Nota: Al oir hablar al presidente Maduro de reformas constitucionales para fortalecer o darle pertinencia a lo participativo y protagónico, pensé en las comunas a las que hago referencia en otro trabajo; pero también recordé que, en mi archivo, tenía y tengo unas propuestas que escribí en 1999, cuando el proceso constituyente. Parte de ellas las expongo en esta entrega. En gran medida, es un intento de erradicar lo que antes se solía llamar "paracaidismo", una maniobra mediante la cual el viejo centralismo anula nuestras conquistas, como el derecho a elegir nuestros gobernadores. Si algunos de los comentarios que aquí hago coinciden con la realidad de ahora, es obra de la simple casualidad y también de los errores de quienes estaban obligados a evitar que eso sucediese, como las persistentes abstenciones electorales. Hasta pudiera haber, al lado de la insensatez de entonces, algo sustantivo y necesario, digno de tomar en cuenta. Fortalecer el poder popular comienza por fortalecer a las regiones y aminorar en lo posible el centralismo que, ha permitido, a las clases dominantes, externa e internas, imponernos un modelo por demás desequilibrado.

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1. - La Constitución vigente supone la independencia de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que, según los postulados nuestros, derivados de las constituciones europeas y americanas, tendrían un margen de acción sin intromisiones. Pero en Venezuela esto es falso de toda falsedad. En primer término, el régimen puntofijista, derivado de un acuerdo entre partidos para controlar la sociedad de la década del sesenta, que se suponía amenazada desde dos flancos; de la derecha militarista y dictatorial y , luego, del lado de la izquierda que, se levantó en armas, por el efecto ecuménico de la revolución cubana y las provocaciones del sector oficialista, terminó en un maridaje corrupto y mercantil que compartió cuotas de poder.

Hay ejemplos, como aquel del llamado "Banco de los Martínez", en el Estado Bolívar, que consistía en un contubernio entre adecos y copeyanos para compartirse los puestos de la administración pública, sin importar quien gobernase. Y es ampliamente conocido el caso, en que personajes de las cúpulas de Copei y AD, para decirlo en lenguaje de moda, se empataron mediante sociedades mercantiles para aprovechar los contratos del Estado, sin correr los riesgos que implicaba perder las elecciones. Una manera muy mercantil y corrupta de atrincherarse en el poder, mientras en la calle se aparecía como haciendo oposición. Dos personajes de diferentes partidos, AD y Copei, creaban empresas en sociedad, particularmente en el área de la construcción, la gerencia se rotaba según el partido que gobernase para tener siempre facilidad para acceder a los contratos y las ganancias finas para ambos en cada circunstancia.

Pero también, se perdió la independencia de los poderes por el carácter estalinista de los dos partidos tradicionales de la democracia. Quienes, en este país, por décadas, han usurpado el carácter de representantes de la democracia, forjaron partidos que le han negado a sus militantes el derecho a pensar y actuar con independencia. La llamada línea del partido, que en definitiva no es más que la orden inflexible del cogollo, siempre está contra cualquier disidencia democrática

Por estas formas de pensar y actuar los partidos que han sido ejes del sistema que agoniza, el Ejecutivo ha controlado al Legislativo; y el partido, en algunos casos, ejerció control sobre ambos poderes. Fue frecuente escuchar en la campaña electoral, y antes también, a Alfaro Ucero, lamentarse que Carlos Andrés Pérez, gobernó sin atender las demandas y orientaciones de AD, pero bien sabemos que esta organización, pese a ese concepto que privaba en su dirección, jamás intentó poner freno a las calamidades que al país causaba el nacido en Rubio. En el Congreso los adecos le dieron luz verde a todo cuanto salía del gabinete del presidente de los blancos. Por supuesto, esta misma conducta asumió el partido COPEI. Pero por regla general, el poder de los partidos se ha hecho sentir con fuerza en todos los poderes del Estado, en tal magnitud que casi se puede confundir a funcionarios de libre escogencia con militantes del puntofijismo.

La independencia del Poder Judicial en Venezuela es una entelequia. Si algo no es libre ni independiente en Venezuela, es ese poder. Constituido por "tribus judiciales", entre las cuales destaca la liderizada o controlada por David Morales Bello, que han practicado el terrorismo judicial. "Nombran" jueces a su gusto e influyen en las decisiones judiciales más relevantes de la vida nacional. Si un sector político en Venezuela quiere tener éxito en una demanda ante los tribunales, no es necesario asistirse con razones, pruebas o legitimidad, basta con acudir a un juez del sector "opuesto". Esto funciona sobre todo en momentos puntuales y conflictivos entre parcialidades del mundo judicial que, en fin, de cuentas, por lo general, son AD y COPEI.

Pero no podría esperarse otra cosa en un país donde la Corte Suprema de Justicia, como dijo alguien recientemente, nadie sabe quién la designa. Se le escoge a dedos y en conciliábulos o cogollos de los partidos de mayoría parlamentaria que hasta ahora han sido los tantas veces nombrados. Es difícil encontrar en este país un magistrado de la corte que no esté marcado por la influencia del cogollo.

Es pertinente recordar, aquellos tiempos del puntofijismo, donde asuntos inherentes a los venezolanos todos, como escogencias de autoridades en los distintos poderes, etc., se dilucidaron en partidas dominicales de dominó, entre los representantes de los partidos gobernantes. Al tocar este tema se me viene a la memoria, Gonzalo Barrios, el habitual organizador y anfitrión de aquellas inusuales partidas.

Por todas estas cosas, la Constituyente debe legislar para acabar con ese contubernio de partidos y poderes del Estado que tanto daño le ha hecho al país. Lo primero que se debe hacer es imponer la uninominalidad como forma de escoger a los representantes, para que el elector le dé su mandato de manera directa al elegido y este quede liberado del control de partido y de cogollo. Debe abrirse el derecho a cada cual, más allá de los partidos, sin trabas, burocratismos u odioso ventajismo, a presentarse como candidato a representante.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la República, por lo inapelable de sus decisiones, debe estar integrado de manera que ofrezca confianza a los venezolanos. El carácter venerable de sus miembros debe estar más allá de toda duda. Ellos deberían ejercer la representatividad popular en primer grado y electos sin injerencia alguna de los partidos y de los otros poderes del Estado.

Lo mismo podría hacerse con las figuras de Contralor General y Fiscal General de la República, funcionarios que podrían formar parte de ese cuarto poder, el Poder Moral, del cual habló el Libertador, en el proyecto constitucional de Angostura y que ha sido promovido en esta campaña electoral por el nuevo presidente de los venezolanos.

La representatividad, debe serla, no sólo por la forma de la elección. Es decir, no es suficiente que el soberano, el elector escoja a un representante. Es también necesario acabar con esa especie de contrabandeo (paso ilegal por las alcabalas) de la representación que han venido haciendo los partidos. La proposición para la escogencia debe ser legítima desde su inicio. Es necesario que las nuevas leyes establezcan que, para ser representante al cuerpo legislativo nacional (uni o bicameral), regional o local, el aspirante esté residenciado para el momento de la elección en la jurisdicción que representaría. Y esta residencia debe alcanzar un tiempo prudencial como para que se haya identificado con los representados y sus problemas. A nuestro parecer, esta residencia, residencia verdadera, comprobada, no referida a visitas momentáneas, debe alcanzar un mínimo de cinco años.

Y esta condición, la residencia de por lo menos de 5 años en la región, debe establecerse también, para ejercer el derecho a ser miembro del poder legislativo regional, alcalde y concejal. Es elemental pensar que, cargos representativos como estos, no pueden ser ejercidos con eficiencia y compromiso por turistas o simples paracaidistas. Cada quien siente su propio dolor y padece sus carencias. Además, ¿cuándo llegará el día que los caraqueños entiendan que este país se igualó, que lo que ellos llaman la provincia, hay tanta gente de valor, en los distintos sentidos y hasta más que en Caracas?

Y la sociedad reclama la revocatoria del mandato. Si a todas luces, por una razón u otra, se llega a la conclusión generalizada que, por incompetencia o inconveniencia, alguien no debe continuar ejerciendo un mandato soberano, el pueblo ejerciendo sus poderes debe suspendérselo, aún antes del cumplimiento del período para el cual fue designado.

Es demasiado obvio, lo enseña la historia, que los supuestos representantes en el poder legislativo nacional por las regiones o Estados, suelen por razones de distinta índole, como la fuerza del Estado, distanciarse de sus regiones. Ejercen sus funciones atendiendo primordialmente a lo que el centralismo y el poder nacional dispone y planifica y, pocas veces, salvo algunos casos derivados de la misma operatividad de ese centralismo, actúan en función del interés de la región que representan. No hace mucho tiempo atrás, un empresario anzoatiguense, hecho senador de la república, llamó a sus colegas regionales a formar un cuerpo para elaborar planes y propuestas inherentes a la región y llevarlos a los altos niveles del Estado, como el congreso, del cual forman parte y al Poder Ejecutivo. Tal planteamiento no tuvo acogida entre sus colegas, dado los compromisos, adherencias de cada uno de ellos y el actuar por inercia. Entonces, la reforma constituyente, debería recoger esa idea; que los representantes regionales, formen un cuerpo que recoja lo inherente a los espacios respectivos y presenten planes en la Asamblea Nacional que, de ser aprobados, sean de obligatorio cumplimiento por el Poder Ejecutivo.

2. - El poder local o regional hay que fortalecerlo. Pero el proceso de descentralización no puede entenderse como la fragmentación o dispersión de los esfuerzos, recursos y tampoco como una disolución. Menos hacerlo cada vez más dependiente del central, como que desde Caracas nos impongan los funcionarios locales. Y menos, fragmentar el poder local, generando representaciones que, por el modelo utilizado para la escogencia, queden atrapadas por el centralismo.

En este sentido cabe recoger aquí lo que es un pensamiento generalizado. Los partidos tradicionales, por su descarada conducta clientelar, crearon alcaldías a troche y moche. A poblaciones de una sola calle convirtieron en Municipios con sus alcaldías y su corte de concejales y funcionarios, pagados todos con excesiva generosidad. En el Estado Anzoátegui, es fácil identificar este evidente exceso. Por supuesto, implica, al mismo tiempo, ahorrarle grandes recursos al Estado. Hay alcaldías con un director de educación, por decir algo, cuando apenas administran dos o tres escuelas de grados inferiores. Dirección de turismo sin turistas y sin aspiraciones o posibilidades de atraerlos.

También hay que revisar lo relativo a las Asambleas legislativas. En este aspecto se escuchan muchas opiniones, que van desde el deseo de eliminarlas hasta el de conservarlas, pero haciendo una modificación a fondo en sus procedimientos. La labor del legislador regional no es tan sustantiva y exigente en correspondencia con el excesivo alto costo que implica para el Estado, que provoca reacciones de profundo rechazo en la población.

Recuerdo al lector, que todo lo anterior, incluyendo esto último, fue escrito en 1999. Hoy, en las regiones, debido a los cambios sustanciales producidos en los medios de comunicación, tan sustantivos que, el ciudadano común sabe más de lo que sucede en cualquier punto del mundo muy distante que de su espacio. Los medios informativos regionales fueron callados y hasta sepultados por las redes, como el liderazgo mismo, tanto que, uno está más informado de la guerra de Ucrania, de lo acontece en su espacio. Uno desconoce hasta los nombres de alcaldes, concejales y diputados regionales y por supuesto acerca de su nivel de rendimiento y participación.

No hay en el país un organismo más anónimo que la Asamblea Legislativa. Ese anonimato es tal que, si se hiciese un referéndum acerca de la conveniencia o no de conservarla, la respuesta sería abrumadora en su contra. Y es que, el hombre de la calle, de las oficinas y los centros empresariales, no percibe el beneficio de ese organismo, si es que acaso presta alguno.

La corrupción nos domina; en los entes públicos, se maneja el presupuesto de manera descarada y se toma una partida para un fin totalmente distinto al previsto en la Ley y no pasa nada. Nadie se entera y menos no hay quien se ocupe de informarlo; se parte de la idea, deliberadamente o no, que el público no es merecedor de ello.

Por esto, se han venido planteando varias alternativas con respecto al destino de los llamados parlamentos regionales. Una de esas, quizás la más radical, sustenta la necesidad de eliminarlas por considerarlas definitivamente inservibles. Frente a esto, se dice, en algunos casos, que las funciones del organismo que se eliminaría podrían ser absorbidas por lo que se ha llamado el Consejo de alcaldes o los concejales de los diversos municipios.

Se trata de rebajar el peso que ellas significan para el presupuesto nacional. En esos organismos, como el del Estado Anzoátegui, no sólo existe un número elevado de diputados, en representación de los diferentes municipios, sino también una corte de funcionarios que, en muchos casos, perciben iguales y hasta superiores beneficios que aquellos. Y lo peor del caso, es lo que ya hemos afirmado, sin que ese esfuerzo financiero se traduzca en nada útil para la colectividad; por lo menos uno no lo percibe. Fue esa una forma, como la vieja casta puntofijista, organizó el aparato estatal, para que los partidos del modelo gozasen de beneficios y se sintiesen satisfechos.

Pero podríamos recoger una vieja experiencia venezolana acerca del funcionamiento de esos organismos

La totalidad de los diputados regionales, no tienen porqué ser funcionarios a tiempo completo del Poder Legislativo. Se podría establecer un período breve para la actividad legislativa, durante el cual, la Asamblea se reuniría en pleno.

Ese lapso, que podría ser de tres meses anuales, para ponerle un límite sólo para discutir, aprobar y auditar; se reuniría la plenaria de la representación popular regional. Sólo en esas circunstancias, el Estado pagaría una dieta racional a los representantes, quienes no podrían hacerse acreedores a beneficios diferentes a esa dieta.

El resto del tiempo funcionaría un órgano como el que hoy se llama Comisión Delegada, que incluso con un menor número de funcionarios al que hoy existe en la Asamblea Legislativa, haría el trabajo de controlar al Estado y todos los elementos que estén bajo su jurisdicción. Esa comisión, limitándose estrictamente al grupo de funcionarios que le hagan falta, también se encargaría de elaborar los proyectos de leyes y prepararía el trabajo de las plenarias. Por supuesto, cualquier representante y ciudadano podría tomar la iniciativa de presentar proyectos de leyes, como un ejercicio normal de su condición de representantes populares, sin que eso implique ninguna obligación económica para el Estado.