09-07-23.- Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional de 2015, aseguró que las dos actividades que actualmente generan más recursos al Estado venezolano, como lo son la actividad petrolera y la extracción de minerales, son las que están provocando la mayor cantidad de contaminación y degeneración de los espacios naturales.

Este tema se pone sobre la mesa a propósito de que, por tercer año consecutivo, las Naciones Unidas menciona ampliamente en sus informes el tema ambiental en el país, enfocándose en el Arco Minero del Orinoco y los derrames petroleros.

“Creo, desde mi perspectiva, que el haberse declarado el año pasado el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano fundamental, le ha dado mayor fuerza al contenido del tema ambiental dentro de este informe”, manifestó Hernández en una entrevista con Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

Resaltó que, aunque los derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo son noticia reciente por su magnitud, la realidad es que están ocurriendo desde hace años debido a que todas las tuberías de la industria petrolera presentan fallas que provocan derrames tanto en aguas dulces como saladas, así como en las costas a través de las refinerías.

Asimismo, indicó que no se puede hablar de un número específico de derrames, ya que muchos de estos no han podido ser contabilizados.

Acuerdos Internacionales en deuda

Por otro lado, condenó que Venezuela no sea parte del Acuerdo de Escazú, el cual promueve el acceso efectivo a la información ambiental, la justicia en los casos requeridos y la participación en la toma de decisiones que afectan el ambiente.

Esta es la razón por la cual en el informe de las Naciones Unidas se hace referencia a que no se han tomado medidas apropiadas para la información y la justicia ambiental, sugiriendo que es pertinente unirse a dicho acuerdo.

“Hoy mismo tenemos defensores de derechos humanos que están privados arbitrariamente de su libertad, pero además tenemos casos de defensores de derechos humanos ligados a los pueblos indígenas que han sido asesinados y a los cuales aún no se les ha conseguido justicia”, lamentó.

Agregó que si Venezuela formara parte del Convenio de Minamata, que se encarga de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones de mercurio, se podrían revertir los daños que está causando el cianuro en el sur del país.

Asimismo, enfatizó que, aunque Venezuela pertenece al Tratado de París, todavía no cuenta con una ley de cambio climático.

No obstante, alertó que se ha venido perdiendo la capa vegetal, lo cual es sumamente grave en un país que está entre los primeros 10 en el mundo con mayor biodiversidad y agua potable.

Política degradatoria

Por otra parte, Hernández agregó que la legislación venezolana en materia de ambiente es sumamente moderna y poderosa, e indicó que en 2018 se aprobó la Ley de Mega Reserva de Agua Dulce de todo el sur del Orinoco, con el fin de proteger los parques nacionales y la cadena de agua de dicha zona. Sin embargo, esta ley no ha sido tomada en cuenta.

“La política del Estado venezolano desde hace 20 años es una política degradatoria del ambiente, de romper con el equilibrio natural y con todo aquello que signifique vida (…) Si tienes un estado que, a pesar de tener la mejor ley en el mundo, se empeña en dos actividades que son altamente degradantes y contrarias a esa ley, pues el problema entonces es el Estado”, subrayó.

Por último, destacó que si no se toman medidas al respecto, la salud de los venezolanos se deteriorará y recordó que lo que sucede en una parte del mundo en el ambiente influye en otra.

De igual manera, la emisión de gases de efecto invernadero desde el sur del Orinoco contribuyen con el calentamiento global y por eso comenzamos a experimentar temperaturas tan elevadas.