11-12-24.- Al celebrarse este 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct) han emitido una declaración conjunta en la que revisan la política antiobrera, antipopular y autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro.

A continuación, reproducimos el documento integralmente:

Al pueblo trabajador venezolano en el Día Mundial de los Derechos Humanos
La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), en ocasión del Día Mundial de los Derechos Humanos y al cumplirse mil días sin aumentarse el salario en Venezuela, se dirige a las y los trabajadores y al pueblo venezolano en general, para expresar los siguientes planteamientos y propuestas.

El 10 de diciembre fue establecido como el Día de los Derechos Humanos por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ser esa la fecha, en 1948, en que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero al evaluar el estado actual de los derechos humanos en el mundo, nos encontramos que las grandes potencias capitalistas y en general la ambición desmedida de los patronos y sus gobiernos, producen mayores injusticias y desigualdades, generan guerras y agresiones militares contra naciones enteras, en un verdadero plan de exterminio, como el que ejecuta el sionismo israelí contra el pueblo palestino y demás pueblos del medio oriente con apoyo de Estados Unidos y Europa, violando el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; a la vez que someten a grandes masas de trabajadores, a condiciones de pobreza y extrema precariedad laboral y social.

En el caso de Venezuela, la clase obrera y todo el pueblo trabajador enfrentamos una aguda crisis económica, social, política y moral, producida por las élites burguesas y sus politiqueros, los del bando del gobierno y los de la derecha opositora. La crisis se ha agudizado al extremo como consecuencia tanto de las ilegales sanciones imperialistas, como de las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro y su obsesión por mantenerse en el poder, aun sin contar con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, tal y como quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales.

En esas condiciones, el gobierno y la patronal privada avanzan en la destrucción del salario, mediante la inconstitucional bonificación salarial y la imposición de la figura ilegal del “ingreso mínimo integral”, con lo que llevan a la eliminación de las prestaciones sociales, las indemnizaciones por vacaciones, utilidades y aguinaldos, violentando descaradamente el artículo 91 de la Constitución y el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt). De esa manera llegamos hoy a cumplir 1.000 días sin aumento del salario mínimo nacional ni de las pensiones del seguro social, que ya están por debajo de los 3 dólares mensuales; a la vez, las convenciones colectivas de trabajo no se discuten sino que son desmejoradas, en aplicación del memorando-circular 2792 y del Instructivo de la Onapre. Todo lo anterior, ha producido una situación general de sobre-explotación y precarización extrema de la fuerza de trabajo venezolana, que empuja a una migración masiva de trabajadores y trabajadoras en búsqueda de condiciones dignas de vida y trabajo.

Pero además, la actual administración del Estado venezolano, totalmente al servicio de Fedecámaras y de grandes corporaciones extranjeras, fundamentalmente petroleras, ha adoptado una concepción autoritaria y antidemocrática del ejercicio del poder, suspendiendo las garantías constitucionales sin declararlo, desatando una sistemática criminalización y judicialización contra los que luchan por la plena vigencia de los derechos constitucionales, incluyendo los derechos laborales, humanos y políticos del pueblo venezolano.

El sindicalismo clasista expresado en la CUTV y el Fnlct no es indiferente ante las injustas y arbitrarias detenciones masivas de ciudadanos y ciudadanas, tan solo por pensar diferente y cuestionar a la cúpula gubernamental, o por haber sido testigos electorales o por ejercer el derecho a la protesta pacífica reclamando el respeto a la vigencia de la soberanía popular expresada en el sufragio, como lo mandata el artículo 5 de nuestra Carta Magna. Es inadmisible la criminalización de la participación en la actividad política nacional, así como la criminalización de la lucha sindical.

Valga el momento para exigir libertad plena para todos los privados de libertad por su activismo político, social o laboral y el reenganche para todos los trabajadores despedidos, incluso con renuncias forzosas, como represalias por su posición política o sindical. Particularmente, reiteramos la exigencia de libertad inmediata para el dirigente sindical sidorista Daniel Romero, quien junto al directivo sindical Leonardo Azócar, enfrenta un amañado juicio penal tan solo por haber asumido, ambos líderes sindicales, una legítima lucha obrera en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) a mediados del año pasado. Igualmente, exigimos se declare la absolución y libertad plena para el dirigente sindical Jean Mendoza, Secretario General del Sindicato que agrupa a las y los trabajadores de la empresa Masisa, acusado penalmente de “promoción e instigación al odio” por liderar una protesta obrera pacífica, reclamando a la patronal el respeto a la ley y la Constitución.

Hacemos un fraterno llamado en general a los trabajadores y trabajadoras y en particular a los dirigentes sindicales, delegados de prevención y líderes obreros, que no se doblegan ante la patronal privada o pública, a realizar todos los esfuerzos por unir nuestras luchas, avanzando hacia mayores niveles de organización por las bases, en los centros de trabajo y por ramas industriales o sectoriales, sin subordinarse ante ninguno de los dos bloques burgueses, ni el de la derecha opositora pro-norteamericana, ni el del gobierno antidemocrático, antiobrero y antisindical de Maduro.

Les proponemos a las organizaciones sindicales luchadoras y en general a nuestra clase trabajadora, emprender de forma unitaria, una sostenida y enérgica lucha por rescatar el salario, asumiendo diversas tácticas, incluyendo acciones judiciales con movilizaciones ante los tribunales del trabajo de cada Estado, para demandar el pago de los beneficios dejados de percibir por la ilegal imposición de los bonos sin carácter salarial violentando la definición de salario establecido en el artículo 104 de la Lottt. Desde la CUTV, el Fnlct y el Colectivo Clasista de Abogados Laboralistas “Pedro Ortega Díaz”, estamos prestos para apoyar tales iniciativas y otras que fortalezcan las necesarias luchas del movimiento obrero y sindical por la restitución de los derechos humanos laborales, violentamente vulnerados por el gobierno y los patronos.

¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!

Comité Ejecutivo de la CUTV

Coordinación General del Fnlct

Caracas, 10 de diciembre del 2024