La Constitución Bolivariana de 1999, cambió rotundamente la manera de relacionarse: pueblo y gobierno, introdujo como acción novedosa la corresponsabilidad, que no es otra cosa sino hacer partícipe al ciudadano o ciudadana del ejercicio de su derecho a participar libremente e involucrarse en los asuntos que, en el pasado reciente no eran de su incumbencia, como lo es el ejercicio de la participación participativa y protagónica en los asuntos del Estado.
Hacerse partícipe de la resolución de los asuntos que le incumben, en su vida cotidiana como ciudadano o ciudadana, que integran la República Bolivariana de Venezuela. Valga decir, hacer realidad la Democracia Participativa y Protagónica, propugnada como modelo societario por la Constitución Bolivariana de 1999. Ello, obliga y mucho, al ciudadano o ciudadana que antes se resignaba a denunciar y esperar que el Estado, resolviera o no sus solicitudes y punto. Este cambio paradigmático, es fundamental comprenderlo para convencernos de que toda exigencia que realicemos a un órgano del Estado Bolivariano será posible de concretar, si nos involucramos como actores de cambio.
No nos quejemos entonces, si dejamos al libre albedrío la actuación del Estado y renunciamos a nuestra condición ciudadana de ejercer nuestro derecho a la participación activa y protagónica en los asuntos del Estado. En materia de Seguridad, la Constitución Bolivariana de 1999, la asigna a los órganos del Estado especializados en esa materia, pero la comparte con todo el pueblo venezolano en tanto personas naturales como jurídicas, que se encuentren en el espacio geográfico nacional (Art. 322, C.R.B.V.). En otras palabras, convierte a la seguridad en un asunto de todas y todos.
Esto, es fundamental tenerlo claro. «La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar». (Artículo 326, C.R.B.V.).
El ejercicio de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela, cuando se ejerce en estricto apego a la Constitución Bolivariana de 1999, deriva en democrática, participativa y protagónica, valga decir, el ejercicio de gobierno se realiza consustanciado y en plena sintonía con los deseos de la mayoría de ese pueblo. La comunicación: gobernante-gobernados, es fluida y dinámica. En específico, la seguridad personal de la ciudadanía, se facilita y el mandato constitucional 55: «Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por Ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes». (Art. 55, C.R.B.V.), es factible de concretarlo y hacerlo realidad, cuando la ciudadanía se involucra y se hace partícipe de su propia seguridad. Un ejemplo de ello, es lo que viene ocurriendo en un pequeño espacio que la comunidad ha denominado como «el Dique», ubicado en la calle 4 de Santa Bárbara, El Mácaro, Municipio Santiago Mariño, Estado Aragua.
Se trata de un espacio baldío, utilizado para desechar escombros y residuos sólidos; algo distante de las residencias de la comunidad, pero que en la soledad del silencio nocturno, el más pequeño y leve ruido, originado en sus espacios, inunda las residencias de la comunidad haciéndolas partícipes de lo que en ese espacio ocurre. Relataba, Luisito, un pequeño niño de tan solo 10 años a su señora madre que, al no saber de él se desplazó por la comunidad en su búsqueda hasta que lo encontró en casa de una vecina amiga, que le notificó que al ver al niño aterrorizado por la presencia policial en el sector, no le quedó otra alternativa sino que refugiarlo en su vivienda hasta que se fueran del sector los susodichos agentes policiales. El niño, explicó a su madre las causas de su terror. Resulta que, según el niño, ya de noche en su residencia, escuchó en su cuarto gritos de alguien que rogaba, no le mataran. Al rato, el niño escuchó disparos y luego un profundo silencio.
Esa noche, no pudo dormir Luisito, y desde entonces ve con terror a los policías. Eso, quedó registrado en su memoria como un hecho muy malo y como atestiguan vecinos y vecinas, la presencia policial en el sector va acompañada de tiros, gritos y un profundo silencio.
Al Dique, se le ha convertido en un matadero en un país que no establece en su Constitución, la pena de muerte para sus reclusos. Todo lo contrario, un país que propugna como valor supremo la vigencia del Estado Social de Derecho y de Justicia, como paradigma de Estado. Hechos como esos, que aterrorizan a Luisito, cada vez que observa a las unidades policiales que llegan al sector, nos retrotraen a aquellos años funestos de la cuarta república: «El hallazgo de restos humanos de cinco personas, en un pozo ubicado a 12 kilómetros del sector La Cañada de Maracaibo no es un hecho casual, sino al contrario es la evidencia de que, durante los últimos meses, la opinión pública del Estado Zulia ha dicho la verdad al repetir incansablemente que un familiar desaparecido habría sido lanzado en un pozo ubicado al sur de Maracaibo.
El dato de la localización del primer pozo fue proporcionado por un ex funcionario de la PTJ, Eduardo Andrade, quien al principio le habría asegurado a un grupo de diputados la existencia de más pozos; pero ahora, bajo la custodia de la PTJ, afirma que solo puede garantizar la existencia del primer pozo en que se encontraron restos humanos…». Así, relataba Ibéyise Pacheco en un diario de circulación nacional, en 1985, el drama de los llamados entonces: «pozos de la muerte». Omar Barboza, era gobernador designado por el entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi. Barboza, desestimó la denuncia de los diputados del MAS, Carlos Tablante y Luis Hómez, bajo el supuesto de que eran «huesos de vaca depositados por los mataderos».
La investigación legislativa, pudo determinar que se trataba de huesos de seres humanos, más de 600 fueron localizados, distribuidos en diferentes sitios del Estado Zulia y, por supuesto, el tremendo escándalo que ello produjo. Eran los años en que tanto el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo y, en consiguiente, sus cuerpos policiales, se encontraban en estado de degradación y descomposición. Unos y otros, se protegían de sus fechorías, salvaguardándose entre ellos; mientras, la ciudadanía desguarnecida pagaba con sus vidas los desplantes de la policía.
Para fortuna nuestra, hoy contamos con un Poder Judicial moralizado al igual que el Poder Ejecutivo, Nacional y Estadal, lo que no priva que determinados funcionarios policiales, a título personal, incurran en faltas graves a su juramento, convirtiéndose en verdaderos delincuentes objetos del repudio público. El Gobernador Bolivariano, Rodolfo Marcos Torres, debe ejercer soberanía plena sobre el Estado Aragua y evitar, se siga utilizando ese espacio del territorio bajo su mando como espacio para el ejercicio de la pena de muerte, en fin, para delinquir.
El llamado es a recuperar espacios para la vida. Hora de ejecutar, en esos espacios, parques y nuevas viviendas para la vida…
