AIPO indaga sobre presuntos elementos que rondan en la Armada Venezolana cuyas connotaciones direccionan hacia una conspiración en contra de nuestra democracia y soberanía. Parte II
2.- Militarización y Totalitarismo por parte del Componente Armada en las Instituciones Civiles Acuáticas del Estado.
Venimos denunciando como organización bien constituida y ajustada la Estado de Derecho, que en Venezuela “sí existe un complot” en contra del proceso revolucionario, que de alguna manera han pretendido tome forma, pero con la cirunstancia de que los Movimientos Populares, que estamos en pie de lucha, estamos alertas y conocemos los procedimientos que pretenden aplicar los conspiradores y arquitectos del poder oligárquico. A la final, somos mayoría, aunque quieran subestimar la capacidad que tenemos para enfrentar las crisis que sectores internos y externos generan o tratan de generar.
Apegados a los artículos constitucionales 26 y 326, hemos de sumir la defensa del Estado frente a amenazas que van contra el conjunto del pueblo y sus conquistas democráticas y revolucionarias.
Hemos denunciado y seguiremos denunciando los golpes, financieros, de la salud, petrolero, y de la plusvalía del poder: de gobernadores, alcaldes, ministros, jefes o funcionarios de organismos de seguridad, banqueros, factores del poder judicial, de instituciones autónomas… Ahora hemos recibido una sólida y bien sustentada denuncia sobre el componente ARMADA. Y esta es la segunda entrega sobre el asunto.
La militarización es la acción y efecto de militarizar; y militarizar es: Infundir la disciplina o el espíritu militar; o someter un objetivo a la disciplina militar; así como también es dar carácter u organización militar a una colectividad.
El uso de la fuerza y la creación de instituciones armadas han sido consustanciales a la creación y surgimiento de los estados nacionales. Por lo que soberanía y fuerzas armadas presumen una corresponsabilidad, donde se refuerzan mutuamente.
Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, debido a la rivalidad económica y política entre las distintas naciones y en medio de un proceso de creciente militarización, aunada al surgimiento de la vertiginosa carrera armamentista, provocada por inestabilidades y crisis políticas, por acuerdos ocultos entre potencias, por amenazas e intenciones belicistas de alguno países en contra de otros, cuyos testigos fueron la sociedad y los acontecimientos surgidos en la vida política de la Europa de ese entonces, les obligo a plantearse la importancia de los conceptos cooperación y conflicto, guerra y paz como puntos centrales en las graves tensiones al interior de algunos estados, y el cómo abordar la discusión entre las relaciones internacionales, dirigiendo la discusión a determinar, si la dificultad era direccionar las posibilidades de mantener la autonomía sin instrumentos de fuerza que la respaldaren o era mejor asumir definitivamente un sistema de estados armados, que les cambiara el sentido y la categoría a los concepto de autonomía y soberanía.
Ahora bien, América Latina es considerada la región más pacífica del mundo, (hasta ahora… el imperio amenaza…) basándonos en el menor número de conflictos interestatales en su historia y por el bajo nivel de sus gastos militares, el promedio de gasto en defensa para la región alcanza al 1.8% en relación al PIB, la mayoría de los países de la región cuenta con fuerzas armadas de tipo mixta, esto es, un contingente que sigue la carrera militar y un contingente reclutado a través de distintas formas de servicio militar.
La utopía de la paz, bajo distintas formas, ha estado presente en América Latina. En el marco de la guerra fría se expresó a través de la posibilidad de establecer una "Zona de Paz" propuesta que pretendía evitar, el involucrar a la región en el conflicto militar que otrora vivían las superpotencias.
Pero en las ultimas dos décadas han surgido situaciones que alertan y ponen en peligro la paz del hemisferio latinoamericano, en especial Sur América, por las inconcebibles pretensiones hegemónicas y de exclusiva influencia por parte de los Estados Unidos en la región, por sus intromisiones sobre: las posibles disputan entre los espacios que lidian reivindicaciones, o espacios que puedan estar en áreas de disputa; o sobre las políticas fronterizas en zonas conflictivas, o por sus políticas contra el ALCA, estableciendo un perenne chantaje: que ante un caso de tensión o conflicto bélico, sería factible la intervención inmediata de Estados Unidos como potencia dominante en cualquier país de Latinoamérica. Hoy Venezuela……
Entendamos pues, que los actos de intervencionismo y de violación a la soberanía, cuando se han producido en nuestra región, no necesariamente han estado asociados al uso de un aparato militar, sino también a la existencias de factores que acusan, tales como: intereses de naturaleza geopolítica, posición geográfica, debilidad económica y comercial, etc. Sin apartarnos de las presunciones antes planteadas, donde se visualiza de antemano que el único argumento a considerar será advertir, que ante la sola presencia de EE.UU. en la región, estaríamos enfrentándonos entonces a la ASOBERANÍA.
A partir de esta realidad, lo que nos obliga a tomar en cuenta en lo inmediato, es la discusión sobre la importancia de los temas de la disuasión territorial y de sobrevivencia nacional, ante la presencia potencial y territorial de cualquier potencia; ahora bien ¿Cómo reflexionar y evaluar estos escenarios? ¿Cómo definir los temas de defensa? ¿De qué manera conceptuar la seguridad? ¿Cuáles son los instrumentos e instituciones encargados de prevenir y de actuar sobre las amenazas a la seguridad, y sobre las acciones que puedan afectar la soberanía esencial? ¿Cómo evaluar el auge de la militarización de la policía? ¿Cómo controlar las amenazas del narcotráfico, del contrabando de combustible y de preservación del medio ambiente? ¿En que consisten las relaciones civiles-militares en cada país? ¿Analizar la fragilidad de la democracia, relacionada con el fuerte corporativismo militar, que constituye una constante fuente de inestabilidad en los países de la región?
Las anteriores preguntas nos remiten aproximarnos al ya clásico cuestionamiento: ¿Desde dónde estamos cambiando, cómo cambiar lo que queremos transformar y hacia qué cambiarlo?
Con respecto a estas interrogantes, conlleva también la implicación del traspaso y la garantía de la soberanía a un actor externo, y habría que hacer una distinción entre traspasar la función de defensa de la soberanía y traspasar la soberanía.
Distinguimos dos ejes:
· La seguridad concebida como algo más que un problema de defensa militar, ante posibles amenazas externas.
· La seguridad visualizada como una variable, que involucra la protección de lo nacional, y que otros Estados puedan sentirse o acusar estar siendo afectados sus intereses, entonces surgen los Ejércitos supra-estados como justificación de la defensa de la democracia. No será más bien de sus intereses?
La conceptualización de la seguridad, condiciona la naturaleza y el tipo de instrumentos que la garantizan, los cuales tienden a ser múltiples y complejos, de naturaleza más preventiva que reactiva. Es así como, en lo que respecta a la seguridad externa, aunque el instrumento que ha sustituido al ejército es la diplomacia, utilizada, no sólo para la resolución temprana de conflictos, sino para la invocación de tratados regionales que permitan responder en casos de agresión.
Es indudable que la historia ha sido testigo, de como el Imperio ha desconocido siempre el Estado de Derecho de nuestros países latinoamericanos. Ciertamente y en especial en Centroamérica, que ha constituido un área clave dentro de los intereses estratégicos fundamentales definidos por Estados Unidos, donde aparentemente la presencia estadounidense “es menor”, pero ello no implica una ausencia, esta actitud ha tenido consecuencias nefastas en la vida política y social de la región.
En lo que respecta a la seguridad interna, ámbito en el que los ejércitos latinoamericanos han tenido una gran preeminencia en el pasado, asumiendo la función de árbitros de los conflictos internos, cuyos resultados ha sido la militarización y gobiernos militares salvajes que ejecutaron vidas sin clemencia alguna, por el hecho de disentir con sus criterios, han sido miles los desaparecidos que aun se agitan en sus tumbas, aun se oyen impacientes gemidos y el crujir de huesos adoloridos, con olores de vida, con olores de muerte.
En el escenario actual, no existen percepciones de amenazas de carácter extra-continental, pero sí regional, por parte del Imperio, por lo que hemos de referirnos al rol de las Fuerzas Armadas Venezolanas como garantes de la soberanía estatal en Venezuela.
La intención “apabullante” y de omnipresencia de los Estados Unidos en la Región, bajo el pretexto de establecer un balance o equilibrio en la democracia, está distorsionado la definición del rol que les cabe a las fuerzas armadas, en especial dentro del marco democrático y de poder. (Entendemos que la democracia constituye un conjunto de valores, patrones de conducta, de prácticas y de instituciones. Implica la aceptación de una serie de criterios propios que le distinguen del autoritarismo y el totalitarismo)
Justamente, dentro la introducción de este texto, hemos de entrar en materia sobre la militarización y totalitarismo del Componente Armada en Venezuela, analizar si hay elementos o no y que a su vez nos permita discernir, si sus actuaciones y deficiencias abría que interpretarlas como parte de la agenda de los EEUU, so pretexto de generar un Plan Unilateral Anti-invasión y establecer su presencia bajo la figura de custodia en sectores capitalinos bien puntuales. ¿Es esta quizás, una forma de justificar la presencia de tropas norteamericanas en la Zona del Caribe, para ser invadidos cuando así lo decidan?
Veamos ciertos antecedentes, la Armada en Venezuela, después de ser transferida su función dentro del Estado Venezolano, como Autoridad Marítima al Ministerio de Comunicaciones en 1944, hoy bajo la tutela del Ministerio de Infraestructura (MINFRA), esto se debió fundamentalmente a que estas funciones eran destinadas a la administración pública y control de los servicios marítimos conexos, relacionados con el manejo de los buques de transporte de mercancías y puertos de uso comercial, como son los servicios de carga general, transporte de granos, de petróleo y sus derivados, minerales, de pasajeros, de ferry, entre otros; a los fines de especializarse sobre la materia de soberanía y defensa naval, por un lado, y por el otro, para desarrollar de manera coherente las funciones de la marina dentro del Estado por el carácter civil que le reviste y bajo el concepto especializado denominado Marina Mercante Nacional, con una función especifica cubrir y salvaguarda el desarrollo económico del país.
En tal sentido, se creo la Dirección General de Marina Mercante, para aquel entonces y desde el 2002 se creo el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), adscrito al Ministerio de Infraestructura, para que atendiera de manera especifica estas funciones, como bien lo establecen la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, la Ley de Reactivación de la Marina Mercante y la Ley General de Puertos, entre otras.
Desde 1944 a la fecha, el sector marítimo nacional ha sido manejado por personal del Componente Armada, como una línea estratégica de dicho Componente para poder justificar ante el gobierno nacional, su continua hegemonía y exclusividad en el sector, como bien lo han manifestado en distintas oportunidades. Alegando, que el control de esta actividad debe ser ejercido, por ellos, de manera absoluta y hegemónica, ¿NO ES ESTO TOTALITARISMO?, como bien lo hicieron, en la época de la colonia y en las guerras civiles independentistas. Cuentan con el personal y los recursos para ello, haciendo que la rentabilidad del comercio marítimo sea para lucrar, entre otros, a las elites de la Armada.
Hasta la fecha, todos los rectores y directivos, de las empresas e instituciones del Estado actualmente quebradas, salieron de las filas de este Componente; como fueron la Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN); el Instituto Nacional de Puertos; Astilleros Nacionales Venezolanos (ASTINAVE); dejando sin empleo a más de 20.000 mil empleados de forma directa y 80.000 mil empleados de forma indirecta, a nivel nacional.
Actualmente el personal de la Armada, ejerce funciones directivas en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), en el Instituto Nacional de Canalizaciones; en Diques y Astilleros Nacionales C.A. (DIANCA), instituciones y empresas éstas del Estado que están en franco deterioro, obsoletas y con una corrupción galopante, que a pesar de ser instituciones solventes financieramente y de una gran capacidad económica, con inmensas posibilidades de desarrollo se han sumido en el juego del fracaso del proceso de cambio.
En la línea de mando naval el “status quo” colonial mantiene sus tentáculos paradigmáticos dentro de esta Institución, aunada a la desidia y la corrupción que no le ha permitido desarrollarse y mucho menos ejecutar sus funciones adecuadamente.
Es importante señalar, que la nomina de funcionarios de dicho Componente, en estas instituciones civiles, asciende a más de 400 a nivel nacional, los cuales, en su mayoría, no pasan por los tramites legales de comisión de servicio, entre los ministerios involucrados, como bien lo establece, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Pública, no es este un potencial signo de Militarización, el imponer su presencia y obviar actos administrativos, acaso es una muestra de superioridad ante el Estado.
Es digno de investigar ¿Porqué se han generado debacles en las instituciones a su mando? se observan deterioros técnicos, administrativos y legales de todo tipo, se ha hecho vulnerable, anárquico y no rentable en sus actividades de desarrollo.
Veamos un ejemplo del “plan desconcierto controlado” sobre el sector acuático el cual ha afectado al sector pesquero nacional” por cierto muy bien estudiado su impacto, porque es evidente que no se le puede llamar falta de gobierno, sino más bien llamémoslo parte del complot de desestabilización: Venezuela posee más de 4000 Km . de longitud de costas marinas, desde Castilletes al promontorio de Paria, y 750.000 Kms2 de espacios acuáticos nacionales, con una zona de exclusividad comercial marítima importante y resulta, que a pesar de ello:
LOS VENEZOLANOS TENEMOS QUE COMPRAR EL KILO DE PESCADO A 45 MIL BOLIVARES ¡ Es esto posible!
Veamos, ¿Por qué y quiénes tiene acorralado este sector pesquero?:
Primero: Las empresas pesqueras que compran pescados en orilla de mar, explotan a los pescadores, saben muy bien que después de 8 horas de haber pescado y no haber vendido su mercancía pierden su esfuerzo y horas de trabajo porque no pueden venderlo, es obvio que hay responsables de que esto suceda, porque hay entes contralores del estado y reglamentaciones que no se cumplen.
¿Qué sectores afecta esta política perversa?: primero, a los pescadores que para no morir de hambre, están desertando de la generar su actividad, la pesca, y se están dedicando al contrabando y al trafico de mercancías, (al final le es más lucrativo) quedando los pescadores a merced de las mafias del transporte de drogas y de combustible;
Segundo: Al encarecer el pescado afecta directamente a la población consumidora de este producto, generando un gran DESCONCIERTO INJUSTIFICABLE que al final afecta la cesta básica nacional.
Como consecuencia final, el desabastecimiento de pescado a nivel nacional e internacional y auspiciar la especulación como factor reinante. ¿Es que la Armada no está consciente de este problema y de cómo su totalitarismo afecta el sector?
Otro caso, Venezuela ha tenido que subarrendar buques de bandera extranjera, de manera ilegal, para transportar el 95% de su carga nacional, es decir, la carga producida en Venezuela, dejando de percibir por el concepto de estos servicios un estimado, en divisas, de más de $5.000.000.000 USD, anuales. Solo un 5% por ciento de la carga es transportada en buques nacionales, por concepto de transporte de petróleo. Las demás empresas se han ido en franco deterioro y a la quiebra absoluta. ¿Por qué la Armada no ha permitido que instituciones civiles generen un plan de construcción de buques de carga general en Venezuela? Y de esta manera aprovechar la salida de Venezuela de la CAN, del “Acuerdo Neoliberal de Cartagena”, el cual cerceno la marina mercante nacional.
Es importante señalar, que esta situación es un problema heredado de la Cuarta República, se ha mantenido en el tiempo y el espacio, y que ha venido asfixiado la capacidad de desarrollo de Venezuela como nación marítima. Llegando a tener hoy día los puertos más obsoletos de toda Latinoamérica; con un 80% de desempleo en el sector marítimo nacional; con la quiebra total de las empresas marítimas y navieras, tanto privadas como del Estado; aumento progresivo de la inseguridad y la criminalidad en el sector; contaminación; escasez de alimentos del mar y por consiguiente su especulación; ningún desarrollo económico y social; ninguna política en desarrollo; 95% de la carga nacional transportada en buques extranjeros.
Los beneficiados de esta debacle son responsabilidad intrínseca del Componente Armada, ya que su máxima preocupación es mantener su hegemonía y exclusividad de uso y control de un sector comercial deprimido, con la esperanza que toda esta actividad pasen de alguna manera a su control absoluto y por otro lado se expresa en mantener el monopolio exclusivo de las Compañías Navieras, con las implicaciones ventajista y sin perfil alguno de generar competencia alguna que resuelva a mediano plazo este problema, además de las enormes insuficiencias que posee sobre el transporte de mercancías nacionales; lo que ha incrementado la delincuencia, el tráfico de combustible, drogas y la criminalidad, ven a Venezuela como un paraíso perfecto para sus fechorías, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades nacionales.
Los perdedores, de una u otra forma, son el Gobierno Bolivariano, la economía, la sociedad y todos los venezolanos en general. Es decir, la totalidad de la “Venezuela Marítima” sumida en la anarquía y en la depresión económica que afecta el desarrollo económico del país, mientras que otros países crecen a costillas nuestras. ¡Todo esto parte del complot, de la ineficiencia y del más absoluto neoliberalismo y fascismo salvaje, que tiene sumida a algunas de nuestras instituciones!
Ahora el Imperio, está trabajando duramente para acusarnos de narcocomplacientes, ¿Todo lo expuesto aquí es simple coincidencia?
Pero señores de la marina, hay soluciones irrefutables que están a la vista y que pueden implementarse para buscar soluciones a este vía crucis marítimo, por un lado, hay que separar, de estas funciones civiles, a la línea de mando del Componente Armada, visto que mantiene intereses oscuros en el sector, de manera de sanear las dos instituciones (militar y civil) y por el otro lado, permitir que se desarrollen los servicios económicos y sociales en el sector, en cooperativas, con la dirección de personal especializado, de carácter civil, que trabajen en función de la revolución y cambio profundo del Estado Venezolano en beneficio de la autonomía, soberanía y la colectividad en general.
Para ello, el Ministerio de Infraestructura, a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, debe velar por una marina mercante nacional fortalecida, por tener unos puertos modernos y seguros, por tener una seguridad del comercio marítimo nacional idóneo, por establecer planes de desarrollo socio económico del sector como meta y por la prevención de los impactos de contaminación en general, como un área geoestratégica política, social y económica para el desarrollo integral de la nación.
El Componente Armada debe dedicarse exclusivamente a ejercer la defensa y soberanía nacional, como bien lo establece la constitución y las leyes, y no estar ejerciendo actividades comerciales y civiles que dejan en entredicho la función primordial de defensa integral que este Componente, debe ejercer en el bien común para los venezolanos, y no alejarse de sus principios fundamentales de honorabilidad y respeto de los derechos ciudadanos y de la Nación. Desmantelar las redes de la corrupción, combatir la desidia y la avaricia de algunos pocos, y que no tienen ningún tipo de control por parte del Estado, cuyas consecuencias se limitan en desdibujar día a día el contenido esencial de su estructura y reales funciones como Componente militar, lo cual deja en entredicho la soberanía nacional y la pluralidad de la función cívico-militar que nuestro Presidente Hugo Rafael Chávez Frías siempre ha apoyado, como un bien necesario para la convivencia y el desarrollo nacional y de nuestra Revolución en Venezuela y en Latinoamérica.
