Creo que el gobierno le ha dado a José Miguel Vivanco una inmerecida condecoración al expulsarlo de Venezuela bajo el argumento de que violó el sagrado principio de no intromisión en los asuntos internos de nuestro país, y de paso se ha abierto un nuevo frente de batalla comunicacional poco o nada conveniente en estos tiempos.
En otras ocasiones he manifestado públicamente mis reservas frente al trabajo de Human Rights Watch , una organización de derechos humanos con no muy claros anclajes en las esferas de poder de los Estados Unidos que ponen en entredicho la imparcialidad política que debe caracterizar a quienes dicen trabajar por la defensa de los derechos ciudadanos bajo la figura de organizaciones no gubernamentales. Es más, en entrevistas radiales que le hemos realizado a Vivanco en el programa que comparto con Carla Angola en Unión Radio nunca le he ocultado esas reservas.
Por lo tanto no tengo ninguna duda de que la visita de Vivanco a Venezuela evidencia la intención de contribuir a reforzar política y electoralmente a quienes adversan al gobierno. Es una visita con ribetes electorales. No me cabe la menor duda de eso, más allá del contenido del Informe de Human Rights Watch, (HRW) el cual , por cierto, no es el primero, como tampoco es la primera oportunidad en la cual coincide con eventos electorales en nuestro país.
No niego que algunos de los aspectos planteados en el Informe tienen elementos de veracidad, así como también contiene medias verdades y unas cuantas mentiras. Es cuestión de debatir y discutir ese cualquier otro documento que se refiera a temas como la libertad de expresión, la situación carcelaria o el derecho a organizarse sindicalmente. A la luz de la polarización existente en Venezuela quienes adversan al gobierno jamás reconocerán los avances que se han logrado en el campo de derechos humanos, y los partidarios, salvo excepciones, no harán concesiones ni aceptarán que hay unos cuantos lunares en esta materia.
En lo personal, creo que HRW debe hacer mucho para demostrar que su actuación no tiene vasos comunicantes con los intereses de la política exterior norteamericana. Por ejemplo, aunque han condenado los abusos cometidos contra los presos de la base militar de Guantánamo, no tengo conocimiento de que Vivancos o cualquier otro integrante de HRW hayan hecho alguna gestión para visitar a los prisioneros y abogar por sus derechos. Tampoco los he visto en Pando, Bolivia, para interesarse por las masacres cometidas contra treinta pobladores indígenas por los émulos de Hitler, que se pasean libremente en vehículos rústicos adornados con símbolos nazis.
En materia de derechos humanos no puede haber doble discurso ni actuaciones que pongan en entredicho a quienes laboran en ese campo tan complejo.
Pero, con todas estas reservas que me hacen dudar de HRW, sin incluir su tibia conducta frente al Carmonazo, me parece que el gobierno, o mejor dicho, el propio presidente Hugo Chávez cometió un grave error al expulsar a los representantes de Human Rights Watch. La mejor manera de demostrar que no es cierto que en Venezuela no hay libertad de expresión era evitar incurrir en una medida como esa. Si el argumento es que no se puede permitir que ciudadanos extranjeros opinen en tierra venezolana sobre política interna ¿ por qué en otras recientes ocasiones el señor Vivancos no tuvo inconvenientes?
Actos como estos, y en medio de una campaña , colocan al país y al propio gobierno a la defensiva, en un momento en el cual es preciso medir cada uno de los pasos que se dan en política internacional. No entiendo qué dividendos deja esa expulsión, ni por qué se le da a Vivancos semejante trofeo. Con todo respeto, más que una decisión soberana, me parece una soberana metida de pata.