Salvo dos diarios que guardan un cierto equilibrio informativo, el caraqueño Últimas Noticias y el zuliano Panorama, los medios privados predican el derrocamiento violento del gobierno democrático y divulgan falsedades y puntos de vista contrarios a él sin que éste haya respondido jamás con medidas de censura, cierre, suspensión ni confiscación de ediciones. Tampoco los organismos públicos han promovido procesos penales contra comunicadores o periodistas. En los excepcionales casos en los cuales se ha instaurado alguna acción, ésta ha sido entablada por particulares, que se han considerado víctimas de difamación, injuria, calumnia y vilipendio.
2. Los medios privados vulneran el ordenamiento constitucional y legal
Esta ausencia de medidas se mantiene a pesar de que los medios privados, por su parte, han violado con frecuencia el ordenamiento constitucional y legal venezolano. Imposible sería en una exposición necesariamente breve como ésta enumerar y documentar la totalidad de dichas violaciones. Acompaño este alegato con copias de mi libro Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha, en el cual se pormenorizan dichas infracciones, indicando en todo caso referencias documentales exactas y precisando medio, fecha y responsable. A continuación enuncio las categorías de violaciones más flagrantes, indicando en todo caso las páginas del libro en el cual se las explica y desarrolla:
1)Los medios concesionarios audiovisuales interfirieron y sacaron del aire la señal de Venezolana de Televisión que transmitía en cadena la alocución presidencial el 11 de abril de 2002, incomunicando así al Ejecutivo y sirviendo de instrumento del consiguiente golpe de Estado (pp.49-73)..
2) Los medios difundieron la falsa noticia de la renuncia del Presidente constitucional, convirtiéndose en coautores del golpe de Estado (pp.86-102).
3) Por su apoyo a dicho golpe de Estado, confesó públicamente el vicealmirante golpista Héctor Ramírez Pérez en la mañana del 12 de abril, “nuestras armas fueron los medios de comunicación”(pp. 86-102).
4) El 13 de abril en Miraflores los concesionarios de medios audiovisuales pactaron apoyar al dictador Carmona a cambio de la entrega de los organismos encargados de aplicar la Ley de Telecomunicaciones (pp. 115-134).
5) Para respaldar la dictadura los días 12 y 13 de abril los medios audivisuales e impresos impusieron un apagón comunicacional que nos privó de toda noticia sobre lo que ocurría en nuestro país, violando el derecho a la información consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (pp.96-102).
6) Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo del 2003 dedicaron casi todo su tiempo de emisión a instigar al cierre patronal insurreccional, al sabotaje petrolero, a destruir la economía venezolana, a la desobediencia tributaria y al derrocamiento violento de la forma republicana de gobierno, en violación de los artículos 57 de la Constitución y 132 del Código Penal (pp. 131-157).
7) Durante el lapso indicado, insertaron propaganda política subliminal en las películas para niños, violando el derecho de éstos a recibir información integral según el artículo 58 de la Constitución (pp.143-151).
8) Posteriormente medios audiovisuales e impresos privados infringieron los artículos 255 al 257 del Código Penal, al intentar encubrir la existencia del centenar y medio de paramilitares colombianos detenidos en las afueras de Caracas portando falsos uniformes militares venezolanos (pp.199-211).
9) Antes y durante los sucesos expuestos, los medios privados llamaron sistemáticamente a la guerra civil, en contravención de los artículos 57 de la Constitución y 144 del Código Penal (p. 316-335).
10) Los medios privados instigaron sistemáticamente a la discriminación étnica y racial, violando el artículo 57 de la Constitución (pp. 354-363).
11) Un medio televisivo infligió insultos racistas a mandatarios de países africanos amigos, provocando la justificada protesta de éstos (pp.354-363).
12) Los medios privados practican continuadamente la censura, el falseamiento de noticias y la propaganda de guerra, en desobediencia de los artículos 57 y 58 de la Constitución (pp.287-364).
13) Durante la última década los medios privados han actuado como partidos políticos sin cumplir con los preceptos del artículo 67 de la Constitución que obligan a hacer aprobar democráticamente por las bases las dirigencias y programas de los partidos (pp. 287 -289, y las declaraciones emitidas empresario de los medios Gustavo Cisneros en julio de 2007 en las cuales éste reconoce que los medios han actuado en Venezuela como actores políticos, y reconoce además que tal conducta es inapropiada).
Las mencionadas no son las únicas infracciones de los medios privados al ordenamiento jurídico del país donde operan. También vulneran los derechos del usuario excediéndose en el tiempo de la publicidad que transmiten, en el volumen del audio de ésta, al introducir propaganda prohibida de alcohol disfrazada como propaganda refrescos, al practicar la cartelización contra la libre competencia, al incumplir sus obligaciones tributarias y las obligaciones laborales con su personal; al ejercer una discriminación ideológica y racial de éste. El prontuario sería inacabable. Una vez más, incluso en este ámbito, la ausencia de medidas de las autoridades es notoria, e incluso alarmante.
3. Los medios privados vulneran la libertad de expresión
Los hechos mencionados, paradójicamente, determinan que por causa de los medios privados Venezuela sea uno de los países con menos libertad de expresión. Al realizar las consultas sugeridas en la sección anterior, el lector verificará que en Venezuela los medios privados suplantan a los partidos políticos, inventan partidos y dirigencias mediáticas, incitan a la discriminación étnica y social, a la guerra civil, al sabotaje de la industria petrolera y al golpe de Estado, colaboran activamente en éste al interferir las emisiones del gobierno democrático y difundir falsa información, pactan con la dictadura mediática, imponen un apagón comunicacional a favor de ella, vetan medio millar de comunicadores y mantienen un interdicto contra toda persona, noticia o institución que no se ajuste a su línea editorial. Decir que en Venezuela la agresión sistemática contra la democracia equivale a libertad de expresión es ser cómplice de agresión contra ésta.
4. La República tiene el soberano derecho de no renovar una concesión
El presidente de la República Hugo Chávez Frías anuncia el 28 de diciembre de 2006 que en marzo de 2007 caduca la concesión de uso del espectro radioeléctrico otorgada a Radio Caracas Televisión. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones, “El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley”. El presidente socialdemócrata Jaime Lusinchi había decretado veinte años atrás que las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico tendrían una duración no mayor de veinte años. Con la caducidad del lapso, el derecho del uso del espectro radioeléctrico retorna a la República. Es oportuno repetirlo: Venezuela no ha retirado ni suspendido ninguna concesión ni cerrado ninguna planta televisora: simplemente se ha abstenido de renovar una concesión a un canal privado, porque dicha sección del espectro radioeléctrico era indispensable para el funcionamiento del la emisora de servicio público TVES.
5. Los sectores favorables a RCTV han manifestado su opinión con absoluta libertad
Para sostener que las limitadas concesiones del espectro radioeléctrico son propiedad absoluta y perpetua de particulares y no del pueblo, las agencias publicitarias que a veces se confunden con la oposición venezolana presentan la imagen de un maquillado opositor que se arrodilla ante un policía que no le hace nada como si fuera “el estudiantado”; y a éste como “el país”. La imagen es repetida por todos los medios, y divulgada en el exterior.
Pero en Venezuela no se han movilizado a favor de la renovación perpetua de concesiones ni trabajadores ni empresarios ni militares ni medios audiovisuales, salvo la planta Globovisión. Mucho menos se ha movilizado, como ésta pretende hacer ver, el estudiantado. Apenas una fracción de él. El gobierno bolivariano ha incrementado del 3% al 9% del PIB la inversión educativa. Para 1998, la matrícula en educación media, diversificada y profesional totalizaba 400.794 alumnos. Gracias al proyecto bolivariano, para 2005 alcanza a 618.898, de los cuales sólo 172.711 están en dependencias privadas.
Es oportuno señalar que el gobierno subsidia a la educación privada con la cuantiosa suma de 480.000 millones de bolívares anuales. De los estudiantes de estos planteles privados, se han movilizado unos cuantos centenares de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana, y otros centenares de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la de los Andes. Ni siquiera en ellas son mayoría los opositores que estudian: en todas los bolivarianos han realizado concentraciones contra la renovación de concesión; en la Central, perdieron la Federación de Centros porque concurrieron a las elecciones divididos. Más que al síndrome de retiro de un canal privado, los escasos manifestantes obedecen a su origen de clase.
En el Informe de la Defensoría del Pueblo para 2005, Luis Fuenmayor Toro explica que desde 1989 los universitarios “ingresan por vía de mecanismos como pruebas internas, cursos propedéuticos y lo que se conoce como acceso ‘discrecional’ es decir, por decisión del Decano”. Según la Defensoría, “esta práctica ha traído como efecto la exclusión sistemática de la población de más bajos recursos de la educación superior”. Pareciera que los opositores que estudian protestan contra la posibilidad de que otros puedan seguir estudios. En todo caso, pueden utilizar y utilizan todos los medios del país, públicos y privados, para difundir sus puntos de vista.
6. Los partidarios de RCTV han tenido un derecho de palabra en cadena nacional ante la Asamblea Legislativa
Como demostración de la absoluta libertad de expresión que impera en Venezuela, las autoridades venezolanas confieren a los estudiantes opositores ejercer un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional para el 7 de junio de 2007, divulgado en cadena nacional de radio y televisión. Mayor libertad y audiencia no podría pretender oposición alguna en ningún país de la tierra. El ejercicio de esta oportunidad, por cierto, sólo sirvió para dejar al desnudo la vacuidad ideológica de los defensores de la renovación perpetua de las concesiones audiovisuales. Mencionemos algunos detalles del debate.
Diez opositores que estudian dicen no tener libertad de expresión, exigen un debate en la Asamblea Nacional, y se les otorga. Cuando otros estudiantes van a hablar, los opositores se marchan: su libertad de expresión parece consistir en negársela a los demás. El documento que reclama la confrontación demanda: "Solicitamos que dicho debate sea difundido a través de todos los Medios de Comunicación públicos y privados". Al teledifundido debate acuden diez oposicionistas y sólo habla uno.
En la telegénica decena no se divisa un solo moreno, un solo indígena. En lugar de debatir, el portavoz lee un papel. La última hoja de éste se le queda en la tarima, y resulta estar redactada en papel con membrete de la publicidad ARS. Comprensiblemente, el único fundamento que se alega para las protestas es el interés de un cliente de publicidad ARS: “Nos encontramos en esta tribuna para manifestar nuestro repudio al cierre arbitrario de RCTV…En un principio nuestra movilización nace en respuesta a la medida tomada de manera injusta contra RCTV… responde a la apropiación indebida de las antenas de transmisión de RCTV… La bandera de RCTV la mantendremos hasta que la señal del Canal 2 vuelva a su legítima frecuencia… No estamos luchando por los intereses de un grupo empresarial”. Tras protestas políticas ante instituciones políticas, informan que “no estamos luchando en nombre de intereses internacionales, no estamos luchando a favor de una tendencia política, estamos en la calle haciendo política sin los políticos tradicionales”.. El publicitario documento no aduce razón alguna para las protestas: “También quisiéramos aclarar que no venimos aquí a exponer nuestras tendencias políticas y nuestro proyecto de país, simplemente porque como colectivo aún estamos construyéndolo”. Alguna oposición exige el monopolio total de medios e instituciones para no expresar nada.
7. Los supuestos defensores de RCTV no eran espectadores de ésta
En reciente artículo en Rebelión, Pascual Serrano manifestó su asombro ante estudiantes que se movilizan a favor de una marca de fábrica, hoy RCTV, quizá mañana Coca Cola o CNN. Es la pesadilla de Melanie Klein en No Logo: las ideas sustituidas por marcas. Ni siquiera eso. En su programa “En confianza”, de la televisión de servicio público, Ernesto Villegas pregunta a algunos defensores del canal cuya concesión caducó, qué programas de él les gustaban. No recuerdan ninguno. Apenas alguien contesta “en las tardes, Radio Rochela”. Pero ésta no se transmitía “en las tardes”, sino por la noche, una vez a la semana. Una reportera de Avila TV formula idéntica pregunta a estudiantes opositores en el Estadio Universitario.
Tampoco recuerdan ningún programa del canal a favor del cual protestan. Extraña protesta a favor de lo que no se conoce. Es oportuno repetir que los canales de servicio público no sólo cubren y difunden los actos de los manifestantes, sino que además difunden las opiniones de éstos. Aparte del referido programa de Vladimir Villegas, el programa del mismo canal Entre Panas presenta a una nutrida de legación de éstos, y la televisora Ávila difunde una poco concurrida manifestación en el Estadio Universitario y entrevista a sus concurrentes. Contrasta tal conducta con el apagón mediático y con la saturación de llamamientos a la violencia inconstitucional que durante más de dos meses seguidos mantuvieron los medios privados contra el gobierno legítimamente elegido.
8. En Venezuela se ha permitido incluso la protesta violenta
El derecho a que los demás no tengan derechos es defendido por los procedimientos que cabe esperar. La tarde del 27 de mayo el país y el mundo vio por televisión que los manifestantes reunidos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones embestían y desmantelaban la cerca de protección de la Policía Metropolitana; que impactos de bala dejaban huellas en paredes y postes inmediatos a ésta; que ese día fueron heridos once efectivos y ningún manifestante. En manifestaciones simultáneas en la parroquia de Chacao los opositores incendiaron vehículos. Posteriormente otro policía quedó parapléjico por un balazo en Mérida. En la Universidad Católica Andrés Bello el 11 de junio una multitud acosó al estudiante bolivariano Robert Serra arrojándole latas, peroles y monedas.
En conversaciones telefónicas grabadas y teledifundidas, políticos tradicionales como Alfonso Marquina aseguran tener el control remoto de los manifestantes, y añaden que no los acompañan para no desacreditarlos. Revelando sus vinculaciones e intereses, el oposicionista que estudia Yon Goicoechea aparece en las páginas sociales de El Nacional del 16 de junio partiendo un confite con Marcel Granier y las dirigencias golpistas del partido Primero Justicia. En la misma fecha el diario Frontera de Mérida informa sobre el desmantelamiento por los cuerpos de seguridad de un complot para asesinar al presidente Chávez.
En la concentración “apolítica” frente a la Defensoría del Pueblo, lucen pancartas del partido Acción Democrática. En una de las marchas a favor de RCTV desfila Rowen Rosten, director de la CIA para América Latina. Los logos de quienes protestan lucen el mismo puño del movimiento OTPOR, promotor de un golpe dirigido por la CIA en Serbia. Las protestas son pretextos de un golpismo suave que no se atreve a decir su nombre y juega su única carta a la intervención extranjera. De allí las pancartas redactadas en inglés, los viajes de delegaciones de opositores ante el Parlamento Europeo, ante la OEA, ante Guillermo Endara, potentado de la banca transnacional y ex presidente impuesto tras la intervención estadounidense en Panamá.
9. Los medios han sesgado la información sobre la libertad de expresión
A tales hechos, tal falsificación mediática. Una vez más, los medios retransmiten de manera continua una manifestación aislada, para fingir que sucede en todo el país y todo el tiempo, e ignoran las concentraciones populares de apoyo a la no renovación de la concesión. Tras el citado debate ante la Asamblea Nacional, los opositores que estudian piden ser protegidos en vehículos de los cuerpos de seguridad: El Nacional y El Universal publican fotografías y titulares mintiendo que han sido detenidos. La página web de la oposición publica fotos, nombres, teléfonos y direcciones de los estudiantes bolivarianos que les respondieron, invitando al acoso de idéntica manera que se hizo con los directivos del Consejo Nacional Electoral.
Globovisión retransmite imágenes de una protesta contra la reunión del G-8, mintiendo que testimonian una supuesta manifestación ante la embajada venezolana en España a favor de RCTV. You Tube censura el espacio que le había concedido a Luigino Brasci, y borra de él cerca de cuatrocientos videos que defienden el proceso bolivariano. Dos sicarios ultiman a una estudiante de la UCAB, y los medios proclaman que ha sido víctima de los chavistas, a pesar de que los asesinos confiesan que han actuado por órdenes de la heredera de un grupo comunicacional, Milagros De Armas. El diario español El País corea la falsedad contra los bolivarianos y se niega a desmentirla a pesar de repetidos reclamos. El Nacional del 17 de junio entrevista al estudiante bolivariano Héctor Rodríguez y no encuentra dificultades para categorizarlo: “es un híbrido entre jugador de basket y un modelo de Calvin Klein” aunque “no pareciera ser el fenotipo lo que más le importa en la vida”; vale decir: el fenotipo moreno sólo debe figurar en los roles que le autoriza el racismo mediático: delincuentes, sirvientes, brujos o deportistas.
Cuando deja de ser sostenible el tema de que RCTV haya sido cerrada, los medios lo sustituyen por el tema de la libertad de expresión, luego por el de la autonomía universitaria. Cuando resulta evidente que las universidades privadas en las cuales estudian los opositores son justamente las que carecen de autonomía, cambian hacia el tema de la “reconciliación”. Por el prontuario anterior, es obvio que, una vez más, los medios privados requieren de una reconciliación urgente con la imparcialidad, con la veracidad y sobre todo con la ética. Utilizar así la libertad de expresión no es defenderla, sino asesinarla.
10. La mayoría aprueba la gestión del gobierno venezolano
Mientras los voceros de la protesta exponen libremente estas perlas por todos los medios públicos y privados como legitimación del golpe suave y escenifican protestas que no se aventuran fuera de las zonas residenciales de lujo, las dependencias oficiales o las escalinatas eléctricas del Centro Comercial Sambil, y en las cuales sólo salen heridos los policías, un millón de venezolanos manifiesta en la avenida Bolívar a favor de la no renovación de las concesiones.
La última encuesta de Seijas, firma por cierto adversa al movimiento bolivariano, asigna para julio de 2007 a Chávez una popularidad de más de setenta por ciento. Imposible suponer que se atribuya tal aval a un presidente sin apoyar sus medidas. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de México anula por inconstitucional una ley que pretendía hacerlas perpetuas, y en Brasil se discute sobre la renovación o no de concesiones a 28 televisoras y 153 radios. Venezuela reabre el debate entre pueblos y medios, entre monopolio de la comunicación y libertad de expresión, y la manipulación mediática no hace más que avivarlo.
11. Los medios han asumido en Venezuela el rol de actores políticos
El 11 de julio de 2007 el propietario de uno de los grupos multinacionales de comunicación más importantes de América, Diego Cisneros, hizo ante los medios una confesión que aclara parte de lo que sucede en Venezuela. El empresario afirmó que “muchos en el gobierno y en la oposición creen que un canal de televisión puede ser protagonista del juego político. Pero esa no es la misión de la televisión (...) Los canales, repito, no pueden parcializarse en el conflicto nacional y ni siquiera pueden pretender sustituir a los partidos políticos, si no quieren empeorar el conflicto. Eso es lo que ha pasado en Venezuela” (El Nacional, 12-7-2007, p.4, Nación).
A confesión de parte, relevo de pruebas, y ninguna confesión puede ser más autorizada que la de Diego Cisneros sobre la conducta de los medios venezolanos que señalamos en el aparte 2.13 de este informe y en las páginas 287-289 del libro Investigación de unos medios por encima de toda sospecha. En Venezuela gran parte de los medios estuvieron comprometidos en un proyecto de antipolítica para desacreditar en bloque dirigencias y partidos políticos y abrir así paso a un régimen autoritario. Y lo cierto es que el gobierno bolivariano, por claras y evidentes que fueran las pruebas en tal sentido, jamás adoptó medidas contra los medios comprometidos en tales conductas.
12. RCTV está funcionando y transmite regularmente en Venezuela
Dos argumentos irrebatibles clausuran definitivamente el debate. Así como no se puede sostener que no hay libertad de expresión en un país en donde cualquier sector interesado en ello puede proclamarlo por la inmensa mayoría de los medios de comunicación sin sufrir consecuencias, tampoco se puede sostener que un gobierno ha cerrado, clausurado o suspendido un canal que está funcionando y emitiendo de manera regular. El jueves 12 de julio la prensa anuncia que “RCTV regresará el lunes por suscripción”, y en efecto, a partir del lunes 16 el canal difunde regularmente sus emisiones a través de Directv, Inter, Neptuno y Planet Cable, desde estudios situados en Venezuela, con toda libertad y formulando todo tipo de críticas al gobierno venezolano. ¿Con qué argumentos se declara clausurado, cerrado o suspendido a un canal que transmite 24 horas al día con toda libertad? En una oportunidad, los medios estadounidenses difundieron que Mark Twain había fallecido, y éste les replicó advirtiéndoles que la noticia de su muerte le parecía un poco exagerada. Parafraseando al ilustre humorista, podríamos decir que el alegato de que RCTV ha sido clausurada es un poco carente de todo fundamento.
