Si hay un legado que ha dejado la revolución bolivariana sobre el orden de las luchas de emancipación es el legado constituyente, elemento que se ha regado por todo el continente creando de esa manera una matriz de lucha completamente distinta a la vieja concepción revolucionaria de la “toma del poder” y de las “direcciones revolucionarias sustitutivas”. La revolución se “revoluciona” de esa manera convirtiéndose en un acto político-creador y no simplemente en una angustia vanguardista y completamente aislada que no deja de repetir rumbos y códigos de otros tiempos que ya nada tienen que ver con los retos de nuestro tiempo. El “poder constituyente”, visto como “proceso popular constituyente”, por más que se intente pacificar y doblegar a los fines leguleyos del establecimiento de normativas generales de nuevos “pactos sociales”, en este caso insiste en transformarse en un foro democrático y emancipador permanente desde donde hemos explayado todo el imaginario político incrustado en los idearios revolucionarios que se van incubando dentro de la “razón colectiva”. La revolución bolivariana no es nada sin esta invención política, sin esta siembra básica y las cosechas que ella misma ha dejado: derechos, nuevos espacios de transformación, libertades, lugares de autoorganización y autogobierno popular, luchas inacabadas pero que ya anuncian nuevos terrenos de liberación. Más allá del accionar de todo liderazgo, de todo grupo dirigente, de la conflictividad sociopolítica que se ha generado en estos años, nunca habrá manera de ir a lo profundo de esta historia si no la sometemos al análisis de la “productividad constituyente” que ella misma ha sido capaz –o no- de desarrollar. En estos momentos, Bolivia y Ecuador, independientemente de todo gobierno, del populismo que utilizan para callarnos, del reformismo cuando mucho, o la mera y descarada explotación del accionar revolucionario que insurge de las bases populares, viven en estos momentos los primeros pasos de ese fenómeno inaudito, utilizando en este caso la figura de las “Asambleas Constituyentes”. Figura limitada como ya sabemos pero útil para el momento y la situación concreta.

Es curioso ver por ejemplo como en una situación como la nuestra, el estado, o el orden de poder que intenta monopolizar toda decisión y toda riqueza (representantes políticos, tecnócratas y capitalistas) para los que nos les gusta que se ataque “al estado” (¡o bendita entelequia intocable!), en la medida en que se profundiza el quehacer constituyente colectivo y se hace práctica de “muchos más”, el mismo empieza a tejer toda una mafia interna, un auténtico “estado contrarrevolucionario” cuyo objetivo central esta en desconocer, atrapar y finalmente asfixiar todo el andamiaje orgánico que ha nacido del ejercicio del poder constituyente. Eso significa de inmediato asfixiar los Comités de Tierra, las Mesas de Agua, los Comités de Salud y toda esa maquinaria transformadora creada, para tratar luego de fundirla y desdibujarla en los Consejos Comunales, y luego institucionalizar y capturar burocráticamente estos últimos. Operación que en estos momentos es prácticamente una línea de hierro en todos los ministerios y gobernaciones. Y si vamos allá y hablamos de Consejos obreros, campesinos, Milicias Populares, esta operación se hace todavía más extrema antes que el poder constituyente ya convertido en un poder popular diseminado por toda la sociedad, empiece a atacar los dos puntos básicos del orden de dominio capitalista: las relaciones de propiedad y producción, el monopolio de la violencia. Para los que les gusta decirlo así, ese ataque frontal al poder constituyente es hoy el centro de la “luchas de clases” al interno del proceso revolucionario.

Esta reflexión previa tiene como fin crear un criterio para abordar lo que es el fondo de la “reforma constitucional” planteada por el presidente y una pista concreta sobre el quehacer frente a ella que vaya más allá de participar en reuniones donde algún comisionado nos explique las buenas intenciones del presidente y de la reforma en sí. Como decíamos en anteriores escritos con esta reforma se dibuja el esquema primario del “socialismo del siglo XXI”, el cual queda diseñado como una cohabitación entre tres zonas de autoridad: un poder presidencial central, un poder liberal y representativo medio y un “poder popular” abajo (tres zonas de poder que además agregan una sobre otra tres zonas territoriales que forman el barroquismo del nuevo estado: un conjunto de territorios federales manejados desde la presidencia, la división político-territorial clásica que se conserva intacta manejada por el estamento partidista liberal, y los “territorios comunales” manejados o a generar desde el poder popular). Y tres espacios de propiedad: propiedad privada, propiedad estatal, propiedad social y comunal. La característica fundamental de esta doble o triple tríada es, primero, la intención de institucionalización de los poderes revolucionarios, y luego, la descomunal desproporción de facultades y recursos entre estas tres: solamente en lo que respecta al reparto de la renta de estado (punto central en un país petrolero) –según las propias palabras del presidente- queda más o menos en un 70-25-5 (70 para el gobierno central, 25 para los partidos y la elite política representativa y 5 para el populacho y el mundo de la democracia directa). Peor desproporción la encontraremos si hablamos de propiedad, zonas de autoridad, de facultades de decisión, de generación de leyes, de organización del poder judicial, etc. Por ello decíamos que, independientemente de las intenciones o de las ganancias aleatorias (jornadas de seis horas por ejemplo), si esto queda así y si al menos no hay conciencia colectiva de ello y un criterio que permita “debordar” esta reforma tal cual se presenta , de verdad que para ese “estado contrarrevolucionario” esta reforma será un verdadero “batacazo” (imagínense al grupo de Diosdao Cabello manejando por reparto interno 15 o 20 mil millones dólares, sin prerrogativa constitucional que lo obligue a ningún tipo especial de rendición de cuentas ni de “obediencia” a poder alguno mucho menos popular).

La derecha abordará el problema dándose ella misma la “razón democrática”. Exigirán que se vote por bloques o puntos de reforma (en verdad lo único que les interesa es la derrota del punto de la reelección no como discusión en sí sino porque esta sería una derrota para Chávez, personaje político a derrotar). Pero, sea cual sea la intención, evidentemente que es mucho más democrático votar de manera discriminada 33 veces que una sola. Por allí llamarán a abstención o vota no y seguirán su conspiración. Y es por esta “razón democrática” que se les regala que van a tener mucho peso, mucho apoyo externo, y cuidado si no le quitan la mayoría a Chávez. Ahora bien ¿qué se hace desde una auténtica posición militante, desde abajo y con clara posición de izquierda?.

A consideración nuestra el centro de esa izquierda sigue estando en la dinámica de lucha y creatividad política del poder constituyente en sí mismo. Es un fenómeno que por lo abarcante de la reforma nuevamente se multiplica y empieza a emerger con fuerza. Sin embargo, es obvio que aún estamos muy perdidos, intentando cuando mucho algunas propuestas a ver si la asamblea nacional les hace caso (la ingenuidad es materia genética de este poder) o en último caso seguirle el juego a los comisionados que nos explican como será el mundo en que viviremos y muchas gracias por la bondad del presidente, para nuevamente entrar en el juego de la polarización y el caudillismo. Pero hay algo que nos exige ir mucho más allá de esto y que ya está en boca de bastantes. Pareciera que al menos uno de los puntos nodales que están en juego ahora, ocho años después de la constituyente del 99 donde el lío se centró en superar el estado representativo, es avanzar con fuerza en el principio de la “equivalencia de poderes”.

Se ha reconocido el “poder popular”, desde los discursos se hace de él el alma de la nueva República, pero en los hechos y dentro del esquema del “estado socialista” está completamente “negreado” y con ganas de ser totalmente institucionalizado. Esto está muy claro en la reforma conjunta salvo en los artículos 70 y 136 de la reforma que se centran en el reconocimiento de espacios de poder y no en el reparto de la renta de estado y la estructuración desigual de la propiedad. Esto quiere decir que, más allá del reconocimiento nominal, la batalla revolucionaria los ha llevado a aceptar al menos el derecho a la “equivalencia de poderes”; hay “equivalencia” –valen igual- el poder de estado y el poder popular (incluso por algunas frases confusas en la reforma podría decirse que este último pasa a ser “superior” a los demás; la soberanía se ejerce a través de él y no solo el voto). Entonces ¿si asumimos –como poder constituyente- como uno de los principios madres en esta etapa el de “equivalencia de poderes” cuales sería la tesis que se nos aparece vista en el propio texto de la reforma y haciéndole el juego al apoltronado mundo constitucionalista?.

Basándonos en la reforma del artículo 136 donde una prefigura una territorialidad propia del poder popular, fuera de lo que es el estamento central, estadal y municipal, donde se acepta que la soberanía del pueblo se ejerce a través del poder popular y además se reconoce que el poder popular no emana de los principios universales y derivados de facto de la democracia burguesa (principio del voto universal y mayoritario, burocratización e institucionalización de poderes) sino de la propia dinámica inmanente a las organizaciones populares como tal, en términos político-conceptuales estamos ante una posibilidad realmente inaudita de ir mucho más allá de la reforma antes y después de ella. Pero además, en términos programáticos –si lo sabemos leer- nos encontramos frente a la posibilidad de hacer de la ciencia política que nos guíe en esta etapa una verdadera batalla por la equivalencia de poderes en todos los terrenos; batalla en estos momentos entre el poder central y liberal intermedio (como poderes que emanan del viejo estatus representativo) frente al nuevo poder (no precodificado y normado, no representativo, es decir, constituyente) diluido entre todos los espacios del poder popular.

¿Qué supondría concretamente hoy y ahora la “equivalencia de poderes”?. Pongamos algunos ejemplos limitados ya que esto tendría que discutirse en todos los terrenos de la vida pública, los derechos de todos y los poderes de decisión.

-Equivalencia en el manejo y administración de recursos de los servicios y necesidades básicas.

-Equivalencia de mando sobre las misiones sociales y todas las instituciones sociales (salud, educación, vivienda, alimentación, etc).

-Equivalencia en la administración y manejos de recursos ligados al ejercicio de los derechos sociales (laborales, sociales, etc).

-Equivalencia en el manejo y administración de la política crediticia del estado como de seguridad social.

-Equivalencia en la elección de jueces, fiscales y directores de estado.

-Equivalencia en el manejo del resguardo ambiental.

-Equivalencia en las conseciones del espectro radio eléctrico.

-Equivalencia en el manejo de la seguridad ciudadana.

-Equivalencia en la creación de territorialidades sociales

-Equivalencia en el ejercicio de la planificación urbana y rural.

-Equivalencia en el control de las empresas de estado

-Plena soberanía colectiva sobre todas las tierras y espacios productivos socializados, recuperados o expropiados.

-Obligatoria rendición de cuentas de todas las instancias del poder público ante los espacios del poder popular o contralorías sociales.

-¿Equivalencia en el manejo de las armas? (obviamente que por eso mismo el generalato no aceptó la idea de las “milicias populares”).

Evidentemente que esto es sólo una introducción formal pero necesaria al problema. “Equivalencia” no es igualdad abstracta y rígida, las proporciones concretas pueden ser desiguales favor de uno u otro según el caso y en movilidad permanente y procesual, pero siempre sobre un horizonte de equivalencia, al menos hasta tanto exista “estado”. Necesitamos de la movilización, del asambleismo popular y constituyente permanente, para que este criterio, nacido de las mismas bases conceptuales de la reforma, de verdad se discuta y desmenuce a fondo. Allí están al menos los artículos 70, 136, 141, 156, 158, 167, 168, 305, 307, para cambiarlos y “revolucionar la reforma”. Claro, no seamos ingenuos. Como todos nuestros “representantes” van a quedar espantados con esto, salvo milagro, es demasiado probable que ni acepten discutirlo, pero al menos, en criterio de poder constituyente, habremos desbordado la reforma, develado su problema material de fondo y abierto el camino para construir un verdadero “programa constituyente” en adelante. La constituyente continental, según argentinos, caroreños y ecuatorianos es lo que sigue.

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