El espectáculo que presenciamos en la OEA, el pasado lunes 3 de abril, mostró cómo competían entre sí algunos gobiernos de nuestro Continente, para ver cuál se congraciaba más con la Potencia Imperial del Norte. 

Organizaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA dando claras muestras de que no respetan las normas básicas que rigen el funcionamiento de este  organismo.

Destituyeron al Presidente y al Vice-Presidente de ese Consejo, embajadores Diego Pary, de Bolivia, y Juan-Victor Harnel, de Haití, y nombraron a un presidente de facto.

Demostraron que en su obsesivo afán por intervenir en los asuntos internos de Venezuela pueden incurrir, incluso, en ilícitos legales.

Esa reunión, en consecuencia, constituyó una grave alteración de la institucionalidad de la OEA.

La Resolución que dicen haber aprobado es ilegal, ilegítima y representa una grave vulneración de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, consagrados, tanto en la Carta de la OEA, como en la Carta de la ONU.

Por lo demás, es írrita, inefectiva, inaplicable e inejecutable. Sus proponentes anunciaron que adelantarán “(…) gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”.

Las gestiones diplomáticas son inherentes al derecho internacional, pues coadyuvan a superar litigios; bien entre Estados, bien al interior de ellos. En consecuencia, son realizadas por instituciones y entes que actúan de buena fe, y cuyas actuaciones merecen la confianza de todos. Éstas no se pueden ejercer de manera impositiva, y sin el consentimiento del Estado concernido.

La Resolución de marras no está animada por buenas intenciones, ya que algunos de sus promotores buscan el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, se cuidan con el uso de las palabras. Y algunos disimulan lo que buscan en realidad: acabar con el gobierno bolivariano, ejemplo de dignidad en el mundo.

Por eso recurren a eufemismos como “procesos de transición”, “restauración democrática” y “retorno al orden democrático”.

Los venezolanos y venezolanas disfrutamos de una robusta democracia; con un presidente que cuenta con un amplísimo respaldo popular. En cambio, algunos gobiernos intervencionistas que han pretendido horadar los fueros patrios se caracterizan por aplicar políticas antipopulares y pro-imperialistas, razón por la cual son rechazados por la inmensa mayoría de sus pueblos.     

Entre los gobiernos apoyantes de tan infame Resolución hay algunos que no tienen ninguna autoridad moral ni política para cuestionar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela.

Hay gobiernos nacidos de golpes parlamentarios; que implementan políticas antipopulares y aplican con cinismo criminal las recetas neoliberales. Hay también presidentes que están en proceso de enjuiciamiento en sus respectivos países por corrupción y malversación de bienes nacionales; por contrabando, tráficos de drogas, y otros ilícitos.

En algunos de estos países se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad y se violan de manera sistemática  y descarada los derechos humanos; se aplican las políticas de desapariciones, la tortura y bárbaros crímenes políticos.

Estos gobernantes nulifican las conquistas sociales, angostan la justicia social, violan la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y también la Carta Social de las Américas. 

Los que han pretendido activar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, no promueven “buenos oficios”, sino oprobiosos oficios plagados de malas y perversas intenciones.

Debemos denunciar que algunos gobiernos que auspiciaron tan nefasta Resolución están sincronizados  con la oposición golpista y violenta en Venezuela. Repiten y corean sus consignas y se hacen eco de sus mentiras y predicamentos antidemocráticos.

Algunos gobiernos que promovieron tal Resolución están sincronizados  con el inefable Luis Almagro. Éstos se han sumado -y ahora descaradamente y sin escrúpulos-, a los planes que procuran quebrantar la institucionalidad democrática en Venezuela.

Tan pronto se conoció el texto intervencionista, los sectores más extremistas de la oposición en Venezuela activaron iniciativas callejeras en busca de un derramamiento de sangre que tuviera impacto mediático internacional, lo cual demuestra la articulación que existe entre estos factores y sus operadores políticos en la OEA.

Los malos oficios que han activado quienes suscribieron la ilegal Resolución están destinados al fracaso, al más rotundo fracaso, porque Venezuela es un país digno y soberano, que no permite ni permitirá que factores e intereses foráneos se inmiscuyan en sus asuntos internos. No tienen permiso; están desautorizados. No son ni serán bienvenidos en la Patria de Bolívar. 

Las diferencias deben procesarse a través de medios pacíficos. Y el diálogo -se ha comprobado históricamente-,  es el más eficiente de ellos. Por eso el Presidente Nicolás Maduro ha invitado, de manera tan reiterada a la oposición para que se siente -por fin-, en la mesa de diálogo. Pero este llamado ha sido recurrentemente desoído.      

La intervención extranjera que fomentan ciertos gobiernos en la OEA; sin duda, una minoría, ha sido derrotada. Sus planes, sin embargo, no han sido archivados. Las amenazas y agresiones contra nuestra soberanía y autodeterminación están en pleno desarrollo.

Por eso llamamos a nuestro pueblo a mantener en alto, y con pasión bolivariana, la bandera tricolor y los emblemas sagrados de nuestra nación independiente, libre y soberana.    

*Embajador-Representante Permanente de Venezuela  ante la ONU-Ginebra