Organizado por las comisiones de Política Exterior y Contraloría, se realizó el lunes 5 de diciembre en la Asamblea Nacional el Foro Arco Minero:" El peor ecocidio de la historia".  

En esta actividad, en la que participaron líderes de las diferentes tendencias políticas (oposición y chavismo) que hacen vida en el país, se acordó activar acciones nacionales e internacionales para detener la devastación que está generando la explotación de la zona creada vía decreto presidencial N° 2248 en febrero de este año.

Entre los panelista destacaron el constituyente Freddy Gutiérrez, la ex ministra Ana Elisa Osorio; el ex rector de la Universidad Indígena de Venezuela, Esteban Emilio Mosonyi Szász, el mayor general (r) Clíver Alcalá Cordones, el militante social Santiago Arconada;  y el politólogo y dirigente de Marea Socialista Nicmer Evans.

Los presidentes de las comisiones permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración y de Contraloría, diputados Luis Florido y Freddy Guevara informaron que el foro serviría como herramienta para el conocimiento del impacto económico y social de la explotación del Arco Minero del Orinoco y del supuesto problema de corrupción que existe detrás del decreto presidencial 2248

A juicio del presidente de la Comisión de Política Exterior, el “Arco Minero es una situación de alarma que tiene que unificar al pueblo de Venezuela sin importar tendencias políticas para oponerse a este ecocidio del régimen de Maduro que quiere lucrarse desangrando el patrimonio natural de los venezolanos”.

Por su parte, el presidente de Comisión de Contraloría, indicó que este proyecto llevado a cabo por el gobierno nacional se ha llevado en un “proceso opaco cargado de vicios y corrupción”.

El aspecto legal fue abordado por Freddy Gutiérrez, quien considera que con el decreto 2248 el presidente Maduro dictó la amputación de la República Bolivariana de Venezuela. "Decidió amputar 112 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, espacio que es más grande que Cuba, Irlanda o Croacia. Se trata de la creación de un Estado dentro de otro Estado. Maduro hizo caso omiso a las advertencias y dictó un decreto en un acto inmotivado, porque para que un decreto tenga validez debe tener motivos, debe definir cuáles son sus razones de ser".

El constituyente cuestionó que una de las primeras compañías contratadas por el Estado para la explotación del Arco Minero del Orinoco (que abarca parte de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) sea la Gold Reserve Inc de Canadá. "Una empresa que perjudica tanto a Venezuela que si el Estado resuelve algún convenio, será la Gold Reserve la que cobraría los beneficios. Y así ocurre con varios memorandos de entendimientos firmados por Maduro". Agregó que esta compañía tiene muy mala fama en su país y el gobierno no tomó en cuenta eso.

Por su parte, Esteban Emilio Mosonyi Szász alertó sobre la posibilidad de una limpieza étnica en el país. "Ese desarrollo del Arco Minero no es otra cosa que una posibilidad mortal, es el fin de Venezuela, de un país, es un ecocidio. Aún si se explotara solamente la mitad del arco, el golpe sería mortal".

Aunque es optimista sobre la nulidad del decreto, subrayó que no se trata de la revolución o la oposición, sino del riesgo que está corriendo la soberanía de un país. "No hay minería ecológica. Ni Dios ni los espíritus tutelares que rigen a los pueblo originarios permitirán el mayor ecocidio de la historia. Son 180 compañías que desalojarían a las comunidades indígenas".

Cree que no sería posible que los pueblos indígenas conserven sus comunidades una vez que se instalen las 30 u 80 primeras compañías en el arco. "Ya la deforestación y el desplazamiento está causando estragos y eso se está viendo en los micros que está transmitiendo el propio gobierno". Criticó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por desestimar la solicitud de nulidad del decreto alegando que los argumentos son insuficientes.

Para el Mayor General Alcalá Cordones el decreto 2248 crea un Estado paralelo. En el Arco Minero del Orinoco nadie podrá meterse con las empresas que allí funcionen, solamente el ministro de la Defensa, ni siquiera los jefes de las zonas de las tres entidades involucradas.

Habló sobre el mineral Coltán y la proliferación del cáncer con motivo de las minas a cielo abierto que se desarrollarán en el arco. El militar retirado está convencido de que el decreto será anulado porque son muchos los venezolanos que están en contra del mismo. "Tenemos que luchar contra la minería actual. Esa lucha me costó mi trabajo"- dijo al tiempo de señalar que la difteria se ha desatado con motivo de la explotación minera.

Asimismo, insinuó que con los vértices que se plantean en el decreto sobre el Arco Minero del Orinoco se está entregando el territorio Esequibo. "No solamente es responsable el presidente Nicolás Maduro, sino su Consejo de Ministros".

A su turno la ex ministra de Ambiente Ana Elisa Osorio está segura de que Hugo Chávez Frías jamás hubiese permitido un decreto como el 2248, por eso llamó a la bancada del Gran Polo Patriótico a respetar los ideales del máximo líder de la Revolución Bolivariana y defender el legado natural del país. "El impacto de este decreto sobre la nación es extraordinariamente negativo. Cuando nos quedemos sin los ríos Caroní y Caura, será muy difícil recuperarnos"-sentenció la socialista.

Calificó el decreto como una tragedia que contaminará los principales ríos del país y todos sus afluentes, con las consecuencias dramáticas de afectar las represas. Recordó que la explotación minera utiliza sustancias químicas altamente tóxicas como el arsénico, cianuro y mercurio. "Está en juego no solo la salud del ecosistema sino de la gente, tendremos efectos sobre el clima, el suelo, porque la minería a cielo abierto es extremadamente contaminante".

Puntualizó que es falso que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará con la explotación del arco. Por ello propuso declarar írritos y revocables todos los tratados internacionales, llevarlos a la Asamblea Nacional. "Este gobierno está traicionando a Chávez"-insistió.

Para Santiago Arconada, con el decreto dictado por el presidente Maduro se está dando una puñalada a la cuenca hidrográfica más importante del país. "Se está autorizando hacer una merengada de cianuro y arsénico en la cuenca del Orinoco. En vez de reconsiderar el trato que le hemos dado, resolvieron vender la madre agua en función del capitalismo y para resolver el desfalco al que nos han sumido".

Continuó señalando que se trata de una voracidad capitalista la que hizo firmar al presidente Maduro un decreto para vivir de la extracción de lo que no sembramos. "Hacer de la Orinoquia una merengada de cianuro para sacar oro y coltán es cuestionable. El agua debería ser la ruta de la salud para reproducir la vida en condiciones ideales".

Por su parte Nicmer Evans afirmó que personajes del gobierno y de la oposición están en el negocio. Pidió a los diputados que propongan una investigación para conocer qué personajes del gobierno y de la oposición están interesados en la explotación del Arco Minero del Orinoco. "Lamentablemente un sector de cada bando se frotan las manos cuando de 'extractivismo' minero y fuga de capitales se trata"- indicó al tiempo de señalar que se debe indagar qué está detrás del arco y quién se enriquece con éste.

Aseguró que detrás de esta figura existen conexiones financieras y entes políticos que están detrás de las compañías contratadas. Mencionó apellidos muy conocidos, Cisneros y Bush, como los dueños de algunas de las empresas contratadas para la extracción en el arco.

"Más traidor es Nicolás Maduro porque es él quien se sienta con Kerry (John, el secretario de Estado de EE. UU.) a negociar. No debe utilizar la política para convertir a Venezuela en el patio trasero de quienes extraen nuestras riquezas"-culminó Evans.