La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene de nuevo a Venezuela, y con el mismo objetivo de pretender asumir el rol de guardián de la libertad de expresión en nuestro país. Imagino que, como ya es costumbre en la susodicha organización de dueños de medios impresos, traen cocinada la declaración que darán al final de la visita, con el mismo resultado de siempre.

Se trata de una visita con indudables rasgos de intromisión en los asuntos internos de Venezuela y con objetivos claramente políticos, aunque su presidente, Earl Maucker, diga lo contrario. Vienen en plan de hacerle barra y bulto a la oposición, de cara al referendo del venidero 2 de diciembre. Si yo estuviera en el comando de la oposición habría sido el primero en decirle a los miembros de esa asociación empresarial que se abstengan de pisar suelo venezolano, porque es evidente el rechazo que en las grandes mayorías populares genera la SIP Si algún sector o individualidad del chavismo tiene dudas con respecto a la reforma constitucional, es muy difícil que no reaccione al ver nuevamente en acción a quienes durante todos estos años han estado de la mano a quienes fraguaron los hechos de abril de 2002 y sucesos subsiguientes.

La decisión con respecto a si se aprobará o se rechazará la reforma constitucional es un asunto de los venezolanos y venezolanas, al igual que lo fue la discusión de la constitución de 1999. Por cierto, vale la pena recordar que esa misma SIP estuvo en nuestro país durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente y, de la misma manera que hoy lo hace, se declaró en campaña para impedir la aprobación de la carta magna.

La SIP significa mucho para los propietarios de medios de comunicación, en particular para los dueños de diarios y demás publicaciones impresas. Sus decisiones son mandatos para quienes forman parte de sus filas y, aunque no lo digan, tales decisiones no son vinculantes para los gobiernos. Pero ellos se han “vendido” como una autoridad continental en materia de libertad de información, pese a que en el historial de la SIP salten a la vista conductas complacientes con dictaduras latinoamericanas que dejaron sangrientas huellas en la región.

No es una agrupación plural ni da cabida a trabajadores de los medios de comunicación, y mucho menos se da a la tarea de atender los reclamos laborales en materia de contratación colectiva o atentados a la libertad de expresión cometidos o que puedan cometer algunos propietarios de las publicaciones afiliadas. Un ejemplo de la conducta de la SIP fue su actitud frente al silencio informativo que se impuso en Venezuela durante las 48 horas que duró la dictadura de Pedro Carmona. No hubo de parte de ese sindicato de propietarios de medios ni repudio al golpe ni reclamo alguno a favor de la libertad de expresión e información en Venezuela. Es la misma SIP de siempre. No hay en su agenda, por lo visto, ninguna intención de asumir iniciativas destinadas a deslindarse de su pasado remoto y reciente.

Mienten entonces sus directivos cuando afirman que no vienen a nuestro país a asumir posturas políticas. Ya la SIP es suficientemente conocida en Venezuela. Es parte de la vocería internacional de medios venezolanos que siguen en la tónica de imponerle líneas políticas a la oposición y de usurpar posiciones de poder para las cuales nadie los eligió. Así como no es noticia que la SIP esté en Caracas, tampoco lo es que se le declare “non grata”. Eso se sabe...