02-08-23.-El Arco Minero del Orinoco (AMO) acabó con la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana según denuncia un comunicado firmado por defensores de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
El documento fue difundido por el abogado defensor de los pueblos originarios de Venezuela, Olnar Ortiz.
De acuerdo con lo publicado, el documento se produjo luego de un exhaustivo análisis del informe AHRC 53/54 de la resolución 59/21 emitida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
El texto también deja claro que es una postura que asumen los movimientos indígenas y va dirigido al Estado venezolano, a los distintos movimientos originarios de todo el país, a las organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional.
Arco Minero del Orinoco y las violaciones de Derechos Humanos
El Arco Minero del Orinoco (AMO) tuvo un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. También ha impactado de manera negativa sobre los derechos a las tierras, territorios y recursos, sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad.
En medio de todo este contexto, el Arco Minero ha afectado de manera negativa la economía, la cultura y toda la sociedad indígena de la Amazonía venezolana.
En el texto también reiteran la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. El consentimiento debe hacerse de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos justo antes de la adopción o aplicación de cualquier decisión.
Sobre la reforestación anunciada por la FANB
Los pueblos indígenas de la Amazonía también cuestionan el último proyecto que estaría iniciando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el fin de reforestar las zonas afectadas por la minería.
Los originarios cuestionan tal proyecto por activarlo sin la consulta previa, lo que constituye una violación de los derechos indígenas. No obstante, no hacen ninguna objeción a la naturaleza del proyecto, sino a la forma en que se decidió su ejecución.
También denuncian la presencia de los grupos de civiles armados que estarían implicados en delitos como la violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas.
De acuerdo con el texto, persisten los hostigamientos, amenazas, secuestros y las desapariciones forzosas. Mientras ocurren todos estos delitos, el Estado no ha llevado ante la justicia a los ejecutares de tales actos.
