El viernes 10 de junio aproximadamente a las 11 a.m. fue allanada la sede nacional de Marea Socialista. Una comisión de funcionarios del CICPC fuertemente armados, irrumpió en las instalaciones de esa organización política con una orden firmada por la Juez Denisse Bocanegra Díaz que autoriza el allanamiento, según CAUSA . Nº 9 C S-1.329-16. A pedido de la fiscalía 123 del Ministerio Público.
Sin mayores explicaciones, sin informar el contenido de la causa, sin decir por cuáles motivos se hacía semejante exhibición de armamento, media hora después de haber ingresado y sin encontrar nada de lo que supuestamente buscaban, los funcionarios se retiraron del lugar.
Por lo injustificado y desproporcionado del operativo, Marea Socialista considera este hecho una grave violación a las libertades políticas, las que ya están muy limitadas en el país. El Equipo Operativo Nacional de la organización recuerda que no es la primera presión de este tipo que sufre. Retaliaciones, amenazas, injerencias en la privacidad, despidos y limitaciones a los derechos sociales y políticos de dirigentes y militantes de MS vienen sucediendo en los últimos 3 años, hechos que se han incrementado en los últimos 6 meses.
Uno de los más vergonzosos ejemplos, en los que actuaron Cinco (5) de los poderes del Estado, es el impedimento de MS a iniciar su proceso de legalización política. Mientras que el CNE rechazaba el nombre solicitado, el TSJ da largas al reclamo contra la decisión arbitraria del CNE y el Ministerio Público, en una semi feudal interpretación de la ley, se atreve a juzgar que MS no puede usar el nombre “Socialista” porque según el criterio de la Fiscal designada, no lo es (¿?), un argumento que además de totalitario es ridículo. Mientras que todo esto ocurría, desde el ejecutivo y la presidencia de la anterior AN se lanzaba una fuerte campaña de retaliación, descalificación y persecución política utilizando todos los medios de comunicación del Estado.
La rápida difusión del atropello que significó el allanamiento ocurrido en el día de hoy, provocó una llamada telefónica a dirigentes de Marea Socialista por parte del director del CICPC, en la que explicó: primero, que desconocía la operación y pedía explicaciones (¿?). Para luego, en otra llamada posterior, intentar justificar que la causa por la que realizó el allanamiento no estaba relacionada con MS. Rechazamos esta justificación telefónica por las siguientes razones:
1.- El domicilio allanado es hace tres años sede nacional de Marea Socialista, está identificado con banderas y pancartas de la organización, las actividades políticas que se realizan en ese espacio son públicas, la mayoría de ellas abiertas a todo el que quiera participar y publicitadas por los medios de difusión. En ella se han realizado, además de las actividades de la organización, Ruedas de Prensa, seminarios, talleres y todo tipo de actividades.
2.- El allanamiento se realiza con una orden judicial firmada por una Jueza a pedido de una Fiscal. Los funcionarios policiales están identificados en la misma, y fue emitida cuatro días antes de ser ejecutada. La dimensión del operativo, la amenazante ostentación de armas, el despliegue intimidatorio, tienen en nuestra opinión el claro objetivo de amedrentar y limitar los derechos políticos y ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional.
3.- Como demostramos más arriba no es una acción aislada. Ni sólo contra Marea Socialista, es parte de los atropellos que diariamente sufren otros que defienden o reclaman por sus derechos. Se trata de la instalación de una tendencia autoritaria que viene desarrollando el gobierno, que se traslada a la actuación de las fuerzas de seguridad. Tendencia que en casi todos los casos es avalada por sectores de poder judicial, aval del que no escapan los funcionarios del Ministerio Publico y de otros poderes del Estado y la red de medios de comunicación bajo el control del gobierno.
Como decíamos en Editoriales, artículos, columnas de opinión, entrevistas, reuniones y por todo medio a nuestro alcance, la misma declaración del Estado de Excepción es un nuevo golpe a la democracia y en este contexto colocamos este tipo de acciones. Como lo es también la sanción del decreto del Arco Minero que además de representar un Ecocidio significa una miserable entrega de soberanía y de recursos a las transnacionales y la limitación ilegal de derechos sociales, sindicales, económicos y políticos en la zona especial que abarca.
Es autoritaria también la manera irrespetuosa de tratar a los ciudadanos obligados a hacer humillantes colas para conseguir lo elemental para sobrevivir. El racionamiento arbitrario y los cortes o suspensión de servicios básicos, la militarización cotidiana de las ciudades. Lo son las trabas, maniobras y burlas hacia la posibilidad de utilizar uno de los derechos políticos más avanzados de nuestra constitución como lo es el referendo revocatorio hacia los funcionarios electos. Lo mismo que la grave limitación a la alimentación y la salud que sufre el pueblo más necesitado.
Frente a este atropello Marea Socialista declara: Como militantes del proyecto bolivariano bastardeado y manipulado por la actual cúpula del PSUV y el gobierno, seguiremos en nuestra lucha. Denunciando la corrupción y la impunidad, develando el carácter antipopular de las medidas que lleva adelante el gobierno. Y luchando para reconstruir el proyecto nacional demolido por tres años de ineficiencia, soberbia y cinismo.
Seguiremos luchando por defender nuestras ideas, nuestros derechos y los de la población de conjunto, lo mismo que por la vigencia irrestricta de la Constitución.
Continuaremos haciendo vida en nuestra sede y como lo hemos hecho hasta ahora, no retrocederemos frente a las amenazas, presiones o retaliaciones de la que somos objeto.
Ratificamos que estás cúpulas, ambas, el PSUV y la MUD, no nos representan, y que seguiremos en el camino de la construcción de una nueva referencia política.
Por último: exigimos a todos los responsables de este atropello una aclaración pública de los hechos y el deslinde de responsabilidades de Marea Socialista de los mismos.