26-03-20.- El gobierno de Estados Unidos impuso hoy cargos judiciales en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios funcionarios del gobierno venezolano, acusándolos de narcotráfico, terrorismo y corrupción, y ofreció recompensas millonarias por información que lleve a la captura de los acusados.

El secretario de Justicia de EEUU, William Barr, anunció los cargos en una conferencia de prensa en la que aseguró que en 2019 Maduro apoyó y facilitó la entrada a Venezuela de líderes de la FARC con la intención de respaldar sus “estructuras criminales”.

Barr dijo que los cargos incluyen una conspiración que involucra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designado por EEUU como "grupo terrorista" las cuales dijo están determinadas a "inundar los Estados Unidos con cocaína". Barr dijo que el gobierno de Maduro ha autorizado a las FARC el vuelo de aviones llenos de drogas sobre el espacio aéreo venezolano y fabricar cocaína de manera segura en Venezuela.

Los cargos contra Maduro, que también incluyen delitos de armas y narcoterrorismo, conllevan una pena mínima de al menos 50 años.

El Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $15 millones por información que lleve a la captura de Maduro. También ofrece recompensas de hasta $10 millones por información relacionada con Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general (retirado) del Ejército de Venezuela; y el Ministro Tareck El Aissami.

“Al tiempo que ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela”, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado.

El fiscal Barr agregó que cualquier venezolano puede entregar a Maduro o a los acusados. "Esperamos obtener la custodia de estos acusados", dijo Barr.

Es la segunda vez en la historia que EEUU acusa formalmente a una persona que ocupa la jefatura de un Estado de narcotráfico. La primera vez fue a Noriega, en Panamá, lo cual utilizaron como excusa para llevar acabo una invasión mediante la cual capturaron al líder panameño. El fiscal Barr, agregó que no reconocen a Maduro como presidente, como tampoco lo hicieron con Noriega.

Varios medios habían anunciado que el gobierno de EE.UU. iba a incluir a Venezuela en su lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dicha medida no fue anunciada por las autoridades estadounidenses.

Los demás acusados

Entre los acusados también figura Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien es acusado de lavado de dinero en relación con el presunta obtención de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

Moreno, sin embargo, no figura entre los funcionarios por cuya captura EEUU ofrece recompensa, pero le acusan de haber recibido dinero por autorizar la toma de una planta de General Motors valorada en $100 millones. Afirman que Moreno declaró en una solicitud de visa tener ingresos mensuales de $12.000, pero al mismo tiempo gastó aproximadamente $3 millones en el sur de Florida, incluyendo una avioneta privada valorada en 1 millón de dólares.

En otra acusación revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York, se acusa a Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Joselit Ramirez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark Lopez Bello, empresario venezolano acusado de una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro y El Aissami.

La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE.UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas contra Maduro tras las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que EE.UU. caracteriza como "ilegítima" y que ahora dirige Diosdado Cabello.

Los demás acusados son:

Luis Motta Domínguez, ex-ministro de Energía, acusado de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos

Néstor Reverol Torres, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto Jose Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, acusados de participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", ex-capitán de la Guardia Nacional, acusado de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína.

Rafael Antonio Villasana Fernández, ex-oficial de la Guardia Nacional, acusado de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex-viceministro de Energía de Venezuela, acusado de 20 cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.

Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, ex-oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para pasar de contrabando de los Estados Unidos a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el envío y documentos de control de exportaciones para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los Estados Unidos.

Por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este jueves que "Estados Unidos y Colombia conspiran y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela”.

"Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!", afirmó.

Asimismo, indicó que "la inmensa mayoría de los venezolanos estamos unidos en un solo frente, remando todos hacia un solo objetivo, cortar las cadenas de transmisión del coronavirus y normalizar la vida del país. Me siento muy orgulloso del poder popular organizado”.

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