De cara a este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el mensaje hacia la inmensa masa laboral venezolana no puede ser otro que el reivindicar, en primer lugar, el derecho que tienen a contar con organizaciones capaces de defender sus derechos frente al patrono del sector público o del sector privado, y el deber de participar para evitar que, como ha ocurrido en otros momentos, se busquen pretextos de cualquier índole para denostar del sindicato como instrumento capaz de aglutinar a los asalariados en la preservación de sus intereses.
Está más que demostrado que en medio de una situación de crisis económica como la que se vive actualmente en el mundo, la tendencia general de los gobiernos es a arrimarle la carga más pesada a los sectores laborales. Por ejemplo, millones de trabajadores han perdido sus empleos en todo el planeta.
En Venezuela no se ha sentido aún el rudo impacto de los acontecimientos que en otras latitudes han provocado cierras de empresas y recortes drásticos en las nóminas. Pero el fantasma sigue rondando y las declaraciones de ciertos funcionarios de alto nivel gubernamental hacen temer tiempos duros y difíciles, sobre todo para lo poco que existe de movimiento sindical organizado.
Un gobierno que proclama su condición de socialista no puede o, mejor dicho, no debería justificar bajo ninguna circunstancia que trabajadores de la administración pública estén sometidos, como ocurre con muchos de ellos, a contratos individuales leoninos, que los privan de beneficios y derechos estipulados en la actual legislación laboral. Ni tampoco debería permitirse iniciativas o pronunciamientos dirigidos a menoscabar, o a burlar con artilugios poco nobles, el derecho a la contratación colectiva y a obtener mejores beneficios derivadas de ésta.
La dirigencia sindical, principalmente la que está identificada con el gobierno del presidente Hugo Chávez, tiene una responsabilidad enorme en el destino de las organizaciones que históricamente han servido a los trabajadores para defenderse de los abusos del patrono, sea èste la empresa privada o el Estado. Los sindicatos tienen que ser y seguir siendo organismos autónomos frente a partidos políticos o frente a intereses extraños a la masa laboral. Cada trabajador puede militar, si es su gusto, en el partido que quiera, pero es imperdonable que por una línea de partido se pretenda convertir al sindicato en un instrumento hipotecado y domesticado a la medida de su política. Ya esa película la hemos visto no pocas veces aquí y en otras latitudes.
Es obvio que en tiempos de crisis económicas las exigencias laborales tampoco pueden sobrepasar irresponsablemente las posibilidades de la empresa, sea pública o privada , pero , sobre todo si se habla de revolución y de darle poder al pueblo trabajador, no se puede aprovechar el argumento de la crisis para torpedear el derecho a la contratación colectiva, bajo confusas modalidades que terminan haciendo del sindicato un ente castrado, burocratizado y subyugado al poder político e incluso económico, de viejo o nuevo cuño.
Así que con ocasión del Primero de Mayo, es pertinente ratificar como una conquista irrenunciable de los trabajadores el derecho a discutir colectivamente sus condiciones de trabajo y a luchar en defensa de los logros alcanzados, no sólo en lo reivindicativo sino también en lo político.
Nada mejor que abrir bien los ojos frente a cualquier “novedosa” propuesta destinada a sustituir el sindicato por quién sabe que estructura, y el contrato colectivo por acuerdos burocráticos o decisiones unilaterales.
