10/03.- Cáceres se oponía al proyecto Agua Zarca, que desarrollaba en el occidente del país la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), porque según ella causaría graves daños al ambiente, lo que siempre han rechazado los encargados de la obra, que ha sido paralizada desde el asesinato de la ambientalista.
Grupos defensores de los recursos naturales y familiares de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, exigirán el sábado que se capture y castigue a los autores intelectuales del crimen.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres era coordinadora general, tiene previsto celebrar desde este viernes varias actividades en la occidental ciudad de La Esperanza, donde fue asesinada la ambientalista, conmemorativas al tercer aniversario de su muerte.
En la víspera, el Copinh también ha hecho llamamientos a "quienes sientan la lucha de los pueblos originarios y de los ambientalistas", a que mañana, sábado, "se unan a esta acción".
Las actividades para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres incluyen protestas frente a las embajadas de Honduras en el exterior haciendo "un altar" y exigiendo "la captura de los autores intelectuales del crimen y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca".
Cáceres se oponía al proyecto Agua Zarca , que desarrollaba en el occidente del país la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), porque según ella le causaría graves daños al ambiente, lo que siempre han rechazado los encargados de la obra, que ha sido paralizada desde el asesinato de la ambientalista.
En España, varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional (AI), aseguraron este viernes en Madrid que procesar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sería un mensaje claro de que la impunidad "no se va a permitir".
"Justicia para Berta"
Con motivo del tercer aniversario del crimen, varias decenas de personas se concentraron este viernes ante la Embajada de Honduras en Madrid convocadas por el Copinh.
En el acto de protesta se exigió "justicia para Berta", con la participación de unas veinte organizaciones sociales, de derechos humanos y ecologistas españolas e internacionales, entre ellas AI y Greenpeace .
Según el Copinh, los ataques sistemáticos contra Berta Cáceres en Honduras se pudieron llevar a cabo gracias a la financiación y respaldo de bancos y empresas que apoyaron el proyecto al que ella se oponía.
A tres años del asesinato de Cáceres, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que "la justicia hondureña tiene aún la responsabilidad de seguir investigando exhaustivamente".
Añadió que debe seguirse investigando el caso "con el fin de dar con todos los responsables del crimen -más allá de los meros autores materiales- y asegurar que no quede impune".
"Llevar ante la justicia en un proceso justo e imparcial a todos los autores materiales, así como a los responsables intelectuales, enviaría un mensaje contundente a la sociedad hondureña y al mundo entero de que este tipo de crímenes contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente no pueden quedar en la impunidad", indicó Guevara Rosas.
El 30 de noviembre de 2018 la justicia hondureña condenó a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres, lo que fue recibido con insatisfacción por la familia de la ambientalista y la defensa de la empresa DESA implicada en el crimen.
"No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia", dijo entonces Austra Bertha Flores, madre de la ambientalista asesinada, al finalizar la audiencia en la sala del tribunal de Tegucigalpa en la que fue leída la sentencia.
Hasta ahora se desconoce la pena que le caerá a los siete condenados por el crimen.
El abogado de DESA, Robert Amsterdam, desde Washington indicó en un comunicado que hizo llegar a Efe que el equipo de defensa de Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de la empresa, rechazó el fallo.
"El equipo de defensa del señor Rodríguez rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales", enfatizó Ámsterdam.