19-09-23.-En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, la directora de la oenegé SOS Orinoco, Cristina Burelli, denunció que la falta de voluntad política y la complicidad del Estado venezolano son los elementos responsables de la propagación de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, así como del dominio de grupos armados en la zona.

“La Corporación Venezolana de Minería, donde al frente está el general Osorio, es la que provee todo el suministro de gasolina en Bolívar. Son los que proveen a los mineros ilegales de combustible para hacer esta minería semi mecanizada. La Fuerza Armada es la que provee el mercurio a todos estos mineros. Es lamentable que el gobierno pretenda que no tiene responsabilidad. Decir que son los indígenas y los mineros ilegales. No. Ellos proveen combustibles, máquinas y acceso a las áreas protegidas. Sin esos elementos no existe minería. Si Maduro quiere acabar con la minería ilegal, debe dar la orden de detener el suministro de combustible y el acceso a las áreas protegidas”, sentenció Burelli.

Asimismo, destacó que la falta de apoyo, experticia y estudios técnicos por parte del Estado venezolano para controlar la situación se han traducido en enfrentamientos y muertes en el marco de la Operación Roraima y Autana, las cuales buscan erradicar la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar.

“Es necesario traer ayuda técnica al país para solucionar el problema de la minería ilegal dentro de Canaima. Esto está vigente. Hay que ver la situación en Yapacana: la Fuerza Armada no ha pedido ayuda técnica ni asesoramiento por parte de expertos internacionales para saber cómo desmantelar y solucionar el problema. Es algo complejo. Aquí hay personas y mineros muy pobres involucrados. También hay grupos armados organizados. Hay muchos actores”, enfatizó.

Para septiembre de 2023, la FANB informó que 10.782 mineros ilegales han sido evacuados de Yacapana, en el marco de denuncias por la brutalidad de los desalojos. Hay que señalar que el pasado 13 de septiembre se reportó un enfrentamiento en la Mina Cacique entre efectivos militares que estaban practicando un desalojo. El hecho suscitó heridos y muertos.

Inspección internacional a Canaima es “urgente”
Asimismo, respaldó el comunicado emitido por la organización en el que afirman que funcionarios del chavismo, liderados por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, intentan “evitar que se apruebe el documento borrador sobre la situación del Parque Nacional Canaima que fue aprobado en la reunión preliminar que se celebró en Paris, en el mes de julio de 2023”.

En este sentido, la administración de Nicolás Maduro estaría intentando modificar un borrador sobre la situación del Proyecto de Decisión sobre el Patrimonio Mundial Parque Nacional Canaima, con el fin de retrasar la inspección urgente a la reserva natural por la Misión Reactiva de Monitoreo de la Unesco. Los hechos ocurren en el contexto de la reunión anual del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco que este año se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita.

Hay que señalar que el monitoreo reactivo tiene como fin supervisar el estado de conversación en el que los gobiernos mantienen los bienes de patrimonio mundial, en el caso de Bolívar, el Parque Nacional Canaima, el cual está siendo afectado por la minería ilegal y el extractivismodesencadenado por el Arco Minero del Orinoco.

“Están intentando con país amigos como Rusia, China, Etiopía… los países más abiertos al gobierno de Maduro, intentan que no se apruebe el documento borrador sobre Canaima que se aprobó en París durante el mes de julio. Es imprescindible y urgente que la Misión de Monitoreo Reactivo visite Canaima. Esto fue propuesto en la reunión de 2021 en China, entonces se propuso la visita y el gobierno de Maduro lo aprobó. Se acordó que esa misión visitaría Venezuela en 2022, iba a ocurrir en septiembre. En agosto de 2022, Venezuela solicitó el aplazamiento dando la excusa de problemas climáticos. Se aplazó y estamos a 15 de septiembre y no se ha vuelto a poner fecha”, aclaró Burelli.

Desde la organización, reiteró que la visita es necesaria para poder dar solución a una minería ilegal que no ha dejado de aumentar, puesto que no se han tomado medidas efectivas por parte de las autoridades para detenerla.

Destrucción de Canaima bajo la mirada gubernamental
Desde finales de 2022, el gobierno de Maduro a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana implementó la Operación Autanaen el estado Amazonas y la Operación Roraima en el estado Bolívar para erradicar la minería ilegal.

Medios regionales han venido reseñando las denuncias de las comunidades mineras, quienes afirman que las operaciones han estado marcadas por la violencia, destrucción de campamentos, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos.

En el marco del extractivismo -propiciado por el Estado a través del Arco Minero- el Parque Nacional Canaima se ha visto gravemente afectado. Según el trabajo de investigación Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, más de 1000 hectáreas de Canaima están afectadas por la minería.

En 2020, la Asamblea Nacional entonces presidida por Juan Guaidó emitió una carta a la Unesco denunciando que Canaima cumple con todos los criterios para ser incluido en la Lista de Patrimonios Mundiales en Peligro debido a la falta de voluntad política del gobierno para detener las operaciones mineras en el área.

Arco Minero: ecocidio revestido de legalidad
La directora de SOS Orinoco aseveró que la situación crítica y el peligro que corre la biodiversidad de Canaima tiene un solo responsable: el Estado venezolano.

Desde 2016, la administración de Nicolás Maduro revistió de legalidad el Arco Minero del Orinoco sin consulta previa a las comunidades indígenas ni un análisis exacto del posible daño ambiental que acarrea la minería.

“Esta política minera caótica y criminal, donde los grupos armados son los que controlan muchas de las minas en el Arco Minero, se ha expandido hacia todo el sur de Venezuela. 80% de ese territorio son áreas protegidas incluyendo Canaima. Esta minería descontrolada y caótica no respeta las leyes ambientales. Lo más trágico y lamentable es cómo afecta el ecosistema, los ríos y el factor humano: toda la población que coexiste en torno a la minería. En Bolívar, específicamente en Canaima, el pueblo pemón está afectado por la minería y la utilización del mercurio”.