El especialista en deuda cuestiona el accionar de la justicia estadounidense y pide la intervención de la Corte de La Haya.

Éric Toussaint es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liége (Bélgica) y de la Universidad de París VIII, y también se desempeña como historiador. En su faceta política, es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Esa organización busca analizar los orígenes de las deudas soberanas de los países del tercer mundo y sus consecuencias para luego elaborar alternativas de financiamiento del desarrollo humano. 

También fue asesor del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de ese país. Toussaint ha escrito numerosos libros sobre el sistema financiero internacional, tales como Los tsunamis de deuda (2005), Banco Mundial: el golpe de Estado Permanente. La agenda del Consenso de Washington (2006), La deuda o la vida (2011) o el recién publicado Bancocracia.    

Además, fue invitado por la Cámara de Diputados de la Nación para exponer el próximo miércoles a las 19 horas junto con los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde y Carlos Raimundi, y la economista Fernanda Vallejos sobre la deuda externa. Consulado por Tiempo Argentino, Toussaint opinó sobre el conflicto con los fondos buitre.

–¿Considera que la sentencia del juez Thomas Griesa que beneficia a los fondos buitre es un fallo justo?

–Es claro que son fondos que compraron títulos argentinos con el único objetivo de enjuiciar a la Argentina para sacar la mayor cantidad de ganancia posible haciendo una operación puramente especulativa. Para mí, es claramente inaceptable y, desde el punto de vista de la ley de Estados Unidos es ilegal, porque hay una ley en Estados Unidos prohibiendo que se compren títulos de deuda no para recibir los cupones de interés sino para especular y enjuiciar al emisor. Esto está considerado como ilegal allí.

–Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos convalidó el fallo de Griesa cuando evitó analizar el planteo de la Argentina...

–Claro, claro, esto no es un conflicto entre Argentina y el juez Griesa sino con la justicia de Estados Unidos, porque la Corte le da la razón al juez. Es claramente un intento de hacer retroceder a Argentina y América Latina a la situación de inicios del siglo pasado y finales del anterior, cuando las potencias dictaban de manera directa a las naciones deudoras el comportamiento que debían asumir, atacando la soberanía de esos países.

–¿Entonces usted considera que el accionar de la justicia estadounidense tiene una intencionalidad política?

–Tiene una intención, o en su defecto tiene una consecuencia política, que es dar una interpretación de la ley totalmente torpe porque, incluso, contradice lo que la propia legislación estadounidense dice sobre los fondos buitre.

–¿Lo mismo se puede aplicar para los fondos buitre?

–No, los fondos buitre buscan la mayor ganancia posible. No creo que tengan una voluntad política, pero lo que me parece fundamental no es el buitre, es la decisión judicial extranjera la que los habilita. Esto nos deja una lección muy importante, que es que no se puede delegar más la jurisdicción, es decir, el poder de dictar una sentencia en caso de litigio a una justicia extranjera.

–¿Los buitres tienen influencia a nivel político-internacional?

–Sí, claro, porque es obvio que el fondo de Paul Singer está proveyendo ayuda financiara al Partido Republicano y tienen mucho poder en los Estados Unidos e influyen sobre la política de ese país. Yo diría que son la vanguardia de la política externa de los Estados Unidos en materia financiera y detrás de ellos hay batallones como Goldman Sachs, Bank of America y el Citibank, entre otros.

–¿En Europa también tienen influencia?

–Estos fondos ahora están interesados en Grecia y España. NML Capital, de Paul Singer, compró créditos de deuda del banco español Bankia para luego hacer lo que hacen con Argentina. Ahora, en Europa, hay una toma de conciencia respecto de hasta qué punto son peligrosos estos fondos. 

–¿Qué opina del accionar de instituciones como el FMI y el Banco Mundial en los países en desarrollo?

–Son corresponsables del endeudamiento fraudulento. Esto claramente aparece en la sentencia Ballesteros del caso Olmos en julio de 2000, donde figura la complicidad del FMI que dio su aval a la Junta Militar argentina para tomar deuda, y luego en todo el programa de privatización de Carlos Menem y la destrucción de los servicios públicos. Estas instituciones son parte del problema y no de la solución.

–¿Las concesiones que pide el FMI son políticas?

–El FMI y el Banco Mundial son instrumentos de poder de Estados Unidos y son brazos institucionales de la política externa de ese país. Estas políticas tienen como objetivo mantener a las naciones del sur en sumisión respecto de los países centrales.

–¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de una convención de reestructuración de deuda que efectuó la Argentina ante la ONU?

–Me parece positivo que se trate la reestructuración de deuda. Yo creo que habría que colocar en el debate de Naciones Unidas el tema de la ilegitimidad de la deuda. El mecanismo de reestructuración por sí solo no alcanza. Una deuda ilegítima no se puede reestructurar, hay que anularla.

–¿Pero en este caso el FMI respaldó el reclamo contra los fondos buitre?

–Creo que es un epifenómeno. Los fondos buitre, de algún modo, se comportan de una forma que no le gusta al FMI. Pero el organismo ha realizado acciones de desregulación financiera en los países en desarrollo que ayudaron a que los fondos buitre actuaran. El FMI es cómplice de los fondos buitre. Lo que sucede es que el Fondo está a favor de un mecanismo de reestructuración de deuda acordado con la mayoría, mientras que los buitres no quieren respetarlo.

–¿Le parece aceptable la propuesta de algunos buitres para que el CIADI resuelva los litigios por la deuda soberana?

–Los tenedores de los bonos seguramente quieren que esos papeles sean considerados como una inversión, yo creo que es una interpretación totalmente equivocada y sesgada. Por otro lado, el CIADI pertenece al Banco Mundial y es un instrumento de Estados Unidos al servicio de las grandes empresas transnacionales privadas, que obtienen la mayoría de las sentencias favorables de manera arbitraria. Mi recomendación es que la Argentina se retire del CIADI, como lo hicieron Bolivia, Ecuador y Venezuela. Brasil nunca aceptó entrar.

–¿Teme que la convención de reestructuración que tiene que elaborar la ONU se pueda convertir en un CIADI?

–Sí, podría convertirse en un tribunal a favor de los acreedores. Por eso, teniendo en cuenta el mundo real en que vivimos, es fundamental entender que la discusión con los acreedores es un acto soberano unilateral del Estado deudor. No esperemos obtener una sentencia favorable de un tribunal internacional.

–¿Es correcto, entonces, que Argentina litigue ante La Haya?

–Sí, por supuesto que es correcto que continúe el conflicto en La Haya. Este puede ser uno de los instrumentos, pero hay que ser claro: Estados Unidos no reconoce más la competencia de la Corte de la Haya. No la reconoce más desde que ha sido condenado en 1985 en el litigio con Nicaragua por minar los puertos durante la experiencia sandinista. Lo curioso es que cuando tiene una sentencia en contra, EE UU no la reconoce y desacata las órdenes. Por eso, si bien el reclamo es legítimo, no creo que tenga efecto.

–¿Qué es lo que debería hacer Argentina?

–Hay que ir más allá del enfrentamiento con estos fondos. Creo que es fundamental volver a cuestionar la legitimidad de la deuda. Mi recomendación a los poderes públicos de Argentina es que hay que hacer una auditoría de la deuda. Hay que tomar en cuenta la historia muy pesada de la deuda argentina, me refiero a la contraída por la Junta Militar, y la socialización de las pérdidas de las empresas privadas al final de la dictadura. También es importante recordar la deuda contraída por Carlos Menem y su sistema de privatizaciones, y el Megacanje de Domingo Cavallo. No es justo que Argentina tenga que pagar a acreedores que participaron de fraudes o apoyaron dictaduras argentinas. Por eso la importancia de una auditoría con participación ciudadana.

–La Ley de Pago Soberano llama a investigar la deuda. ¿Qué le parece esa iniciativa en términos generales?

–Mi inquietud es que se ofrece en las propuestas del nuevo canje a los tenedores de bonos dirigirse a jurisdicción francesa en caso de litigio, con lo cual se sigue en la misma debilidad, delegando a otra justicia en vez de la nacional y de respetar la Constitución Argentina, que dice claramente que no se puede delegar los litigios a otra jurisdicción.

Deuda y soberanía en américa latina

Éric Toussaint participará esta semana de una charla debate titulada "Deuda y Soberanía en América Latina" en la Cámara de Diputados. El encuentro se realizará entre las 19 y las 20:30, y estará acompañado por el diputado por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde y la economista Fernanda Vallejos. El moderador será el diputado Carlos Raimundi y se realizará en el Salón Auditorio del Anexo A, de la Cámara de Diputados, en el primer subsuelo de la calle Rivadavia 1841.

No es la primera vez que Toussaint expone en la Argentina. Ya en 2003 había realizado una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos junto con la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. En 2010 publicó "La crisis global" a través de la editorial de la Madres y participó de la Cátedra de los Libertadores, junto con Norberto Galasso y Atilio Borón. Además, en abril 2011 asistió a las Jornadas interparlamentarias sobre "Derechos Humanos y la crisis mundial" y de un debate sobre la crisis global y la perspectiva regional ante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Rosario.

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