La leyenda del Dorado se hizo realidad, para maldición de nuestros pueblos originarios. El mito creado en las cercanías del siglo XVI, en donde caciques cubrían su cuerpo en polvo de oro, y la creencia de un reino dorado estaba en esas tierras lejanas de la costa, motivó innumerables expediciones desde nuestra trágica conquista hasta el presente. La historia no se termina y tampoco se repite, pero hay escenarios que, respetando el contexto en el tiempo y el espacio, nos persiguen.
La dinámica económica en tiempos de crisis de la principal industria del país, como es la extracción y comercialización del petróleo, que llega en estos tiempos a márgenes de cifras oficiales muy bajas, después de uno de los defalcos más grandes de la historia de la humanidad, hace necesario y casi imprescindible volver la mirada a "La Leyenda Negra del Dorado". Así se programa un nuevo saqueo histórico de las inmensas riquezas naturales (oro, coltan, diamantes, torio, hierro,etc.) de esta "Tierra de Gracia", el Decreto 2.248, del 2016, de las Zonas Estratégicas de Desarrollo del Arco Minero del Orinoco para desarrollarse en un amplio territorio de la región de Guayana (111.843,70 Km2, 12,2% del total nacional). Es el proyecto de mayor impacto socio-ambiental concebido por una casta política para usufructuar el beneficio de gobernar en nombre de un pueblo sometido a una máxima degradación social-ambiental, que se evidencia en su traslado a otras fronteras por millones.
No es posible el desarrollo de un ambiente sano, que preserve su sistema acuático, cuencas hidrográficas y diversidad biológica, y que permita el crecimiento de una población que tenga garantías de sus derechos humanos, si se hace implementando políticas públicas que fomenten la deforestación, la contaminación con agentes como el mercurio y el cianuro, generando graves accidentes laborales o agudas enfermedades ocupacionales, que para colmo no tienen estadísticas oficiales, tratando de invisibilizar sus nefastas consecuencias.
Si bien es necesario recordar los inicios de un proceso de transformación constitucional, que estableció un nuevo marco jurídico y un nuevo contrato social, ese impulso revolucionario no duro mucho tiempo, tanto por los ataques externos que en honor a la verdad siempre han estado presentes, como por las debilidades internas entendidas en las faltas de control y evaluación de las políticas públicas, que se resistieron prontamente a las criticas y contralorías necesarias.
Y el Arco Minero del Orinoco (AMO) es el máximo ejemplo de esas políticas públicas que distorsionan los objetivos históricos de la sustentabilidad de procesos económicos que requiere el país y que son Ley incluso aprobados por la Asamblea Nacional, cuando estaba controlada en su totalidad por el mismo gobierno. Convertida en ley la sustentabilidad y protección del Planeta en el Plan de la Patria, como se señala en su objetivo número cinco: "Contribuir con la Preservación de la Vida en el Planeta y la Salvación de la Especie Humana", "implementando un modelo económico productivo eco-socialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional optimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza." Se giró ciento ochenta grados a la derecha y se impuso una barbaridad neoliberal y depredadora del Ambiente en grandes proporciones, que debilita la integridad y soberanía del país. Negando la justicia oportuna reclamada por las sectores políticos que demandaban la inconstitucionalidad del decreto que las sustentaban. La demanda de nulidad fue introducida en el año 2016. El Tribunal Superior de Justicia se tardo tres años en contestar un amparo denegando justicia y con esto la Sala Política Administrativa hizo caso omiso de los articulos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, que dicen: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…" y "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…." De esta manera generan en la practica un silencio institucional.
Apenas comenzamos a sentir y experimentar los impactos negativos en la población originaria y en el país en su totalidad de esta política del máximo gobierno, dentro y fuera de los márgenes del territorio del A.M.O., como de la apropiación de fuerzas armadas de distinto signos de nuestras riquezas naturales. Representando una violación facciosa y continuada de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (C.B.R.V.) Y un insolente y sedicioso defalco a la nación, a los pueblos originarios y los pobladores de las grandes ciudades.
Sorprende el caradurismo del gobierno de Nicolás Maduro para presentarse en la Cumbre de Cambio Climático (que estaba previsto realizarla en Chile, pero que por el rechazo a la aplicación de políticas neoliberales y la represión brutal de los Carabineros a la protesta social, con saldos nefastos, desistieron de hacerla y por tanto se desarrolla en Madrid). Para presentar a unos interlocutores que señalan que el A.M.O. tiene un desarrollo de un 25% y que está esperando la intervención de empresas Transnacionales para avanzar en el desarrollo de nuestro país. Ciertamente estos señores están "actuando", como dice la principal consigna de la Cumbre Mundial: "es tiempo de actuar de manera urgente y ambiciosa", sin embargo el problema radica en que lo están direccionando en sentido contrario. Esta problemática que estuvo mucho tiempo minimizada o negada, cada vez agarra mayor protagonismo y se ubica en el centro del debate mundial, producto de un trabajo incansable de militantes del ambiente que con una visión ecológica moderna buscamos el despertar de conciencia planetaria y constituir un poderoso movimiento que logre articular una resistencia activa capaz de cambiar las políticas y agendas ambientales, para actuar preservando la vida.
