17-01-22.-Los trabajadores afectados califican las medidas como formas de retaliación política por disentir de las políticas gubernamentales en las empresas básicas que hoy trabajan al mínimo de su capacidad.
Delegados departamentales de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) interpusieron este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía de Puerto Ordaz por la suspensión salarial y jubilación forzada de cuatro trabajadores de la estatal que lideraron protestas por reivindicaciones salariales el año pasado.
Reportan que en el último año al menos 70 trabajadores de la estatal han sido jubilados de forma forzada, la mayoría, integrantes de organizaciones sindicales que han denunciado mala administración de la compañía, caída de producción, menoscabo de derechos laborales y han desmentido supuestos informes oficiales sobre aumento de la producción de una empresa casi paralizada.
Los afectados dirigen su denuncia específicamente contra la directora del departamento Legal Laboral de Sidor, Noraly de la Rosa, la directora de Talento Humano, Soraida Pérez, y el gerente de Relaciones Laborales de Sidor, Magdiel Viamonte.
Edwin Sambrano, abogado especialista en derechos laborales recordó que según la ley, la jubilación debe ser voluntaria, a partir de los 60 años de edad y cuando el trabajador o trabajadora ya no sea capaz de cumplir sus funciones dentro de la empresa.
“Quieren exterminar al movimiento sindical”
“Esto es un despido encubierto bajo una jubilación forzada, y más que eso estamos convencidos de que quieren exterminar al movimiento sindical de Ciudad Guayana porque les estamos diciendo cómo destruyeron las empresas básicas, cómo destruyeron Venalum, Sidor, cómo la corrupción dentro de las empresas ha acabado con todo eso”, denunció Carlos Ramírez, delegado principal del comité de higiene y seguridad de la gerencia de acería de Sidor.
Ramírez -que ha trabajado 35 años en Sidor-, forma parte del grupo de cuatro trabajadores que fueron jubilados forzosamente sin notificación, el 15 de febrero del año pasado. En junio exigieron al ministro del Trabajo, José Ramón Rivero y al fiscal general del Ministerio Público, Tareck William Saab, ser reenganchados en sus puestos de trabajo.
Al no ser escuchados, acuden a la Fiscalía. Los trabajadores exigen:
Que se abra una investigación que determine la violación a los derechos humanos cometidas por las autoridades de la empresa.
Que se recaben elementos probatorios para establecer responsabilidades. Esto va acompañado con la solicitud de que se sancione a los responsables de estas violaciones.
Que se solicite la cuantificación del daño ocasionado a los trabajadores afectados a fin de lograr la indemnización prevista en el artículo 30 de la Constitución venezolana.
Que la denuncia de los trabajadores se asigne a un fiscal con competencia específica en los derechos humanos violentados.
La suspensión de salarios y jubilación forzada son medidas de retaliación política que con frecuencia implementan autoridades de las empresas básicas de Ciudad Guayana contra los trabajadores que denuncian el desmantelamiento de las industrias, caída en picada de la producción, malversación y demás irregularidades.
De hecho, el 10 de enero, Carlos Rosas, miembro de la oficialista Alianza Sindical y trabajador de Sidor con 33 años de servicio se encadenó a las afueras del portón I de la estatal en señal de protesta contra la jubilación forzada a la que fue sometido el 3 de enero de este año.
Rosas formó parte de un grupo de sidoristas de Alianza Sindical que en 2021 acampó por más de dos meses fuera de la empresa para exigir su reintegro a planta y denunciar irregularidades en la compañía. En una de esas manifestaciones -a menudo desoídas por el gobierno-, el trabajador sufrió un infarto.
Las sanciones de este tipo ocurren en todas las empresas de la CVG. Por ejemplo, en Venalum al menos 10 trabajadores se les suspendió el salario y se les jubiló, según reportaron los empleados.
Manuel Díaz, expresidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de CVG Venalum fue jubilado el año pasado. Asegura que fue meses después de que denunciara el desmontaje de 360 de 950 celdas de la empresa productora de aluminio, con la promesa gubernamental de instalar celdas V-350.
“Esto es una medida de retaliación política, por nosotros haber enfrentado y denunciado esa situación y denunciar al presidente de la empresa en la Fiscalía Superior por hechos de corrupción, y donde vemos que el fiscal superior no ha tomado decisiones y archivaron nuestra denuncia”, dijo Díaz.
Pensión -por mucho- insuficiente
A las afueras de la Fiscalía los trabajadores también calificaron como atropello el monto de la pensión que reciben -sin que conste en los listines de pago-, pues es insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, y tratamiento médico en un momento en el que la canasta alimentaria supera los 300 dólares.
En el caso de Sidor, los jubilados reciben 46 bolívares mensuales, equivalentes a nueve dólares. “Yo que soy hipertenso gasto hasta 76 bolívares en tratamiento, lo que recibimos no es suficiente”, denunció Ramírez.
En el caso de CVG Venalum, los jubilados reciben en promedio 23 bolívares cada quincena. “Eso es lo que me pagan que soy abogado especialista en derecho laboral con postgrado y 32 años de servicio”, expresó Manuel Díaz.
“Más que exterminar al movimiento sindical, están fregando a nuestras familias, nos están poniendo a pasar hambre. Nuestros compañeros se están muriendo en los hospitales por falta de medicinas, esa es lo que está sucediendo”, culminó Ramírez.
Laura Clisánchez | Correo del Caroní
