Junio 05 de 2016.- La instalación de tres empresas petroleras en Colombia promovidas por ex gerentes de Pdvsa (Pacific Rubiales, Alange Energy Sucursal Colombia y Vetra) significó el inicio de una extracción "legal" de productos derivados del petróleo que se inició bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras, Feijoo Colomine, la instalación de estos sistemas estuvo a cargo de los venezolanos Luis Giusti, Ronald Pantin, José Francisco Arata, Humberto Calderón Berti, Ignacio Layrisse y Alfredo Gruber, quienes, afirma Colomine, continuaron su labor contra Pdvsa, para sustraer a través del contrabando, gasolina, lubricantes y gas.

Fracking del otro lado. A esta denuncia, ahora se suma la extracción de recursos desde Venezuela mediante la fracturación hidráulica (conocida como fracking), a través del cual compañías petroleras colombianas han robado el crudo nacional y han provocado importantes daños ambientales en la región fronteriza.
"Es muy curioso que el gobierno colombiano solo invierta en la construcción de oleoductos y no en el campo, a pesar del alto costo que esto genera", aseveró Colomine.

El especialista petrolero David Paravisini explicó que en Colombia no existe una legislación específica en materia de hidrocarburos, lo que genera un atractivo para sistemas de explotación sin control.
Por esta razón, Pacific Rubiales se convirtió en una empresa primordial para el contrabando de crudo y gasolina y así acelerar el fortalecimiento de Ecopetrol, la estatal neogranadina.

En 2008, Pacific Stratus, compañía dirigida por los venezolanos Ronald Pantin y José Francisco Arata, se asoció con Germán Efromovich, dueño de Petro Rubiales y del contrato del campo Rubiales, dando como resultado la creación de Pacific Rubiales Energy Corp, registrada en Canadá.

A partir de este momento y aprovechándose de la flexibilidad del Estado colombiano (bajo el amparo de los de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos), Pacific Rubiales encontró el territorio propicio para su rápido crecimiento empresarial.

Tras los informes presentados en el 2004 por el analista colombiano Gilberto Jaimes, en los cuales señalaba la declinación en la producción de crudo por parte de Ecopetrol (por debajo de 400 mil barriles diarios), Uribe desconoció los acuerdos firmados con Chávez y apoyó a los ex gerentes venezolanos en la creación en 2005 de los llamados "centros de acopio".

Esta nueva herramienta utilizada por el gobierno neogranadino a través de los decretos 2.337, 2.338, 2.339 y 2.340, serviría para legalizar el ilícito fiscal y apropiarse sin pagar de cuantiosos volúmenes de gasolina y diesel provenientes de Venezuela, ocasionando pérdidas por el orden de los 100 mil millones de dólares a la economía nacional.

El gobierno colombiano levantó todas las barreras arancelarias, trayendo como consecuencia la fuga masiva de productos escudados en la decisión aduanera que establece desde 2005 que "cualquier mercancía proveniente de Venezuela, que traspase la frontera automáticamente es nacionalizada sin pago de tasas".

Según el Consejo Nacional de Fronteras, Pacific Rubiales fue una empresa importante para el gobierno de Colombia, pues llegó a producir un millón de barriles de crudo diario, sin tener la capacidad en reserva, esto a través de mecanismos implementados por los ex directivos de Pdvsa a través de los cuales eran extraídos cerca de 300.000 barriles de crudo de forma ilegal de Venezuela.

"Meritócratas"quiebran empresa. Después de esas irregularidades, y aunque está conceptuada como una de las principales empresas en la región, los malos manejos y los altos salarios de los exgerentes meritócratas en Pacific Rubiales aceleraron su caída (sueldos de hasta 11 millones de dólares anuales), lo que representa 2 mil veces el ingreso de un trabajador colombiano.

Los ejecutivos Miguel Ángel de la Campa, José Arata, Serafino Iacono y Ronald Pantin ocuparon la posición N° 14 entre los 100 ejecutivos con más altos salarios de Canadá, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Alternativas Políticas de Canadá.

A raíz de todo esto, la compañía recibió la peor calificación crediticia, por parte de la agencia de valoración de riesgos Standard & Poor’s. Este hecho generó que en enero (2016) el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, iniciara un proceso de intervención a Pacific, por los niveles de endeudamiento.