El Presidente Hugo Chávez le pidió al nuevo líder de las FARC, Alfonso Cano, liberar a cambio de nada los secuestrados, catalogando ésta acción como un gran gesto humanitario, además consideró que a éstas alturas en América Latina está fuera de orden un movimiento de guerrilla armada; El Presidente Correa coincidió con dicho pedimento, abogando por iniciar un gran diálogo político diplomático para encontrar la paz en Colombia. Ante tales declaraciones, Sean McCormak portavoz del departamento de Estado del gobierno norteamericano, manifestó esperar que la solicitud del Presidente Chávez a las FARC se convierta en actos de gobierno, pidiendo "Acciones Concretas". Olvidando el vocero, que Colombia es un país soberano, y si bien es cierto ellos tienen injerencia en sus asuntos internos, Venezuela es respetuosa de éstos principios y quien debe presentar acciones concretas para avanzar en el proceso de paz es el Presidente Alvaro Uribe, el cual se limitó a reiterar los agradecimientos al Presidente Chávez por los comentarios hechos. Desatándose tanto en Venezuela, como en el exterior, una campaña mediática con la finalidad de hacer ver que existía un cambio de discurso del Presidente Chávez con respecto a las FARC, cuestión ésta, que puede ser negada, ya que en hechos públicos y notorios, se demuestra que las únicas veces que ha existido un contacto del Presidente Chavéz con los grupos insurgentes colombianos, ha sido para abonar el terreno hacia la paz y quien debe dar demostraciones concretas es Colombia, quien recientemente torpedeó cualquier posibilidad de paz, con el ajusticiamiento del Comandante Raúl Reyes como retribución por sus gestiones humanitarias en la liberación inicial de Clara Rojas y Consuelo González y luego de los cinco Senadores.
Es importante evaluar las condiciones que debe brindar el gobierno colombiano a las FARC para insertarse a la vida política, no vaya ser que ante la ausencia de éstas, se reedite la nefasta experiencia sufrida por las FARC en 1985 como resultado de los acuerdos de paz de aquella época, cuando nació la Unión Patriótica como escenario democrático que recibiría a los desmobilizados en su tránsito a la paz. Quienes participaron en sus primeras elecciones, el 9 de marzo de 1986 obteniendo 5 curules al senado, 9 a la cámara de representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 352 concejales; Estos resultados generaron preocupación en el bipartidismo colombiano (Liberales y Conservadores) y comenzaron a desarrollar métodos represivos y de exterminio contra los miembros y simpatizantes de este nuevo grupo político.
Los exterminios por los nacientes grupos paramilitares de manera sistemática a través de asesinatos y desapariciones forzadas, "coincidencialmente" se perpetraron en las zonas en que la Unión Patriótica obtuvo la mayor representatividad.
Ante este nuevo escenario es vital que el gobierno colombiano empiece a entender a la luz del derecho internacional humanitario, el principio de distinción entre combatientes y personas civiles, pues se correría el riesgo de una reedición de la operación "Baile Rojo" donde fueron exterminados a través del sicariato político 2.800 dirigentes de la Unión Patriótica, y más de 5.500 víctimas de violaciones de Derechos Humanos, que en 1987 motivó que proyecto político de la Unión Patriótica buscara el derecho a su existencia y vida de sus integrantes recluyéndose nuevamente unos en las montañas y otros sometidos a desplazamiento forzoso. Por lo tanto la primera "Acción Concreta" estriba en que el gobierno colombiano desarrolle procedimientos de protección de las minorías políticas.
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