13-10-23.-La ONG Espacio Público denunció que entre 2015 y 2022, 482 personas fueron detenidas arbitrariamente y al menos 86 personas fueron procesadas bajo la “ley contra el odio”. La mayoría de las víctimas de estos actos fueron periodistas. La ONG exhortó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a mantener su escrutinio sobre el Estado venezolano.
En la reunión informativa formal sobre Venezuela del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reiteramos que entre 2015 y 2022 se registró el mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión de los últimos 20 años, informa Espacio Público en nota publicada en su página web el pasado 10 de octubre.
Detalla la ONG que en la intervención oral ante el Comité, reiteraron que el Estado venezolano cerró, por acción u omisión, 283 medios de comunicación en los últimos siete años, la mayoría a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“No existen órdenes judiciales que justifiquen los cierres, Conatel no responde a las solicitudes de actualización de permisos por parte de los medios”.
Según la ONG, entre 2015 y 2022, 482 personas fueron detenidas arbitrariamente y al menos 86 personas fueron procesadas bajo la “ley contra el odio”, un instrumento inconstitucional que vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía y se usa como método de represión y censura, agrega Espacio Público.
La mayoría de las víctimas de estos actos fueron periodistas, trabajadores de medios de comunicación, personas que se expresan a través de redes sociales y trabajadores del sector público que cuestionan la gestión del Estado.
Alertamos que la opacidad en Venezuela se mantiene, pese a la aprobación por parte del Parlamento de la “ley de transparencia y acceso a la información de interés público”. En el último año, de 77 peticiones de información enviadas, solo dos fueron respondidas.
“Contrario a los estándares de protección del derecho, esta ley exige una motivación para responder a las solicitudes de información”.
Más de millón y medio de líneas telefónicas intervenidas
Sobre el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, referido al derecho a la privacidad, recordamos que un proveedor privado de servicios de telefonía e internet reconoció que intervino más de millón y medio de líneas telefónicas en 2021.
Además, por órdenes del Estado y su órgano regulador, bloqueó más de 1300 portales web entre 2016 y 2022, la mayoría sin órdenes judiciales, violando el ordenamiento jurídico y el derecho de la población a informarse.
Espacio Público exhortó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a mantener su escrutinio sobre el Estado venezolano para exigir efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos civiles y políticos.
*Con información de Versión Final