Siguiendo instrucciones de Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el "cierre de actividades" en Venezuela de Chevron, de sus "empresas conjuntas" con PDVSA o de cualquier compañía en la que esta última posea "una participación del 50 por ciento". Dando fin a la licencia que se aplicaba desde 2022. Chevron había reducido enormemente su presencia en Venezuela después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra Venezuela en el 2019 luego de su tentativa de imponer por la vía de la fuerza a su títere Juan Guaidó.
La nueva orden ejecutiva reemplaza la licencia 41 anterior otorgada a Chevron en noviembre de 2022 durante el gobierno de Biden, que le permitió expandir sus operaciones y reanudar las exportaciones venezolanas a Estados Unidos. Hasta ese entonces a Chevron solo se le permitía “realizar operaciones extremadamente limitadas”, pero aun así con licencias parciales, y en medio de las sanciones, la empresa estadounidense siempre estuvo presente en el país. Esta licencia permitió revitalizar la producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela después de años de inversión insuficiente y las sanciones en curso.
La magnitud de la reducción o el alcance no ha quedado clara de inmediata, pues es grande la participación de Chevron en Venezuela. Por ejemplo, una orden similar de reducción de producción por parte de la administración anterior de Trump en 2020 permitió a Chevron producir crudo en Venezuela y seguir siendo socio en empresas conjuntas con la empresa estatal PDVSA, pero prohibió cualquier exportación o importación de la empresa en el país.
Actualmente Chevron participa en las Empresas Mixtas Petroboscán y Petroindependencia en el occidente del país; en la Faja Petrolífera del Orinoco Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar y Petroindependencia. En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana con participación exclusiva, además del 100% de Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Son grandes sus intereses y proyectos económicos estratégicos en el país.
Las empresas conjuntas de Chevron con PDVSA representan aproximadamente una cuarta parte de toda la producción petrolera del país y constituye una fuente importante de crudo pesado para sus propias refinerías y otras operadas por empresas como Valero Energy, PBF Energía, Phillips 66 y Exxon Mobil, de acuerdo a un informe de la agencia Reuters. Está por verse qué pasará con las cartas de conformidad que el año pasado se otorgaron a otras empresas petroleras europeas como Repsol y Eni en el marco del reajuste de las sanciones que está haciendo Donald Trump.
Como impacto inmediato, de acuerdo con la mayoría de especialistas económicos, y no precisamente de izquierda, evalúan un impacto económico que terminará cayendo sobre el pueblo. La nueva sanción implicará seguramente un aumento de la inflación, porque el Gobierno tendrá grandes dificultades para contener el tipo de cambio, reduciéndose la oferta de dólares en el mercado cambiario de Venezuela, alimentando la depreciación. La alta burocracia estatal y altos sectores económicos, tanto vinculados al gobierno o no, que no dependen del día a día, no se verán afectados. “Su eliminación profundizará la crisis económica, afectando principalmente a quienes dependen de un salario en bolívares”, sostiene por ejemplo economistas como Asdrúbal Oliveros, Vicente León, así como especialistas petroleros.
Pero es importante recalcar que bajo la política de Maduro y su plan privatizador y entreguista, la licencia que tenía Chevron, tiene asociado un esquema de despojo o saqueo, pues no se trataba solo de producir petróleo y exportar, sino que encubiertamente tenía un proceso de privatización. La empresa estadounidense pasaba a tener todo el control de la empresa mixta petrolera donde operaba, dado que PDVSA como tal no lo podía hacer por las sanciones, aumentando su participación en un esquema de hacerse de los activos de las empresas.
Chevron pasaba a “manejar todo” en los esquemas de asociación, y de allí los derechos de las ganancias plenas y todas las rutas de producción y comercialización, con las excepciones de impuestos y nuevos esquemas de pago de regalías. Se le llegó a conocer como el “esquema Chevron” para los procesos de privatización para muchas empresas del Estado, y que incluso opera en otras industrias estratégicas claves como las que operan en Guayana, la siderúrgica, electricidad, aluminio, etc.
Todo mondado bajo relaciones de trabajo a destajo impuestas por Maduro para favorecer a los empresarios, donde no existen los derechos de los trabajadores y los “salarios” operan bajo el esquema de bonos sin ningún beneficio social ni prestaciones. Al sol de hoy, por ejemplo, el salario mínimo que mensualmente no llega a los 3 dólares, no es aumentado durante tres años, bajo los profundos ajustes económicos capitalistas que se vienen aplicando, que caen sobre el pueblo.
Pero las sanciones impuestas por Estados Unidos son un arma miserable que ha buscado estrangular más aún la economía del país para generar por esa vía un forzamiento de cambio de gobierno favorable a Estados Unidos y a la derecha que lidera María Corina Machado quién ha festejado que se recrudezcan las sanciones imperialistas. Como lo han llegado a reconocer figuras del establishment político estadounidense uno de sus objetivos explícitos es causar mayores penurias en el pueblo para generar mayor presión social del cambio de gobierno que Estados Unidos desea y el coro trumpista criollo anhela.
Maduro viene de intentar acuerdos con Estados Unidos en busca de que le alivien sanciones, pero lo ha hecho utilizando a los migrantes venezolanos como monedas de cambio. Ha sido el caso de negociar las deportaciones forzadas de millares de venezolanos en Estados Unidos, que no es otra cosa que la aceptación de las acciones de las políticas reaccionarias que lleva adelante Donad Trump con su política de expulsar a millones de inmigrantes. Lejos de una política que reclame todos los derechos a residencia y trabajo, no a los encarcelamientos y redadas, y por sus plenos derechos democráticos. Pero esta política externa es la continuación de su política interna que ha venido descargando la crisis sobre el pueblo trabajador.
El imperialismo estadounidense –cuyos capitales nunca han dejado de estar presentes en el país–, pugna por recuperar el espacio perdido y volver a poner a Venezuela bajo su órbita. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) que impulsa La Izquierda Diario, somos acérrimos antiimperialistas, por eso hemos rechazado siempre y seguimos rechazando las sanciones imperialistas, la confiscación de bienes y toda agresión o amenaza imperialista. Por eso denunciamos a toda esa derecha tradicional venezolana que avala, reclama y festeja todas las agresiones imperialistas, como hace María Corina Machado. Basta de injerencia imperialista con sus sanciones económicas.