La aplicación de una orden ejecutiva el pasado 14 de marzo por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798, hacia los migrantes venezolanos en ese país va más allá de un ataque a Venezuela. Especialistas en materia internacional aseguran que es una amenaza directa para la región.

En la orden dirigida contra una supuesta banda criminal llamada Tren de Aragua, se especifica que los migrantes venezolanos estaban llevando a cabo una “invasión” en Estados Unidos, razón porque la que se aplicó el decreto basado en la ley que solo se ha activado en situación de guerra.

La medida que se ejecutó de inmediato generó tres vuelos de deportación hacia El Salvador durante dos días que salieron desde Harlingen, Texas, con 238 venezolanos acusados de ser parte de la banda criminal; una vez allá fueron encarcelados sin pruebas ni juicio previo.

Antes de que los aviones llegaran a El Salvador, el juez de Estados Unidos James Boasberg ordenó verbalmente al gobierno que devolviera las naves que transportaban a personas expulsadas en virtud de la orden ejecutiva, sin embargo, la orden no fue ejecutada y en la actualidad siguen secuestradas en ese país.

¿En qué consiste la ley?

Es un instrumento jurídico aprobado en 1798 en Estados Unidos cuando estaba al borde de la guerra con Francia y el Partido Federalista temía que los extranjeros que vivían en Estados Unidos simpatizaran con los franceses.

Ante este temor el Congreso, controlado por los federalistas, aprobó una serie de leyes que endurecían los requisitos para obtener la ciudadanía.

Estas leyes autorizaban al presidente John Adamsla deportación de los extranjeros y permitían su detención y encarcelamiento en tiempo de guerra.

Hasta hoy, la normativa había sido aplicada en tres ocasiones, todas relacionadas con conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.

No había sido invocada desde la segunda contienda (1939-1945), cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt aplicó el recurso para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés. Se estima que unas 120.000 personas de ascendencia de ese país oriental fueron encarceladas durante la guerra.

Un decreto sin protección

El analista político Ángel Rafael Tortolero, aseguró en una entrevista en Análisis Situacional esta semana que este decreto busca poner en riesgo la estabilidad democrática de Venezuela, debilitar al gobierno de Nicolás Maduro, categorizar a todos los venezolanos como delincuentes y amedrentar a otros países de la región como Brasil, Colombia y Nicaragua.

La excusa de Estados Unidos para activar el decreto es proteger la seguridad nacional, sin embargo, sus consecuencias negativas pueden ser perjudiciales para la cohesión social, el respeto a los derechos humanos y las relaciones internacionales del país, aseguró.

Consecuencias

Estigmatización y discriminación: Esta ley puede llevar a la estigmatización de ciertos grupos étnicos o nacionales, creando un ambiente de desconfianza y miedo. La población puede ver a los extranjeros como amenazas, lo que puede resultar en discriminación y xenofobia.

Violación de derechos humanos: La aplicación de esta ley a menudo resulta en la detención arbitraria de individuos sin el debido proceso legal. Esto plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia.

Impacto en las relaciones internacionales: La promulgación de leyes que ven a otros países como enemigos puede deteriorar las relaciones diplomáticas y comerciales. Esto puede resultar en sanciones y aislamiento internacional.

Efectos económicos negativos: La percepción negativa hacia los extranjeros puede afectar la inversión extranjera y el turismo, impactando negativamente en la economía local. Las empresas pueden dudar en invertir en un país con una imagen hostil hacia los forasteros.

División Social: La ley puede exacerbar divisiones dentro de la sociedad, creando un ambiente polarizado donde se fomenta el odio y la desconfianza entre diferentes grupos sociales.

¿Cuál es el metamensaje?

El politólogo Martín Pulgar, dijo a Últimas Noticias, que la Ley nació en los albores de la Unión Americana de los Estados Unidos de América en un contexto de guerra independentista.

La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se usó para deportar y para la creación de campos de concentración de japoneses y de americanos japoneses, apresados porque se les consideraba posibles agentes extranjeros de Japón.

“Para que se aplique debe haber una declaración de guerra o una amenaza real de invasión y no es el caso de Venezuela que no le ha declarado una guerra a Estados Unidos”, dijo.

Agregó que el país imperialista está buscando la manera de decirle al mundo que no ha cesado el ataque contra Venezuela y que los próximos pueden ser ellos.

El especialista destacó que el presidente Nicolás Maduro no se ha detenido en seguir ayudando a los migrantes que deben volver al país.

“Lo de Chevron no tuvo efecto, ahora van a utilizar esta Ley para sacar a los venezolanos de alguna manera de Estados Unidos y mantener la narrativa de despolarizar a Venezuela con ese decreto arbitrario”.

Los “favores” de El Salvador

En el caso de la participación de El Salvador en las deportaciones, Pulgar explicó que parte de la estrategia es evitar que los salvadoreños que hay en EEUU sean deportados y se genere una crisis económica en el país.

“El retorno masivo de las deportaciones genera un impacto social y económico y esto es lo que no quiere el presidente Bukele”, dijo a la vez que agregó que el mandatario salvadoreño busca alinearse a la política estadounidense.

Mientras los venezolanos siguen detenidos ilegalmente en El Salvador, soportando tratos crueles, una corte federal de apelaciones mantiene, tras una decisión dividida, un bloqueo temporal a la facultad del presidente Donald Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington falló esta semana por dos votos a uno. Dos órdenes de tribunales inferiores que bloquean el uso de la amplia autoridad en tiempos de guerra por parte de Trump pueden mantenerse mientras se resuelve una impugnación legal a la invocación de la ley por parte del presidente.

El Departamento de Justicia y Boasberg ha tenido discusiones sobre la negativa del Departamento de Justicia a proporcionar más información sobre los vuelos, y Trump sugirió que Boasberg fuera destituido. Esto generó una inusual reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Diversos sectores dentro y fuera de Estados Unidos, como las organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas, han advertido que la invocación de este recurso por parte de Donald Trump podría constituir un abuso de poder y supone un riesgo para la población migrante en suelo estadounidense.