El sicariato sindical , que ha acabado con la vida de varias decenas de dirigentes sindicales en el Estado Bolívar, es una realidad preocupante a la que se le está prestando poco interés, gracias a lo cual la impunidad en torno a estos asesinatos sigue campante.
De acuerdo a cifras que se manejan extraoficialmente, el número de crímenes cometidos como resultado de la acción de sicarios ligados a mafias sindicales ya pasa de cien en los últimos años, y lo grave es que la cosa se extiende ahora a otras regiones del país como Miranda y Guárico.
Se trata de asesinatos que van ligados al indeseable tráfico con la asignación de puestos de trabajo, particularmente en el sector de la construcción. La lucha por el control de los puestos de trabajo deriva en enfrentamientos entre sectores de supuestos dirigentes sindicales que se creen con derecho a controlar el acceso a empleos en obras tanto del sector público como del sector privado. Es allí donde aparece entonces el cobro de vacuna a las empresas y a los propios aspirantes a trabajadores, quienes deben aceptar las condiciones impuestas por los mafiosos. En el caso de las empresas, algunas de ellas t al vez sean cómplices de estas bandas, pero en otros casos son extorsionadas para que permitan la injerencia de la mafia en la contratación de trabajadores. Y en el caso de quienes consiguen un empleo, quedan comprometidos a “bajarse de la mula”con los capos que le dieron el chance de “pegar” en una obra.
Es sorprendente la facilidad con la actual actúan estos asesinos, y el poco éxito que las autoridades policiales han alcanzado en su captura y en el desmantelamiento de tan temibles bandas. La reciente actuación del sicariato sindical en los estados Miranda y Guárico obliga a apretar las tuercas y a tomar medidas para impedir que este “sindicalismo” de nuevo tipo se convierta en un hecho de carácter nacional, y tome un impulso imposible de controlar.
Pero en el fondo de esta situación está de anteojito una triste realidad. La inexistencia en Venezuela de un movimiento sindical fuerte, organizado, depurado de burócratas, sindicaleros, tracaleros y vividores, y con la suficiente capacidad de derrotar y desterrar de sus filas estas prácticas. No estamos ante un problema nuevo. La venta de puestos de trabajo ya tiene sus antecedentes en Venezuela, incluso en la industria petrolera. Recordemos lo que ocurría en el Alto Apure, hace más o menos una década, cuando dirigentes de sindicatos afiliados a la vieja Fedepetrol fueron denunciados por llevar a cabo estas prácticas indeseables, bajo la mirada complaciente de la dirigencia sindical nacional.
Y este asunto del sicariato sindical está asociado a lo que recientemente planteaba en una entrevista el diputado y dirigente sindical Oswaldo Vera, quien cuestiona severamente el rol de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, organización que desplazó a la CTV como primera fuerza sindical pero que en tiempo récord presenta los signos de anquilosamiento que llevaron a la organización dirigida por Manuel Cova a su debilitamiento.
Mientras en Venezuela no exista ese movimiento sindical fuerte, autónomo, comprometido con los cambios que el país requiere y, sobre todo, ligado estrechamente a las bases sindicales y al pueblo, el sicariato sindical seguirá haciendo de las suyas. Ciertamente se trata de un asunto que se tiene que atacar con la ley, porque se trata de asesinos. Pero también es evidencia de un grave problema político: la desnaturalización de la lucha por el derecho al trabajo, que debe estar dirigida por auténticos líderes sindicales y no por herederos de Al Capone, aunque se pongan su gorrita roja, verde o blanca.
